>>La
privación de la libertad como procedimiento del proceso penal ha despertado
críticas ante el retraso o falta de sentencias
Por Staff de Redacción
CIUDAD DE MÉXICO (24/Agosto/2022).- El gobierno de México, encabezado
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, exhortó a que se mantenga la
prisión preventiva oficiosa como parte del proceso penal, ante el debate que se
planteó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a solicitud del
ministro, Luis María Aguilar, para eliminarla.
“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en
ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les
detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos
de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el
proceso penal”, indicó a través de un comunicado.
El exhorto difundido por la Presidencia de la República se da a conocer
mientras los ministros se alistan para discutir proyectos en torno al tema, en
los que se plantea eliminar la prisión preventiva oficiosa porque se le
considera contraria a los derechos humanos.
El gobierno de López Obrador argumenta que esta figura es legal porque está contemplada en la Constitución y se aplica a delitos particularmente lesivos para la sociedad, como el homicidio doloso, el feminicidio o la desaparición forzada.
Prisión preventiva: el arma que encarcela a pobres
e inocentes
En México cada día se encarcelan a 300 personas, lo que ha provocado ya el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años.
Pero este número no indica que se haya logrado abatir la impunidad o
frenado la violencia.
En realidad, quienes están en la cárcel son personas acusadas de
pequeños robos o de narcomenudeo, que fueron enviadas a prisión mientras
termina la investigación y se le enjuicia.
Los detenidos, además, son hombres y mujeres en una situación económica
vulnerable, que apenas cuentan con un abogado de oficio que lleva hasta 300
casos al mismo tiempo. Son, según datos del Inegi, fundamentalmente personas
que tienen estudios de secundaria o menos, que laboran en el comercio informal,
como chofer de taxi o en trabajo artesanal; y que debían trabajar toda la
semana, sin descanso, para mantenerse.
El aumento de la población penitenciaria se debe fundamentalmente a las
reformas que presentó en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador y que
fueron aprobadas por legisladores de todos los partidos.
La reforma al artículo 19 de la Constitución permitió el encarcelamiento
‘preventivo’ automático por una veintena de delitos, más del doble de los que
se permitían antes. Hoy la prisión preventiva oficiosa acepta encarcelar con
solo una denuncia por robo. El resultado: 130 mil detenidos en dos años en 21
estados que aceptaron hacer públicas sus estadísticas, de acuerdo a una
investigación realizada por Intersecta y Animal Político.
Estas 130 mil personas son inocentes ante la ley, pero la autoridad las
detuvo y ha usado la figura de prisión preventiva para mantenerlas en la cárcel
sin juicio y sin que se haya probado alguna acusación en su contra.
El pretexto para aprobar la prisión preventiva oficiosa era que se
combatiría la impunidad, pero hasta el momento nada ha cambiado. El 95% de los
delitos siguen impunes, como dicen los propios datos oficiales.
También se dijo que frenaría la violencia, pero la mayoría de los
detenidos están acusados de delitos menores. En la CDMX, por ejemplo, al 60% de
los imputados se les señala por supuestos robos o narcomenudeo.
El resultado de los dos primeros años del endurecimiento de la prisión
preventiva automática es que hay estados como Oaxaca o Ciudad de México con el
100% de las personas encarceladas en 2020 que ingresaron a la cárcel como
presuntas culpables, sin juicio, ni sentencia.
Las mujeres, por si fuera poco, han sido las más afectadas: el
encarcelamiento de mujeres ha crecido al doble del ritmo de lo que ocurre con
los hombres. Hoy ya es mayor la cifra de mujeres presas sin sentencia, que la
de aquellas que se probó que eran culpables y cuentan con una condena.
Meter a la cárcel antes de probar los delitos es una medida que debería
ser solo la excepción.
Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa hoy es la regla.
Con información de agencias.
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