CONSPIRACIONES
Nuevo escándalo en Póliza de Seguros
evidencia delitos de Salgado Leyva
Por Jorge
Romero Rendón
El
inminente cese del secretario de Finanzas estatal, Jorge Salgado Leyva no sólo
responde a los problemas que le ha creado al primer círculo del gobernador
Ángel Aguirre, sino a su desmedida ambición por obtener comisiones y negocios
personales a costa del presupuesto estatal… a espaldas de su jefe.
Un
ejemplo de esas maniobras está en un caso que ya le adelantamos desde el pasado
mes de mayo, pero que se ha confirmado de fuentes empresariales:
Sin
Licitación, ocultando las condiciones pactadas, y con una jugosa comisión
multimillonaria, Salgado Leyva contrató unilateralmente una Póliza de Seguro
contra Desastres Naturales a nombre del Gobierno del Estado de Guerrero, por
más de 100 millones de pesos con la empresa Banorte Generali Seguros, el mes de
agosto pasado.
De
acuerdo con la nueva Ley del Fondo Nacional contra Desastres Naturales
(FONDEN), todos los gobiernos estatales deben contratar ese tipo de seguros,
para cubrir su propia infraestructura local, ya que ese organismo solo se hace
cargo de responder a los daños sufridos por la infraestructura federal
–principalmente caminos, carreteras y puentes- si no cuentan con seguro propio.
El
FONDEN solo apoya a los estados que hayan sufrido algún tipo de desastres, como
sequías, inundaciones, sismos o huracanes –a los que es muy sensible nuestra
entidad- en términos de cooperación, es decir, siempre y cuando cada gobierno
estatal tenga una cobertura propia de al menos 200 a 300 millones de pesos
–avalada por un seguro contratado con empresas privadas de seguros o
reaseguros-. En caso contrario, cada entidad se rasca con sus propias uñas y el
FONDEN cubre solo lo que le toca.
En
ese marco, el gobierno de Guerrero debió haber comprado su Seguro contra
Desastres Naturales el pasado mes de mayo –que es cuando inicia la temporada
oficial de lluvias y huracanes-, pero por desavenencias de Salgado Leyva con la
gerencia de ABA Seguros de Monterrey, la operación se canceló, y hubo que
esperar –con todo y el riesgo de que hubiera sucedido algún imprevisto qué
lamentar sin seguro- tres meses más para que al fin el secretario de Finanzas
pudiera llegar a un acuerdo sobre su principal interés: la comisión.
Una
operación leonina…
De
esa forma, Seguros Banorte le vendió al gobierno de Ángel Aguirre una Póliza de
entre 9 y 12 millones de dólares –se desconoce aún el monto exacto, pues el
contrato no se ha divulgado ni se ha difundido en la página oficial de internet
del gobierno, es secreto de Estado-, que le dejó a Jorge Salgado una comisión
de entre 2 y 3 millones de pesos.
Hay
que decir que lograr esas comisiones personales tan altas se pacta de alguna de
tres maneras: o se le impone un sobreprecio a la Póliza, o se pacta la
disminución del tipo de riesgos o se incrementa el monto de los deducibles. En
cualquiera de esas tres opciones, la empresa le deposita la diferencia al
funcionario en la cuenta bancaria que se indique.
Y
precisamente para lograr esas condiciones leoninas para los intereses de la
población del estado, es que la negociación del contrato se hizo en secreto y
hoy la Póliza está guardada bajo siete llaves.
Pero
al hacerlo, Jorge Salgado Leyva cometió diversas irregularidades y delitos, por
lo que tiene responsabilidad administrativa y penal en tres aspectos
principales:
Primero, asignó el contrato por más de 100 millones de pesos de manera
directa, cuando la Ley dicta que para esos montos debe hacerse una Licitación
pública oficial, incluso de carácter internacional, pues es común que los
seguros vendidos en México también pasan al mercado internacional de
reaseguros, donde los adquieren empresas trasnacionales con base en Inglaterra
o Alemania.
