►Ante fallidas
políticas de seguridad y la impunidad reinante, la entidad “seguirá siendo el
escenario de muchos de los peores horrores del país”, destacó The International
Crisis Group en su informe más reciente
Fuente: Agencias
CIUDAD DE
MÉXICO, 04/Mayo/2020.- En
medio de la epidemia de coronavirus que afecta a México, y que ya dejó 2 mil 271
muertes hasta este lunes, la difícil situación de violencia e inseguridad en el
país parece haber pasado a un segundo plano, pero es apenas un espejismo: la
república vio crecer el número de homicidios el mes pasado a pesar de la
emergencia sanitaria.
Y
es que un informe publicado esta semana sobre la situación actual de violencia
en el estado de Guerrero, en el sur del país y uno de los más pobres, aseguró
que la entidad representa “el mayor desafío para el presidente Andrés Manuel
López Obrador y su apuesta para reducir la violencia criminal sin usar la
fuerza militar”.
Esta
entidad demuestra que el presidente “se ha quedado corto en sus promesas” para
frenar la violencia, indicó The International Crisis Group. “Guerrero ilustra
cómo las nuevas políticas de López Obrador por sí solas resultan insuficientes
para mitigar conflictos violentos”, indicaron.
El
informe de la organización independiente, titulado “La guerra cotidiana:
Guerrero y los retos a la paz en México” fue realizado con docenas de
entrevistados, incluidas autoridades de todos los niveles, víctimas, desplazados
e incluso con narcotraficantes e integrantes de autodefensas, durante gran
parte de 2019.
De
acuerdo con el texto, ya son al menos 40 grupos los que luchan por imponer su
propia ley, incluidas las organizaciones criminales y también las autodefensas,
que nacieron como una resistencia a la violencia de los primeros y en varias
ocasiones acabaron convertidas en grupos parecidos a los que buscaron combatir.
Además,
indicaron que “las perspectivas inmediatas para reducir la violencia en
Guerrero son desalentadoras", sobre todo en este momento, cuando el país
atraviesa la epidemia de COVID-19. Pues las organizaciones usaron, usan y
usarán la contingencia de salud para intentar consolidar su poder, alertaron.
La
violencia de los últimos, años, que comenzó sobre todo tras el inicio de la
llamada “Guerra contra en narcotráfico” lanzada por el presidente Felipe
Calderón (2006-2012), ha sido incalculable: además de las víctimas de
homicidio, están los desaparecidos y los desplazados, por ejemplo.
Guerrero,
uno de los bastiones desde hace varias décadas para la producción de marihuana
y amapola, que se convierte en heroína, además es uno de los sitios que mejor
representa, de acuerdo con el informe, cómo el estado puede convertirse en
aliado del crimen organizado.
Asimismo,
se le suman la corrupción, el pago de sobornos y la intimidación constante de
funcionarios de todos los niveles. “Un habitante de una ciudad mediana que dijo
haber sido víctima de extorsión por parte de la policía local dijo que ‘la
pregunta no es si la policía es corrupta o no … sino quién [qué fuerza
policial] trabaja con quién [qué grupo criminal]’”, recoge el informe.
A
pesar de que López Obrador lanzó una promesa “audaz” de llevar la paz a México,
indicó el informe, con su intención de evitar el conflicto armado (a pesar de
la creación de la Guardia Nacional) y de un ambicioso proyecto de programas
sociales, “persisten graves dudas sobre si el gobierno les ha dado continuidad
a estas políticas y si, en cualquier caso, funcionarán”.
Sin
embargo, hasta ahora eso no ha pasado. A pesar del periodo oficial de
distanciamiento social para evitar la propagación de COVID-19 en México, el mes
de marzo terminó con el índice más alto de homicidios dolosos desde el inicio
del sexenio, en diciembre de 2018, con 2,585 víctimas.
Datos
proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), en la última semana d dicho mes se reportaron 646 asesinatos
y un incremento en saqueos. Además de que durante el primer trimestre de 2020
incrementó, a comparación del año pasado, un 3.6% la cifra de víctimas por
homicidio doloso.
El
último mes más violento había sido junio de 2019 con 2,543 casos en 30 días.
Además, fueron reportados 7,313 casos por delito de homicidio de enero a marzo
de 2020, de acuerdo al informe de Víctimas reportadas por delito de homicidio
de las Fiscalías estatales y dependencias federales.
“Hasta
la fecha, ni el gobierno estatal de Guerrero ni el gobierno federal han
presentado un plan concreto para proteger a los ciudadanos, frenar la colusión
estatal con intereses criminales y reducir la impunidad. En ausencia de tales
pasos, Guerrero seguirá siendo el escenario de muchos de los peores horrores
del país”, destacó The International Crisis Group en su informe.
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¿HAY SOLUCIÓN?
Para
que los niveles de violencia puedan comenzar a cambiar su tendencia, indicó la
organización, es un “requisito esencial” del gobierno es que “reconozca que las
estrategias nacionales, ya sean las reformas institucionales fallidas de sus
predecesores o el enfoque personalista y centralista de López Obrador, deben
adaptarse a las particularidades de los conflictos regionales”.
Las
intervenciones a corto plazo, destacaron, “deben estar enfocadas en salvar
vidas y aliviar las crisis humanitarias”. La presencia de la Guardia Nacional
debe tener un despliegue limitado “e incluso puramente defensivo” en los
lugares más problemáticos.
Otro
aspecto importante para la organización es que los grupos locales de víctimas y
aquellos que buscan personas desaparecidas deben recibir un mayor
reconocimiento estatal que se traduzca en recursos y sobre todo protección para
sus integrantes.
Para
el mediano plazo, “el gobierno debería centrarse en crear instituciones de
seguridad creíbles que estén libres de corrupción en general y colusión con
intereses privados, particularmente con grupos armados ilegales”.
Un
factor importante a considerar será el impulso al desarrollo económico legal
“para permitir que pequeños agricultores y otros abandonen los negocios
ilícitos y escapen de la órbita de los grupos criminales debería ser otra
prioridad”, así como el impulso del sector minero con mecanismos independientes
de supervisión y rendición de cuentas.
“La
pendiente legalización de la marihuana ofrece una de esas oportunidades, pero
sólo si se diseña a favor de los trabajadores rurales locales en lugar de
grandes intereses comerciales”, señalaron. Por ahora, la legislación se
encuentra varada en el Congreso mexicano, a la espera de consensos entre
partidos y pausada por la epidemia de coronavirus.
UN PROYECTO DE
AMNISTÍA
El
International Crisis Group también indicó que el gobierno mexicano debe
“fomentar procesos locales de mediación entre actores armados no estatales en
conflicto”. “Lo mismo puede decirse de la justicia transicional y medidas de
amnistía, que el gobierno federal debería reconsiderar apoyar como un medio
para romper el ciclo del conflicto”, añadieron.
Pues
para la organización, existe una oportunidad inusual para poner en práctica
estas acciones con los productores de amapola, “que han resultado duramente
afectados por la caída del mercado de la heroína y están buscando caminos hacia
la legalidad”.
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