La administración de Alberto López Rosas aprobó un cambio de uso de suelo irregular para beneficiar a la compañía Inveraca que construyó viviendas en zona inundable
CIUDAD DE MÉXICO (www.libertadguerrero.net).- El Gobierno federal encontró permisos apócrifos en obras de la zona de Acapulco Diamante que resultaron inundadas por las lluvias de “Manuel” e “Ingrid”.
La documentación refiere a licencias de construcción inexistentes en el Archivo municipal, a manifestaciones de Impacto Ambiental que no obran en oficinas centrales de Semarnat y permisos de Conagua, informaron fuentes federales que participan en la investigación de las inundaciones del pasado septiembre.
Los permisos apócrifos permitieron la construcción irregular de fraccionamientos en zonas inundables o construcción de infraestructura hidráulica que no estaba contemplada en el Plan Director Urbano de Acapulco.
Uno de los casos de mayor gravedad es el Fraccionamiento Campestre Laguna, que fue autorizado en 2005 sin importar que se encontrara en una zona de alto riesgo y en un área de aprovechamiento agrícola.
Ese desarrollo está situado en la delta del Río La Sabana y una parte de sus viviendas invaden el vaso de ese cuerpo de agua.
A pesar de este escenario, el Fraccionamiento cuenta con una licencia de construcción del Ayuntamiento de Acapulco; permisos de extracción de agua, y dictamen de factibilidad del servicio de luz, entregado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En 2003, el Cabildo de Acapulco, que encabezaba el perredista Alberto López Rosas, aprobó un cambio de uso de suelo para beneficiar a la compañía Inveraca, propiedad de los hermanos Héctor Raúl y Ricardo García Oseguera, y se construyeran 640 viviendas en esta unidad.
No obstante, la licencia única de construcción que encontró el Gobierno federal en los archivos del Ayuntamiento de Acapulco presenta inconsistencias y sólo hace referencia a 336 casas.
Al paso del huracán Henriette, en 2007, el Fraccionamiento Campestre La Laguna se inundó y ninguna de las autoridades que avalaron la construcción tomó cartas en el asunto.
El Fovissste financió 203 de esas viviendas y en 2011 elaboró un dictamen donde reconocía que existió un fraude en contra de los derechohabientes.
Fuente: Reforma
Octubre/25/2013
www.libertadguerrero.net
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