ESTRICTAMENTE
PERSONAL
❍ Otro durito de Trump para México o
El presidente electo Donald Trump sigue
enviando señales ominosas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Ahora,
con la próxima designación del general retirado del Cuerpo de Infantes de
Marina, John Kelly, como su secretario de Seguridad Territorial, responsable de
la vigilancia de las fronteras de Estados Unidos. No es por su calidad de quien
estará a cargo de construir el muro entre los dos países por lo que Kelly es
relevante y una mala noticia para el gobierno, sino por su pasado, un militar
de línea dura, que piensa que la migración es un riesgo para la seguridad
nacional de ese país, y que ha criticado al Ejército Mexicano por su
involucramiento, directo o indirecto, en la matanza de Tlatlaya y la
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
El general Kelly fue hasta febrero de este año
comandante general del Comando del Sur, que provee seguridad militar América
Latina y el Caribe. Bajo su comandancia, el Pentágono autorizó en mayo de 2015
la desclasificación de un informe del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del
Comando de octubre de 2014, en colaboración con el Comando de Defensa
Aeroespacial Norteamericano, conocido por su acrónimo Norad. Aunque sumamente
expurgado –con información que aún se considera secreta y demasiado sensitiva
para ser divulgada, porque revelaría fuentes y métodos de recolección de
inteligencia-, sus dos párrafos limpios dicen:
“1) Tlatlaya (involucramiento militar en el
estado de Guerrero): ODC -las siglas para la Oficina de Cooperación de la
Defensa- reporta 4 individuos en custodia civil (3 soldados por acusaciones de
asesinatos/1Teniente Coronel acusado de encubrimiento) y soldados adicionales
en custodia militar (violaciones al Código de Justicia Militar). Nuevas
evidencias indican que ese personal estuvo involucrado en el asesinato
extrajudicial de 8 miembros de un cártel, después de dos enfrentamientos con
múltiples víctimas civiles. SEDENA está investigando el comandante (un general
brigadier) de la zona militar que supervisa al Batallón 102 de Infantería. Si
resultan implicados en una violación de derechos humanos, toda la zona militar
y 10 mil elementos, serán inelegibles para la cooperación de asistencia de
seguridad de Estados Unidos… ODC evalúa que en tanto más evidencia emerge, hay
una mayor aceptación que el Ejército estuvo involucrado en irregularidades”.
“2) Iguala (México/involucramiento de la
policía): ODC reporta que continúan desaparecidos 43 estudiantes después de ser
secuestrados por miembros de un cártel en complicidad con la policía municipal.
Ha habido aproximadamente 50 capturas de policías y funcionarios de gobierno,
pero el paradero de los estudiantes sigue siendo desconocido. 9 fosas
clandestinas han sido halladas en las afueras de Iguala, por un total de 10 (no
todos los cuerpos se han contado aún). Ninguno de los 28 cuerpos identificados
hasta ahora, pertenecen a los estudiantes, con lo que se elevan preguntas
alarmantes sobre la naturaleza extendida de la violencia en la región y el
nivel de complicidad gubernamental”.
Esos informes forman parte de una serie de
documentos en el Pentágono y el Departamento de Estado durante el gobierno del
presidente Barack Obama, que ayudaron a formar conclusiones reflejadas en los
reportes anuales que da la cancillería estadounidense al Congreso, donde el
volumen de páginas de violaciones a los derechos humanos en México se elevó
hasta en 600%.
Otro de los documentos desclasificados fue el
reporte semanal del OCD, que era el militar estadounidense que sirve de enlace
con el Ejército para el tema de la asistencia, de la primera semana de octubre
de 2014, donde señala sobre Tlatlaya que siguen recibiendo muchas preguntas
sobre la presunta violación de los derechos humanos por parte de soldados, y se
congratula que, como le informaron en la Secretaría de la Defensa Nacional,
casos como ese “se estaban llevando fuera del sistema de justicia militar y
transferido a las autoridades civiles”. Estas son “buenas noticias”, calificó
el ODC.
El paquete de documentos secretos que
autorizaron los jefes militares de la región que fueran desclasificados,
también refleja las contradicciones del presidente Peña Nieto en el manejo de
actos de violencia y violaciones a derechos humanos en donde se encuentran
involucrados militares.Un memorando de información sobre Tlatlaya, estableció
que “el presidente Peña Nieto recibió muchas críticas de la comunidad militar
por darle la espalda a los soldados acusados ‘que sólo hicieron su trabajo’, y
de la comunidad de derechos humanos por no actuar con la velocidad apropiada
para investigar el incidente”. En el mismo documento, el ODC reveló que de
mientras duraba la investigación, el Departamento de Estado ya había suspendido
la asistencia militar al Batallón 102 de Infantería, que estuvo involucrado en
la matanza de Tlatlaya.
La documentación desclasificada sobre
violaciones a derechos humanos por parte del Ejército Mexicano, forma parte del
carácter del general Kelly. En un
testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado en marzo de 2015, el
todavía entonces jefe del Comando del Sur resaltó que cada entrevista con un
presidente, un ministro o un jefe de Fuerzas Armadas en México y América
Latina, siempre “empieza y termina con una discusión directa sobre derechos
humanos”. De manera clara lo sintió el Ejército Mexicano, pero no se limitaba
sólo a la Defensa. Aquél testimonio en el Capitolio, que habla de muchas más
debilidades y fallas del gobierno de Peña Nieto, fue lo que lo llevó a ser
nombrado por Trump secretario de Seguridad Territorial. De esto, se hablará en
un próximo texto.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter:
@rivapa
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opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.]
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