Por Staff de Redacción
CHILPANCINGO, Gro. (29/Marzo/2026).- La diputada
Obdulia Naranjo Cabrera presentó dos iniciativas en materia ambiental para
armonizar diversas leyes estatales, con el fin de consolidar la transición de
la antigua Procuraduría de Protección Ecológica hacia la Procuraduría de
Protección Ambiental del Estado de Guerrero (PROPAEG), fortaleciendo sus
facultades de inspección, vigilancia y sanción.
Asimismo, propuso reformar el marco jurídico para
erradicar los tiraderos a cielo abierto, mediante su definición legal, el
fortalecimiento de atribuciones para su clausura y la asignación de
responsabilidades a los municipios para su saneamiento, con el objetivo de
garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública.
La diputada explicó en tribuna que la primera
iniciativa contempla reformas a la Ley 878 de Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente; la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos;
la Ley 488 de Desarrollo Forestal Sustentable; la Ley 491 de Bienestar Animal
del Estado de Guerrero, y la Ley 845 de Cambio Climático, todas del estado, con
el propósito de actualizar el marco jurídico ambiental y brindar certeza legal
a las instituciones encargadas de la protección ecológica en Guerrero.
Con estas modificaciones se busca evitar vacíos
normativos derivados de la transición institucional y asegurar una actuación
más eficaz en la prevención, inspección y sanción de conductas que dañan el
entorno natural.
Respecto a la segunda iniciativa, propuso reformas
y adiciones a la Ley 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos
del Estado de Guerrero, así como al artículo 218 de la Ley 878 de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, a fin de erradicar los tiraderos
a cielo abierto mediante la definición precisa de este concepto.
Explicó que los tiraderos a cielo abierto
representan una de las principales problemáticas ambientales en Guerrero, al
generar contaminación del suelo, el agua y el aire, además de constituir un
riesgo directo para la salud de la población, especialmente de las comunidades
cercanas a estos sitios.
En este sentido, la propuesta establece la
obligación de los municipios de asumir un papel activo en la gestión integral
de residuos, implementando acciones de saneamiento, clausura y prevención, así
como promoviendo prácticas sostenibles que contribuyan a reducir el impacto
ambiental de los desechos sólidos.
Subrayó que ambas iniciativas buscan avanzar hacia
un modelo de desarrollo sustentable en Guerrero, en el que la protección del
medio ambiente y la salud pública sean ejes prioritarios, mediante un marco
legal sólido que permita una actuación coordinada entre autoridades y garantice
mejores condiciones de vida para la población.
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