Por Staff de Redacción
CHILPANCINGO, Gro. (31/Mayo/2026).- Para establecer
sanciones a quien, de manera ilícita, dolosa descargue, deposite, vierta o
infiltre aguas residuales, líquidos químicos, desechos industriales o basura
sólida en los sistemas de drenaje, alcantarillado, canales pluviales,
barrancas, vasos o cauces, así como para quien arroje o disponga residuos
sólidos urbanos dentro de las zonas de protección de los cuerpos de agua, la
diputada Araceli Ocampo Manzanares propuso adiciones a la Ley de
Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado.
En su propuesta que analiza la Comisión de Recursos
Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, la diputada menciona que,
en las zonas urbanas los cuerpos de agua enfrentan una presión antropogénica
crítica, ya que el crecimiento demográfico desordenado ha propiciado la
impermeabilización del suelo mediante el asfalto, transformando ríos y arroyos
en canales de desagüe pluvial y residual.
Asimismo, dijo que el desecho de residuos sólidos
urbanos en ríos, lagunas, barrancas y canales pluviales es una de las
manifestaciones más críticas de la crisis de gestión ambiental, en los ámbitos
municipal y estatal.
Ocampo Manzanares refiere que abordar esta
problemática requiere un enfoque integral que combine la corresponsabilidad
ciudadana con una infraestructura de servicios públicos eficiente.
Por ello propone la separación categórica de la
infracción ambiental hídrica del catálogo común de faltas administrativas,
“esta diferenciación no responde a un mero capricho taxonómico, sino a una
necesidad de especialización institucional, ya que, al establecer la afectación
a cuerpos de agua como una infracción administrativa específica en la
legislación estatal, se dota a las autoridades ambientales de la facultad para
intervenir, inspeccionar y sancionar, evitando la dispersión de atribuciones con
las áreas de servicios públicos o de seguridad cívica.
Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero
La diputada también propuso una iniciativa para
adicionar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Guerrero, para erradicar la violencia obstétrica, mediante la
implementación de protocolos que obliguen al Estado a reconocer la diversidad
lingüística de Guerrero como un derecho, al establecer la obligatoriedad de
personal bilingüe y la vigilancia estricta del consentimiento informado.
En su propuesta de adición de los incisos M) y N) de la fracción VI del artículo 9, y del artículo 50 Bis y que fue turnada a la Comisión Para la Igualdad de Género, la diputada refiere que se debe garantizar que la barrera lingüística no sea utilizada como una ventaja para imponer métodos anticonceptivos permanentes o realizar esterilizaciones forzadas inmediatamente después del parto.
Por eso, propone erradicar la violencia obstétrica mediante la implementación de protocolos que obliguen al estado a reconocer la diversidad lingüística de Guerrero como un derecho y no como un obstáculo. “Al establecer la obligatoriedad de personal bilingüe y la vigilancia estricta del consentimiento informado real, se busca que el nacimiento de un nuevo guerrerense no sea motivo de trauma o humillación para su madre, sino un ejercicio pleno de derechos”, apuntó.
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