BAJO
FUEGO
❍ Las andanzas del fiscal
[Por José Antonio Rivera Rosales]
Su conducta y palabras tan chabacanas
serían de risa loca si no encerraran una realidad dramática para miles de
familias guerrerenses que sufren un grave déficit de justicia, especialmente en
materia de justicia penal.
Xavier Olea Peláez, el fiscal general
de Guerrero, parece haber cometido un exabrupto que generó incomodidad y enojo
en las Fuerzas Armadas en particular, que de manera inusitada marcaron
distancia de las “desafortunadas declaraciones” de este servidor público, cuyas
afirmaciones fueron vistas como políticamente incorrectas por el gabinete de
seguridad nacional.
Con todo, en su esencia esas
afirmaciones contienen una cierta dosis de verdad, en especial cuando Olea
definió la conducta que caracteriza a las instituciones de procuración de
justicia: de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que aloja a
“ratotas”, mientras que a la Fiscalía General del Estado (FGE), que él mismo
encabeza, la determinó como una “cueva de Alí Babá”.
A los militares les dijo que sólo se
dedican a patrullar la Costera Miguel Alemán, donde “no pasa nada” y los instó
a subirse a las colonias situadas arriba de la avenida Cuauhtémoc, para bajar a
los bandidos que en ellas pululan.
Naturalmente que esas caracterizaciones
causaron un murmullo y algunas risas entre los acasocios, ante los que disertó
la semana pasada, pero generó enojo entre los mandos de las Fuerzas Armadas. Y
con justa razón.
No sólo eso: Olea Peláez descalificó el
Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) que entrará en vigencia a partir del
próximo mes de junio, del cual dijo que ya demostró su fracaso en otros países
como Argentina y Chile.
En primera instancia los comentarios
provocaron un deslinde obligado de su jefe político (aunque la Fiscalía
disfruta de una relativa autonomía, sigue encuadrada como una institución del
estado), el gobernador Héctor Astudillo, quien fue el primero que se desmarcó
de esas declaraciones disruptivas.
Mediante un cuidadoso comunicado, el
mandatario estatal ofreció su respaldo a las Fuerzas Armadas y ponderó
positivamente el Nuevo Sistema de Justicia Penal basado en los juicios orales,
en los que el gobierno de la República trabaja desde 2008 en que se decidió
instaurar en México este nuevo modelo de justicia.
Pero el meollo del asunto no es la
conducta dicharachera del fiscal, sino el trasfondo subyacente que, en los
hechos, es el verdadero problema: la corrupción.
Como bien dice el fiscal, efectivamente
contamos con un sistema de seguridad y justicia -prevención de la violencia,
persecución del delito e impartición de justicia- bastante deficitario tanto en
su rendimiento como en sus modalidades o expresiones, que con frecuencia son
neutralizadas por una corrupción galopante.
Ya antes el mismo servidor público
había advertido que la Fiscalía, como institución, estaba colapsada, pero al
parecer pocos entendieron el sentido de su advertencia. Se trata de que la FGE
es una instancia simplemente rebasada por la delincuencia -especialmente por
los delitos de alto impacto-, tanto en el combate físico contra el crimen como
en sus procedimientos jurídicos para llevar a los imputados ante la justicia.
Con menos de dos mil agentes
ministeriales, la Fiscalía está imposibilitada para perseguir a la delincuencia
y, para agravar las cosas, una porción indeterminada de su personal está
cooptada por el crimen organizado. Vistas así las cosas, la FGE es parte del
problema, no parte de la solución.
¿Qué es lo que habrá que hacer para
sacar a la Fiscalía de su marasmo? Aquí algunas sugerencias:
• Dotar
a la FGE de autonomía presupuestal. Es un primer paso obligado del gobierno que
encabeza Héctor Astudillo. Asignar a la Fiscalía un presupuesto amplio y
suficiente permitiría a esa institución sentar bases científicas y operativas
para su desarrollo en beneficio de la población.
• Contratar
una nueva generación de agentes ministeriales, con preparación profesional y
nuevos enfoques de trabajo, que permita ampliar el Estado de Fuerza por lo
menos a unos 5 mil agentes operativos. Es decir, algo parecido a lo que está
haciendo en la Secretaría de Seguridad Pública el general Pedro Almazán
Cervantes, quien está enfocado en construir una fuerzas de 15 mil hombres que
le permitan al estado combatir la violencia con una relativa suficiencia.
• Construir
una fuerza de despliegue rápido, que permita a la FGE responder con rapidez y
eficiencia a los constantes episodios de violencia armada que se suceden en
zonas alejadas.
• Terminar
de construir un verdadero servicio de inteligencia (ya hay un responsable en el
tema) para sistematizar la información policial en un contexto que permita
resultados expeditos y sólidos para fortalecer el sistema de justicia
guerrerense.
• Construir
un sistema de transparencia y rendición de cuentas al interior de la Fiscalía,
con el fin de supervisar el uso de los recursos, las operaciones de persecución
del delito y sancionar los desvíos.
Pasado el episodio anecdótico generado
por el fiscal, habrá que reflexionar seriamente sobre el tema para generar
mejores condiciones de combate a la violencia, en coordinación con las Fuerzas
Federales, en bien de la ciudadanía. Esperemos que las corporaciones de
seguridad enfilen sus baterías en esa dirección.
[Usted acaba de leer un artículo de
opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.]
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