ENTRESEMANA
¿Se atreverán?
Por Moisés Sánchez Limón
A contracorriente del proverbio “no hay mal que dure cien años ni pueblo que los aguante”, el de la corrupción en México se imagina con larga vida alimentada en una sui generis fuente del poder público y privado, parido sexenio y trienio por los partidos políticos y eternamente soportado por los mexicanos.
Quizá por ello los 16 diputados federales (uno del PRD, 8 del PT y 7 de Movimiento Ciudadano) que votaron en contra de la reforma constitucional en materia de transparencia, aprobada por una aplanadora de 424 votos de los siete partidos representados en la Cámara baja, por encima incluso de la abstención de cuatro legisladores de Movimiento Ciudadano, procedieron con cierta razón en sus fundamentos.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada emeceísta, se ha distinguido por su postura contraria a toda propuesta emanada del PRI, y por supuesto del Ejecutivo Federal y aún más del Pacto por México, pero más allá de los epítetos que aplicó a dicha reforma –que debe ser avalada por la mayoría de los congresos estatales--, tiene razón en uno de sus argumentos. A saber:
“Creemos que frente a la enorme corrupción que prevalece en el país, frente a la decadencia política que se profundiza, frente a la república de la hipocresía, el país esperaba una legislación más avanzada, más firme, más congruente con los postulados que aquí he escuchado en discursos, sobre todo cuando se conmemoran eventos históricos”.
En esa tesis fundamentaron igualmente su voto en contra los compañeros de bancada de Monreal, cuyo argumento, sin embargo, se queda en la inmediatez de la descalificación de una reforma de imperativa necesidad para el sistema político mexicano que cíclicamente aparenta sacudirse la fama de corrupto. Diputados y senadores admiten ser cabeza en el top ten nacional de esa mala fama que comparten con los cuerpos policiacos. Nada agradable ni para presumir a contrario sensu.
Por eso la importancia toral de esta reforma constitucional cuya nacencia data de apenas once años, cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vio la luz luego de un largo debate –prohijado en el Grupo Oaxaca--en torno de la necesidad de combatir a la opacidad gubernamental, de manera principal, en el manejo de los recursos públicos y de la información vedada a cualquier mortal.
El IFAI se ha convertido en la piedra en el zapato de servidores públicos que pensaron en la inmortalidad de la opacidad y, por ende, en la impunidad de sus desaciertos y corruptelas.
¿Será por ello que se alimentó desmesuradamente un diferendo entre el actual comisionado presidente del IFAI, Gerardo Laveaga, y quien aspiró a ese cargo, el también comisionado Ángel Trinidad Zaldívar?
Y es que el deporte de la descalificación en México no tiene origen casual, sí causal. Pero falló la estrategia y, mire usted, si Laveaga o Trinidad Zaldívar o cualquiera de los actuales cinco comisionados tiene nexos políticos, algo que no es raro en estos menesteres, el hecho es que la reforma les posibilita continuar en la encomienda por el tiempo que les reste y para el que fueron elegidos por el Senado.
Pero, más allá de estos etcéteras y si se habrá de elegir a otros dos comisionados porque el cuerpo colegiado se integrará por siete elementos, hay que otear rumbo a la Comisión Anticorrupción, que sería algo así como sucesoria de la Secretaría de la Función Pública que está en vías de extinción, cuyo antecedente se remonta al sexenio de la Renovación Moral de la Sociedad, encabezada por Miguel de la Madrid Hurtado, quien para el efecto creó a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Pero la corrupción siguió su paso firme y seguro en la administración pública.
Los peces gordos que se fueron a prisión tenía el sello del cobro de facturas políticas. Y Vicente Fox, que prometió combatir a las tepocatas y víboras prietas no metió a chirona ni siquiera a charales de pedigrí.
Por tanto, a esta reforma constitucional en materia de transparencia, que amplía hacia sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas y morales, organismos autónomos y cualquier autoridad y entidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la obligación de hacer pública toda información en su poder, le hace falta la Ley Anticorrupción y, por ende, el órgano ejecutor: la Comisión Anticorrupción.
La pregunta, empero, acorde con aquello de que no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo aguante, se orienta a si esta voluntad política reflejada en el Congreso de la Unión se reflejará en los hechos, es decir, ¿se atreverán a tocar a los poderosos sindicatos y partidos y órganos que reciben recursos públicos? O será que, como la Renovación Moral de la Sociedad, se quedará en buenos deseos y se procederá en la máxima del proverbio que reza: “Hágase la voluntad de Dios, en los bueyes de mi compadre”. Digo.
sanchezlimon@gmail.com
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