ENTRESEMANA
• Vacuna
anticorrupción
[ Por Moisés Sánchez Limón ]
Localizar la fórmula de la vacuna
anticorrupción, en México, ha sido como buscar la fuente de la juventud: hazaña
imposible y de carácter mitológico.
De acuerdo con el coordinador de la
diputación federal del PAN, Ricardo Anaya Cortés, en México “está claro que
hemos tocado fondo en materia de corrupción”. Y pone como ejemplo los mil 300
casos de promoción de responsabilidad que, la semana pasada, presentó el
auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, como ejemplo de
que la corrupción no detiene su galope en el sector público y que en ancas
lleva al sector privado.
Sin embargo, ese fondo que alude Anaya, se
tocó desde hace rato hasta convertirse en un piso subterráneo, apenas acorde
con los acuerdos que se toman en los sótanos de los tres niveles de gobierno y
la iniciativa privada, en asuntos de suyo recurrentes como las licitaciones que
suelen disfrazarse con supuestos participantes en concursos arreglados.
¿Tocó fondo el país, mejor dicho el gobierno
y sus socios, en materia de corrupción? Desde antes de los cañonazos de 50 mil
pesos invocados por Álvaro Obregón como medida para corromper en aquel México
posrevolucionario y hasta el diezmo acuñado en moneda de cambio para lograr
favores en contratos con el gobierno de los tres niveles --aunque hay
funcionarios públicos que prefieren asociarse con las empresas proveedoras--,
ha sido evidente que la corrupción en el país no tiene fondo.
Sin duda lo que tocó fondo fue la fibra de la
impunidad y la ausencia de temor a una ley que, recurrente y sexenalmente,
gobernantes y legisladores han pretendido reformar para sancionar ejemplarmente
a los delincuentes de cuello blanco, en la punta de la pirámide que se asienta
en los funcionarios de medio pelo, sin soslayar a los cuerpos policiacos y los
responsables de prevenir, procurar e impartir justicia.
Por ello, tiene razón el joven legislador
Ricardo Anaya, “es urgente que dejen de ser los empleados de los alcaldes, de
los gobernadores y del Presidente de la República quienes resuelvan estas
acusaciones”, en alusión a las irregularidades detectadas por la Auditoría
Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública de 2013, es
decir, el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
En efecto, es incongruente que el gobierno
sea juez y parte, como ocurre con esa solicitud que el presidente Enrique Peña
Nieto hizo al flamante resucitador de la Secretaría de la Función Pública,
Virgilio Andrade Martínez, para que investigue y deslinde si hubo o no tráfico
de influencias o conflicto de intereses con la adquisición de la llamada Casa
Blanca y la residencia en Ixtapan de la Sal, y de paso el inmueble que adquirió
el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en Malinalco.
¿Alguien creerá las conclusiones que entregue
el maestro Virgilio Andrade que exculparán de la comisión de delito alguno a
Peña Nieto y Viegaray? Porque, sin duda alguna, ése será el parte que rinda el
secretario de la Función Pública.
Y justamente en ese tipo de mecanismos, de
tribunales ad hoc, estriba el rechazo de los diputados federales del PAN a
negociar la propuesta que presentara la bancada priista en la Cámara baja,
porque el Tribunal que se ha planteado en el seno del Sistema Nacional
Anticorrupción, carecía de la independencia requerida, es decir, sin la
intervención de Presidente de la República como cabeza de una especie de
Consejo de notables con funciones sancionadoras.
“Debe ser un Tribunal Autónomo que entre al
fondo de esos asuntos, que se castigue a quienes cometen actos de corrupción”,
refirió el diputado Anaya Cortés el jueves de la semana pasada y sostuvo que,
para el PAN en la Cámara baja, no hay negociación alguna en lo fundamental.
La solución de fondo, conforme con el
planteamiento de Ricardo Anaya y suscrito por toda la bancada que coordina en
el Palacio Legislativo de San Lázaro, “está clara: aprobar el Sistema Nacional
Anticorrupción, que cualquier ciudadano pueda acudir a la Fiscalía a denunciar
un acto de corrupción, que la Fiscalía esté obligada a dar vista al Poder
Judicial de la Federación, que se castigue a los responsables, que los
corruptos vayan a la cárcel”.
Y esta semana deberá concretarse este Sistema
Nacional Anticorrupción. La fracción parlamentaria del PRI está decidida
impulsar la mejor negociación de fondo; los diputados del PAN y del PRD tienen
más coincidencias que disensos en esta materia.
¿Tiene el PAN la fórmula de la vacuna
anticorrupción? Entre este lunes y mañana martes 24 de febrero, sabremos si
existe o sigue con carácter mitológico.
“Vamos a aprobar un Sistema Nacional
Anticorrupción; debe ser un Sistema robusto, integral, que verdaderamente sirva
para el combate a la corrupción. No nos vamos a prestar a medidas cosméticas
que solamente simulen; nosotros (el PAN) vamos por combate a la corrupción, en
serio, a fondo”, advirtió Anaya en este preámbulo de la discusión legislativas.
El riesgo, para quien se oponga al dictamen
de la iniciativa que habrá de prosperar en comisiones, es que se le ubique en
la complicidad del manto de la impunidad que, por décadas, ha arropado a los
corruptos, estos delincuentes de cuello blanco que no pisan la prisión porque
robar al erario no es tan grave como robar un pan que lleva a prisión a
mexicanos pobres.
¿Veremos tras las rejas a verdaderos
tiburones ejemplares de la corrupción en México? Algunos gobernantes, como
Ángel Heladio Aguirre Rivero, serían buenos peces gordototototes que estrenaran
la reforma constitucional que dará a luz ese nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción. Ya veremos. Digo.
LUNES. Y ya que aludimos a las reformas
constitucionales, la concerniente en materia de telecomunicaciones –aprobada
hace casi un año--ha mejorado la vida de muchos mexicanos que ahora tienen
acceso a Internet. El derecho de acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación y el derecho de incorporarse a la sociedad de la
información y el conocimiento es la esencia de esta reforma estructural
que, a la fecha ha permitido conectar 65 mil sitios públicos como escuelas,
hospitales y oficinas de gobierno.
En ese escenario, el secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que este año se
conectarán 100 mil sitios más y la meta, al concluir esta administración
es que haya 250 mil espacios públicos conectados en el país. La reforma en
telecomunicaciones tiene el objetivo de propiciar una mayor competencia, mejor
servicio tanto de comunicación como de internet, mayor cobertura de este servicio
tan necesario en el país y tan restringido hoy en día, precios accesibles para
los mexicanos y respeto a la manifestación de las ideas.
Por ello, la iniciativa se construyó tomando
en cuenta las recomendaciones de más de 30 aportaciones de concesionarios,
organismos empresariales, académicos y organismos internacionales, como es el
caso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la OCDE. Conste.
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