Salgado operó a través de un agente o bróker de reaseguro de la empresa
GER, que a su vez se apoyó en otra denominada Interprotección, y de ahí a
Banorte. Lo que agrava las cosas, pues al no haber competencia, los costos son
más altos, sobre todo si se incluyen operaciones que aparten dinero para
comisiones. Además del tema del deducible alto, que si llega por ejemplo a los
5 millones de dólares, la responsabilidad de los gastos será del gobierno y no
de la empresa.
¿ Y
sabe usted para qué se hizo toda esa operación? Para poder disponer de los 100
millones de pesos que existían en un fideicomiso para contingencias formado con
aportaciones de 20 millones de pesos anuales que se hizo durante el pasado
gobierno de Zeferino Torreblanca. De hecho esos recursos estatales sirvieron
para atender la contingencia de las lluvias atípicas que afectaron a
Chilpancingo a principios del 2010. Entonces, si había dinero para siniestros
¿para qué comprar el seguro? Para sacar el dinero y obtener una millonaria
comisión por debajo de la mesa.
Segundo, el monto de la operación y su secrecía hacen suponer que se
elevó el monto de los deducibles y además no se incluyeron diversas coberturas,
tanto para disminuir el riesgo para la empresa como para asegurar la comisión
alta. Lo que supone un fraude, pues no se cumple con el objetivo del seguro ni
con la normatividad de la Ley del FONDEN.
Y
tercero, se pone a la población en riesgo, ya que al no haber cobertura por
daños a la infraestructura física estatal en diversos rubros, el gobierno
estatal tendrá que pagar de sus propios recursos cualquier daño, hasta por 3 o
5 millones de dólares, antes de que la empresa de verdad tenga qué cubrir algún
daño.
Que
exhiban la Póliza…
Todos
estos detalles pueden ser confirmados al divulgarse la Póliza adquirida por
Salgado, pues en ese documento pueden cotejarse el monto pagado, las cláusulas
sobre riesgos y responsabilidades para cada una de las partes, y obviamente las
prestaciones, como el monto de los deducibles y el tipo de siniestros que
cubre.
Hay
que decir que este tipo de fraudes han generado escándalos en otros estados,
como en Nuevo León, donde el exgobernador Natividad González Parás tuvo que
cancelar una póliza de 10 millones de dólares precisamente por las
inconsistencias que demostraron que su secretario de Finanzas cometió un fraude
que cuando menos lo llevó a renunciar al cargo.
Otro
caso lamentable es el de Tabasco, donde las inundaciones han obligado al
gobierno de Granier a desembolsar varios millones de dólares, mientras que la
empresa aseguradora no ha puesto ni un peso, pese a tener una supuesta
cobertura de hasta 20 millones de dólares –como la de Guerrero, supuestamente-.
Aquel gobernador mejor tuvo que cancelar el seguro, mientras que no se sabe a
dónde fueron a parar las comisiones que llevaron a un contrato leonino que solo
benefició a funcionarios, pero que le está costando carísimo al gobierno
estatal de puros recursos públicos.
De
manera que este tipo de operaciones convierten ya al secretario de Finanzas
estatal, Jorge Salgado Leyva en un lastre para el gobierno de Aguirre, que no
quiere ser identificado como promotor o cómplice de corruptelas que atentan
contra su imagen y contra los intereses de la población.
¿Será
este otro caso sin atender por parte del Llanero Solitito –porque siempre va
solo, soloooo en sus locuras-, el contralor general del Estado, Julio César
Hernández Martínez, que atiende la corrupción del pasado pero que se le van
TODAS las del gobierno con el que trabaja? ¿De qué nos sirve así un contralor
que es todo faramalla y nada fiscalizador de un gobierno que se autodenomina
“democrático”?
Correo electrónico: rendon59@gmail.com
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