►La evasión avivó el
debate en torno al sistema judicial, cuyos detractores aseguran está siendo
manipulado por los delincuentes en su favor
Fuente:
Agencias
CIUDAD
DE MÉXICO, 31 de enero de 2020.- Un importante operador financiero del cártel
de Sinaloa y otros dos presos que iban a ser extraditados a Estados Unidos
escaparon de un penal en la Ciudad de México en una camioneta de transporte
carcelario, dijeron el jueves las autoridades.
Esta
evasión avivó el debate en torno al sistema judicial, cuyos detractores
aseguran está siendo manipulado por los delincuentes en su favor. Las cámaras
de video muestran que la fuga del miércoles ocurrió a las 5:50 de la madrugada
y que no se avisó a los supervisores sino hasta las 8 de la mañana.
Las
autoridades en la capital de México dicen que las cárceles de la ciudad no son
aptas para retener a presos importantes, y que los jueces le están permitiendo
a los reclusos manipular el sistema para que los transfieran o permanezcan en
penales de baja seguridad.
La
secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, dijo que,
al terminar el segundo turno en la prisión, cuando debe hacerse el pase de
lista de reclusos a las 7:45 de la mañana, se informó que no faltaba nadie. La
alarma fue activada hasta que llegaron los guardias del turno siguiente, a las
8 de la mañana.
En
la investigación preliminar se plantea que ocho empleados carcelarios
permitieron la evasión al no respetar los procedimientos, dijo Ulises Lara,
portavoz de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Icela
Rodríguez dijo que les fueron solicitadas las renuncias al director y al jefe
de seguridad de la prisión, el Reclusorio Sur.
De
los tres evadidos, el más importante era Víctor Manuel Félix Beltrán, quien fue
señalado en 2015 por el Tesoro de Estados Unidos de acuerdo con la Ley de
Designación de Narcotraficantes Extranjeros. Se afirmaba que Félix Beltrán era
un “traficante de alto rango del cártel de Sinaloa, que opera desde Culiacán y
Guadalajara”. Se indicaba que es hijo del narcotraficante Víctor Félix Félix,
quien transportaba cocaína y lavaba dinero para Joaquín “El Chapo” Guzmán,
líder del cártel que se encuentra encarcelado en Estados Unidos.
La
Fiscalía General de Justicia de la capital indicó que los otros dos reos que se
fugaron son Luis Fernando Meza González y Yael Osuna Navarro.
Icela
Rodríguez dijo que las cerraduras de las celdas de los reclusos estaban
abiertas y que cortaron un barrote para descender a una zona común. Con una
cizalla manual, los reclusos abrieron un hueco en una malla en lo alto de un
muro y descendieron a un patio del reclusorio que permite la salida al
exterior. Después escalaron otro muro con una escalera, cortaron la alambrada
que había en la parte superior y subieron a una camioneta al otro lado. El
vehículo todavía se encontraba dentro del perímetro de seguridad de la cárcel y
cuando pasó por un puesto de control no fue revisado, en violación a los
procedimientos.
Los
guardias que conducían la camioneta tenían órdenes de trasladar a otro recluso
a un hospital y las cámaras de vigilancia muestran al vehículo dirigiéndose a
la clínica. Sin embargo, no captaron el momento en la que los reos bajaron de
la camioneta, según la funcionaria.
La
fuga volvió a atraer la atención a las maniobras legales que los presos
utilizan para estar en la penitenciaría de su preferencia.
Félix
Beltrán ingresó al Reclusorio Sur de la Ciudad de México el 28 de octubre de
2017, y seis días después fue transferido a la prisión de máxima seguridad del
Altiplano en el estado de México. Dos años antes, “El Chapo” había escapado de
esa cárcel a través de un túnel.
Sin
embargo, el 9 de noviembre de 2018, un juez federal ordenó que Félix Beltrán
fuera regresado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, dijo Icela Rodríguez.
El
jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el problema de los
reclusos que impiden legalmente sus traslados.
“Hay
cientos de amparos en este sentido, no quieren que les muevan de las cárceles
porque allí dominan dentro o tienen comunicación fuera”, afirmó, y señaló que
el sistema judicial ya está examinando el asunto.
En
México se desarrolla un encendido debate sobre si son necesarios cambios a las
reformas legales que aumentan las protecciones a los detenidos.
Los
fiscales en México se han quejado de que el sistema es demasiado indulgente, y
filtraron copias de las reformas propuestas que incluyen restricciones menos
estrictas con evidencias cuestionables.
Sin
embargo, las reformas judiciales también han permitido a los presos oponerse
mediante amparos a que los trasladen a otras prisiones, y en los últimos años
las autoridades atribuyen a esas apelaciones —y a jueces que los conceden— las
fugas de prisión y las riñas en penales que se han cobrado numerosos muertos.
Peligrosos jefes de grupos delictivos han conseguido con amparos que los
regresen a penales de seguridad media que no tienen un estricto control sobre
ellos.
Este
fue el caso de unos desórdenes en 2016 en los que 49 reclusos murieron en un
penal en el estado de Nuevo León, en el norte del país.
El
gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dijo que las reformas judiciales han
aumentado la capacidad de los presos para ampararse contra órdenes de traslado
a penales más distantes de sus localidades. Los desórdenes de 2016
supuestamente fueron provocados por Juan Pedro Zaldívar Farías, miembro del
tristemente famoso cártel narcotraficante de Los Zetas, que logró impedir con
un amparo su traslado al penal de Topo Chico, y de igual forma el jefe de un
grupo delictivo rival en la misma prisión también se opuso a su envío a otra
cárcel.
Básicamente
los conflictos en los penales obedecen a esta situación, declaró Rodríguez.
López
Obrador y otros funcionarios también han censurado la corrupción en el poder
judicial que, junto a leyes indulgentes y fiscales mal preparados, han
contribuido a la liberación de detenidos o les han permitido el traslado a
prisiones de menos seguridad.
El
miércoles, el Consejo de la Judicatura Federal, que vigila al poder judicial,
anunció que un juez fue suspendido seis meses mientras se investigan las
denuncias en su contra por conducta indebida.
El
consejo dijo que el juez está acusado de emplear a miembros de su familia en su
juzgado, acosar sexualmente a empleadas, amenazar de muerte a una persona que
se negó a renunciar, y utilizar a empleados para lavar dinero y para que le
efectúen labores personales de cocina, limpieza y manejo.
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