ENTRESEMANA
Oprobio…
Por Moisés Sánchez Limón
En defensa de la senadora Luisa María de Guadalupe Cocoa Calderón Hinojosa dirán sus cuates, amigos y simpatizantes que no tiene la culpa de haber nacido hermana de Felipe Calderón.
Pero, no puede negar que disfrutó soberanamente de las mieles del poder presidencial de su hermano, tanto que éste gastó un dineral en apoyo de la fallida campaña que ella emprendió en 2011 en busca de la gubernatura de Michoacán, contienda en la que él fracasó en 1995.
Tal vez por eso trae cargo de conciencia por los daños colaterales provocados por la guerra que Felipe declaró al crimen organizado hace ya siete años, precisamente en Michoacán a cuyos habitantes prometió que les iba a ir muy, pero muy bien durante su administración. Huelga referir la opinión de los michoacanos respecto de esa oferta; aunque se la cobraron con los votos negados a Cocoa en 2011.
O, dígame usted, qué pretende la senadora Calderón Hinojosa con ese acto de contrición disfrazado de punto de acuerdo que presentó el miércoles pasado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y que prosperó en exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, “para que emplee los medios diplomáticos necesarios y contacte a las autoridades de Estados Unidos, a fin de agilizar las solicitudes de asilo político de Carlos Gutiérrez, ex empresario de Chihuahua, y demás personas que están en su misma situación”.
Tal vez si otro legislador hubiese promovido dicho punto de acuerdo, igual habría sido aprobado por el pleno de la Permanente, porque, como adujo el diputado emeceísta Ricardo Mejía Berdeja, “el derecho humano a la seguridad es un derecho universal, es un derecho que no tiene fronteras”.
Pero fue la senadora Cocoa y, al margen de la consanguineidad, se alzó como desfacedora de entuertos, es decir, para deshacer los perjuicios o agravios cometidos por su hermano con esa guerra que en Michoacán se ha focalizado con severidad, tanto que, de acuerdo con información aportada por ella, los llamados daños colaterales entrañan la existencia de más de cinco mil personas que han pedido carta para solicitar asilo político a Estados Unidos.
La solicitud de asilo político no es un trámite de semanas. No, puede llevar años. Bueno, el caso del ex empresario Carlos Gutiérrez, es un ejemplo de ello. En 2009 la delincuencia organizada le amputó los dos pies por no pagar una extorsión y como lección para quienes se negaran a pagar las cuotas demandadas por la delincuencia organizada.
Pese a las pruebas contundentes de la prioridad con que debía ser tratado su caso, las autoridades migratorias de Estados Unidos la han tramitado como de baja prioridad. Por ello, desde 2013 ha emprendido la campaña denominada “Pedaleando por la Justicia”.
Indudablemente hay elementos de peso para que Gutiérrez y miles de mexicanos desplazados por el crimen organizado pidan asilo político, o simplemente la protección del gobierno de Estados Unidos que el de México no puede otorgarles porque esta guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico se le complicó, en una especie de herencia maldita que debe enfrentar.
Senadores y diputados de todos los partidos apoyaron, por tanto, el punto de acuerdo propuesto por la senadora Cocoa Calderón Hinojosa, quien evidencia un singular gusto por andar en asuntos de los que luego se queja por sus efectos nada colaterales.
¡Qué pena! El Congreso mexicano ha debido pedir a un gobierno extranjero que reciba a miles de mexicanos que no tienen garantizada su seguridad en México. ¿Dónde están los recursos destinados para atender a los desplazados? ¿Quién es el responsable de atender estos perjuicios? Porque no se trata sólo de combatir. Toda guerra tiene fondos para heridos, muertos y desplazados. ¿No los hay en México?
Bien dijo el diputado federal priista Enrique Cárdenas del Avellano, cuando en tribuna reseñó la gravedad de esta guerra contra el crimen organizado y consideró que la petición de asilo es un derecho, pero está fundada y motivada por el horror.
Por tanto, acotó, “el grupo parlamentario del PRI no puede dejar de señalar que esta petición nos llena de oprobio, ya que muestra la incapacidad que, en su momento, tuvo el Estado para cumplir cavamente con su función primigenia: velar por la vida, la integridad y el patrimonio de los mexicanos”. ¿Y qué hará el gobierno de Peña Nieto para no generar más oprobio? Digo.
sanchezlimon@gmail.com
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