Respeto a la Voluntad Popular
VOTO AJENO
Por Rodrigo Huerta Pegueros*
La controversia sobre la validez de la elección presidencial que ha
puesto sobre la mesa de debates el Movimiento Progresista que encabeza Andrés
Manuel López Obrador dará inicio (este jueves) una vez que los integrantes del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tengan en su poder
la documentación que le entreguen para corroborar si es válido o no declarar
como nula la votación emitida por los mexicanos el pasado primero de julio para
designar al que funja como presidente de la República a partir del primero de
Diciembre del año en curso hasta el día 30 de Noviembre del 2018.
Todo lo que hemos escuchado y leído a través de los medios masivos de
comunicación sobre la inconformidad que se tiene por parte de los
representantes de los partidos: de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo
(PT) y del Movimiento Ciudadano (MC), de que los comicios estuvieron plagados
de irregularidades graves y no graves, es en cierta forma apuntalada por el
Partido de Acción Nacional (PAN), quien también ha exigido que las autoridades
competentes realicen su trabajo de investigación y sanción y actúen en
consecuencia y a fondo.
Los procedimientos que aplican en esta controversia electoral han sido
escrupulosamente atendidos y por lo tanto ahora, como se dice coloquialmente,
la pelota está en la cancha del tribunal electoral federal, quien debe analizar
con toda transparencia e imparcialidad y dentro de lo que marca la ley, las
pruebas que se le entreguen y en base a ello decidir en consecuencia.
Hoy los mexicanos estamos, si no polarizados por el evento que tenemos
en marcha, sí incómodos por el hecho de que en este proceso electoral
democrático los participantes no han asumido una leal responsabilidad para
atenerse a la decisión popular mayoritaria expresada en las urnas.
No se debe desconocer que todos los partidos políticos, unos más y otros
menos, pero todo al igual, han incurrido en prácticas ilegales para allegarse
votantes y han tenido como cómplices no solo a los detentadores del poder
económico o de medios de comunicación sino también han obtenido amplias
participaciones de los que detentan el poder público en todos los niveles de
gobierno.
Por ello y desde un punto de vista ético, no se puede aceptar que se
acuse con parcialidad a un solo partido político como el que ha logrado corromper
la honestidad de millones de mexicanos para verse favorecidos. Se habla de que
solo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) logró la compra de
conciencias de poco más de 5 millones de sufragantes, número suficiente para
hacerse del triunfo.
La compra de votos en este país ha sido una constante desde hace muchas
décadas. Unas veces con mayor descaro y cinismo y otras con mayor sofisticación
hasta llegar a estos tiempos en que se ha cambiado el dinero constante y
sonante por la transacción con dinero electrónico o entrega de tarjetas para la
compra de comestibles. En esta nueva forma de comprar votos están involucradas
dos empresas financieras y comerciales de todos conocidas. Sin embargo, se ha
puntualizado por parte de los impugnadores y denunciantes de estos hechos, que
las empresas no son las directamente culpables de la compra de votos sino que
quienes son indiciados son los miembros del partido tricolor quienes postularon
como candidato presidencial a Enrique Peña Nieto.
No sabemos--por ello tenemos que espera—si las pruebas que presenten los
impugnadores de la elección presidencial de este 2012 son reales o suficientes
para demostrar un fraude electoral colosal o si serán desechadas por inconsistencia
alguna.
Lo que no se debería pasar por alto es que esta práctica de denunciar
fraudes monumentales sin comprobación alguna no tengan consecuencias jurídicas
y legales, pues de continuar así los
mexicanos nunca podremos construir una cultura democrática real ya que los
personajes principales estarán alejados de la verdadera vocación pluralista de
quienes votan en forma masiva y millonaria en cada justa electoral con estas
características.
La voluntad popular expresada en las urnas es la única válida para
otorgarse el triunfo o la derrota. No hay más. Ninguno de los que sufragaron el
pasado primero de Julio lo hizo acompañado de nadie. Solo él y su conciencia
estuvieron frente a la boleta electoral y solo él y su conciencia decidieron
cruzar su voto a favor de persona o logotipo estampada en las boletas. Ahí, en
la urna, el ciudadano con derecho a sufragar lo hizo sin ninguna presión y frente
a nadie más que a él mismo.
Esa es o ha sido la postura que han asumido los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y mientras no se demuestre lo
contrario, las elecciones—y no solo la presidencial—tienen su sustento de
validez y serán otras instancias (en este caso el Instituto Federal Electoral)
las que realicen la fiscalización en cuanto a los gastos de campaña e imponer
las sanciones económicas a que den lugar. No olvidemos que caso similar ocurrió
durante la elección del presidente Vicente Fox, a quien se le comprobó que a
través de los llamados Amigos de Fox
se triangularon recursos que se utilizaron indebidamente en la campaña y se le
aplicó un castigo ejemplar que ascendió a mil millones de pesos. Caswo similar
ocurrió con el PRI.
Si recordamos que esta praxis ilegal se llevó a cabo en el año 2000, no
entendemos los ciudadanos de a pié los porqués durante las subsiguientes
reformas políticas y de Estado no se hicieron los ajustes necesarios para que no
se permitiera de nuevo esta practica ilegal. Ni en la reforma política del año
2007-2008 los partidos políticos—todos—no tocaron el tema y no sabemos si fue por
conveniencia o por temor, pero el hecho es de que la compra de votos, la
coacción y el uso de los recursos públicos a favor de un candidato no son
causales para la invalidez de los comicios. ¡Patético!
Y ahora resulta que los mismos participantes que son los mismos partidos
políticos que reformaron y aprobaron la ley electoral en el 2007 se están
inconformando y rasgando las vestiduras porque se ha replicado una vez mas las
prácticas ilegales que en el pasado dejaron un mal sabor de boca para todos. Sin
embargo, no hicieron nada al respecto y ahora se quejan de esos hoyos negros que existen en
nuestro entramado legal electoral.
Lo malo en esta controversia es que sale una vez mas a flote las
prácticas ilegales en todos los partidos de la compra de votos. Lo bueno es que
después de esta experiencia replicada se tendrá que modificar la ley y llegar
al extremo de colocar como una causal de nulidad de la elección la compra de
votos pero plenamente comprobado y corroborado para no repetir el evento de
impugnación que estamos presenciando y que da al traste con el ejemplar ejercicio
democrático de los más de 50 millones de mexicanos que sufragaron libremente y
fuera de cualquier escenario de conflicto callejero, armado, de violencia o de
estado de sitio.
Existe por ahí una especie de reflexión popular de origen bíblico que
dice: NO
MIRES LA PAJA EN EL OJO
AJENO, SI NO LA VIGA EN EL TUYO PROPIO.
Esta reflexión la podemos traslapar a lo
que ahora sucede con la compra de votos por parte de los partidos políticos y
lo que ha dado como resultado un conflicto poselectoral de parte de un partido
que también ha incurrido en estas prácticas irregulares e ilegales.
Esperemos que el tribunal federal decida
y que los mexicanos seamos demócratas para no pretender que a través de la
presión o la violencia se cambie el sentido del voto popular expresado en las
urnas el pasado primero de Julio.
Periodista/Analista Político*
observar@gmail.com
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