Por Staff de Redacción
CHILPANCINGO, Gro. (25/Mayo/2026).- La diputada
Glafira Meraza Prudente presentó una iniciativa para fortalecer la estructura y
capacidad jurídica de las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes, a fin de garantizar que cuenten con presupuesto y
coordinación institucional inmediata para salvaguardar el interés superior de
la niñez en condiciones de vulnerabilidad.
La propuesta de reformas y adiciones, turnada a las
Comisiones Unidas de Asuntos Políticos y Gobernación, y de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, contempla la adición de los artículos 241-J, 241-K
y 241-L a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; así como
la reforma al artículo 123 y la adición de los artículos 123-A, 123-B y 123-C a
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Guerrero.
La diputada refiere que la protección de niñas,
niños y adolescentes constituye una obligación jurídica, ética y social del
Estado, debido a que un alto porcentaje de menores enfrentan contextos de
violencia familiar, abandono, omisión de cuidados, pobreza, desigualdad y
diversas formas de abuso y explotación.
Indicó que, aunque en 2015 se avanzó con la
creación de la Procuraduría Estatal y las Procuradurías Regionales de
Protección, aún persisten vacíos institucionales en el ámbito municipal que
limitan una atención inmediata y eficaz.
Dijo, que se debe garantizar el reconocimiento jurídico, atribuciones claramente definidas, así como personal especializado para intervenir de manera efectiva en situaciones de vulneración de derechos, la actuación con rapidez en procedimientos relacionados con custodia, pérdida de patria potestad, adopción o medidas urgentes de protección.
Por ello, la presidenta de la Comisión de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes propone reconocer formalmente en la
ley a las Procuradurías Municipales de Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, estableciendo sus atribuciones y fortaleciendo su
legitimidad institucional. Asimismo, plantea que las personas titulares sean
designadas mediante convocatoria pública y aprobación del Cabildo, con una
duración de cuatro años en el cargo, para garantizar la continuidad
institucional y el seguimiento adecuado de los casos.
Se busca la creación de una estructura
multidisciplinaria mínima integrada por un procurador, un psicólogo y un
trabajador social, además de otorgar facultades legales suficientes para
intervenir en procedimientos judiciales y administrativos en representación de
niñas, niños y adolescentes, y establecer mecanismos de coordinación
institucional y herramientas legales que permitan a estas procuradurías actuar
de manera inmediata y efectiva en la protección de los derechos de la niñez.
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