Por Staff de Redacción
CHILPANCINGO, Gro. (10/Abril/2026).- El diputado
Jorge Iván Ortega Jiménez presentó una iniciativa para adicionar diversas
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
número 231, con el propósito de establecer mecanismos claros de seguimiento,
plazos y obligaciones de respuesta a los exhortos aprobados por el Pleno, así
como medidas ante su incumplimiento, a fin de garantizar su eficacia.
En tribuna, el legislador explicó que la reforma
propone incorporar los artículos 314 Bis, 314 Ter, 314 Quater y 314 Quinquies,
en los que se establecen procedimientos de seguimiento a los puntos de acuerdo
que contienen exhortos dirigidos a autoridades de los tres niveles de gobierno.
Estas deberán ser notificadas en un plazo máximo de tres días hábiles
posteriores a su aprobación, con el objetivo de asegurar que tengan
conocimiento oportuno de los llamados emitidos por el Congreso y evitar que
pierdan vigencia o impacto social.
Asimismo, se plantea que las autoridades exhortadas
cuenten con un plazo de hasta cinco días hábiles para informar al Congreso el
sentido de su respuesta, ya sea de aceptación o rechazo, con el fin de
fortalecer la rendición de cuentas, evitar la discrecionalidad y garantizar que
la Mesa Directiva, las comisiones dictaminadoras y la diputada o diputado
promovente tengan conocimiento puntual de las respuestas.
Ortega Jiménez señaló que, en caso de omisión por
parte de la autoridad exhortada, se presumirá la aceptación del exhorto, lo que
permitirá evitar la inacción institucional. Además, se faculta al Congreso para
citar a comparecer a las autoridades estatales que no respondan, a fin de que
expliquen los motivos de su incumplimiento, fortaleciendo así la transparencia
y la responsabilidad pública.
Agregó que, en caso de rechazo del exhorto, el
autor de la propuesta o la comisión dictaminadora podrán intervenir en tribuna
para exponer las implicaciones sociales de dicha decisión, reforzando el debate
democrático y la función representativa del Congreso, en beneficio de una mayor
vinculación entre las decisiones legislativas y las demandas ciudadanas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
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