CIUDAD DE MÉXICO ► Uno de los
pilares del gran consenso alcanzado por el Gobierno de Peña Nieto al
comienzo de su legislatura fue el combate contra la corrupción. El llamado Pacto
por México recogía el compromiso de revisar a fondo los sistemas de
supervisión y rendición de cuentas públicas en un intento de atajar uno de los
males endémicos del país. Más de dos años después, y en medio de las recientes
polémicas por supuestos conflictos de interés que apuntan al presidente y a su
grupo cercano, el paquete de reformas contra la corrupción echó por fin a rodar
el pasado miércoles. Entre las medidas, que aún han de ser ratificadas en el
pleno del Congreso, destaca la creación de una Fiscalía anticorrupción, la
extensión de los plazos para perseguir los casos más graves y posibilidad de
que empresas y particulares pueden ser también sancionados.
La comisión parlamentaria encargada
respaldó con una amplia mayoría -24 votos a favor de PRI, PAN y PRD, por un
voto en contra y una abstención- una propuesta que incluye cambios en hasta en
14 artículos de la Constitución y todo un enjambre de normativa complementaria
que retrasará la puesta en marcha del nuevo sistema al menos hasta el próximo
año.
“Teniendo en cuenta las experiencias
internacionales, se trata de fortalecer unos mecanismos de pesos y contrapesos,
de estructura muy complejos en el que es necesario involucrar a varias
instituciones”, detalla Lourdes Morales, directora de Red de Rendición de
Cuentas, uno de los agentes sociales que participa en las negociaciones y que
agrupa más de una treinta de entidades públicas, empresariales y académicas.
Organismos de supervisión como la
Auditoría Superior de la Federación verán reforzadas sus competencias, al
entrar a fiscalizar también ahora recursos de los Estados como la recaudación
de impuestos, las retribuciones de su personal y los contratos con terceras
empresas. Una nueva instancia judicial, el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (TFJA), tendrá la potestad de sancionar tanto a funcionarios
públicos –que podrán ser perseguidos durante un plazo máximo de siete años–
como a empresas privadas y particulares. El texto aprobado establece que podrá
intervenir, suspender actividades y hasta disolver empresas involucradas en
casos de corrupción. En el caso de los particulares también establece sanciones
como la inhabilitación para participar subvenciones o programas de ayuda
pública.
“Esta es una medida acertada porque
clarifica esa frontera porosa que existe en México entre el empresariado y la clase
política en la manera de hacer negocios”, apunta Morales. Tanto Enrique Peña
Nieto como su esposa, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, se han visto recientemente salpicados por las polémicas compras
de inmuebles a empresarios que a su vez fueron beneficiados con contratos
millonarios de la Administración. En el caso de Rivera y de Videgaray, ambos
adquirieron en 2012 viviendas a firmas controladas por Juan Armando Hinojosa
Cantú, dueño del poderoso Grupo Higa y con estrechas relaciones personales con
el presidente y su entorno.
En un intento de sofocar la presión
pública provocada por estos supuestos conflictos de interés, el presiente tomó
la decisión de nombrar a principios de febrero un nuevo titular al frente
de la Secretaría de Función Pública, que estuvo acéfala durante 25 meses,
encargado de investigar los casos. Un nombramiento que también fue ratificado
mediante el acuerdo alcanzado el miércoles.
Nace además otro órgano nuevo con
vocación de independencia. La Fiscalía Anticorrupción, encuadrada orgánicamente
dentro del TFJA, funcionará como una pata más del poder judicial en una
clara tentativa de poner distancia entre el Gobierno y las investigaciones por
corrupción, que hasta ahora recaían en la Procuraduría General de la República
(PGR). “El objetivo es garantizar que el personal de la nueva fiscalía tenga la
suficiente especialización, autonomía presupuestaria y política. Habrá que
esperar a la evolución de las normativas de desarrollo. Es un paso adelante,
pero la batalla contra la corrupción aún no está ganada”, cierra Morales.
Por
Sonio Corona | El País
Febrero/27/2015
www.libertadguerrero.net
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