CIUDAD DE MÉXICO ► La Cámara
de Diputados aprobó en lo general, con 409 votos en favor, 24 en contra y tres
abstenciones, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
La propuesta avalada por el pleno
reforma 14 artículos de la carta magna y tiene la finalidad de combatir la
corrupción y reconstruir la confianza de la sociedad en las instituciones.
El debate en lo general se extendió por
casi cuatro horas durante las cuales legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM y de
Nueva Alianza defendieron el dictamen, mientras integrantes del PT, Movimiento
Ciudadano y Morena manifestaron su desacuerdo en todo momento.
Para la discusión en lo particular los
legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias presentaron 35
reservas a 18 artículos del decreto.
Los preceptos constitucionales que se
modifican son el 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y
122, que definen las principales tareas de la Secretaría de la Función Pública
(SFP) y de la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción.
También de los titulares de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos, y de los representantes del Consejo de la Judicatura Federal y del
Comité de Participación Ciudadana.
El texto aprobado por legisladores del
PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza señala que se otorgan mayores facultades a
la ASF ya que se elimina el principio de anualidad, es decir podrá auditar en
tiempo real fondos y fideicomisos, no sólo públicos sino también privados, que
manejen recursos federales.
También se permite que este organismo
fiscalice a los órganos autónomos y al mismo tiempo habrá informes de carácter
individual.
Con la reforma el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa sancionará tanto a particulares como a servidores
públicos que incurran en faltas administrativas graves.
Ahora se podrán imponer sanciones a los
particulares vinculados con actos de corrupción, mismas que consistirán en
inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución o intervención de
la empresa, y la obligación de reparar los daños al erario.
El decreto aprobado indica que la
modificación al Artículo 114 es para que la prescripción de las sanciones
administrativas no sea inferior a siete años.
Además a los servidores públicos que
incurran en enriquecimiento ilícito se les puede seguir el procedimiento civil
de extinción de dominio, el cual es independiente de la responsabilidad penal
del delito cometido.
El presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales, Julio César Moreno, hizo uso de la tribuna para fundamentar
el dictamen elaborado esta instancia.
Expuso que la reforma constitucional para
crear el Sistema Nacional Anticorrupción es una demanda reiterada de la
ciudadanía y diversos sectores sociales, económicos y políticos, porque “este
mal lo sufrimos todos”.
Se considera que la corrupción es un
fenómeno complejo y multicausal, por lo que su combate requiere una atención
integral donde deben priorizarse la prevención antes que las acciones
punitivas, explicó.
Indicó que este dictamen es producto de
la participación y coincidencia de los diversos grupos parlamentarios para
combatir la corrupción.
Insistió que el titular de la SFP será
designado por el Ejecutivo y deberá ser ratificado por el Senado.
No obstante, recordó que está pendiente
de que se integre la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del
2014, y llamó a la colegisladora a que designe al Fiscal Anticorrupción.
Destacó que al titular de la ASF se
otorgan mayores facultades, al eliminar el principio de anualidad, para que
pueda auditar en tiempo real el ejercicio de los recursos públicos, ya que
antes sólo podía hacerlo dos ejercicio anteriores.
También podrá auditar fondos y
fideicomisos públicos y privados que manejen recursos federales, además de
hacerlo con órganos autónomos como son el Instituto Nacional Electoral y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre otros.
Subrayó que al titular del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa también se le otorgan mayores facultades, al
poder sancionar a particulares y servidores públicos que incurran en faltas
administrativas graves.
Explicó que se integran al Sistema
Nacional Anticorrupción el titular del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública y los representantes del Consejo de la Judicatura Federal y
del Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco destacados
ciudadanos que hayan contribuido a la transparencia, rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
Agregó que se contribuye “a la
legalidad, la responsabilidad, para que la integridad de los servidores públicos
se convierta en lo fundamental del Estado, la administración y las políticas
públicas en el México del Siglo XXI”.
“Con este nuevo sistema de coordinación
cada institución tendrá sus facultades bien definidas y quien no las cumpla
estará expuesto ante su contraparte, pero ante todo los ciudadanos”, añadió.
“La corrupción, al igual que el cáncer,
se infiltra en las instituciones, se propaga y toma el control de las mismas”,
pero también si se detecta a tiempo “no infecta a las instituciones y les
devuelve la credibilidad hacia la ciudadanía al cumplir las funciones que le
fueron conferidas”, consideró.
Mencionó que la sociedad “está
lastimada, herida y cansada de la impunidad en la que está inmersa”.
La corrupción, prosiguió, da como
resultado instituciones débiles, infiltradas por este mal y aquellas encargadas
de investigar y sancionar actos de corrupción son incapaces de cumplir a
cabalidad el propósito por el cual fueron creadas.
A ello se suma una legislación laxa y
flexible además de sistemas y medidas de controles ineficientes e ineficaces,
anotó.
Fuente:
Notimex
Febrero/26/2015
www.libertadguerrero.net
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