Por Staff de Redacción
CHILPANCINGO, Gro. (16/Abril/2026).- La Comisión de
Hacienda analiza un punto de acuerdo presentado por el diputado Jhobanny
Jiménez Mendoza, mediante el cual se exhorta a la Delegación de la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) en el estado y a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para
que, en coordinación con el Ejecutivo estatal, implementen de manera conjunta,
urgente y coordinada acciones de vigilancia, inspección, difusión y sanción
contra el cobro ilegal de comisiones por pago con tarjeta de crédito o débito
en establecimientos comerciales de Guerrero.
Asimismo, se exhorta a la Delegación de la Profeco
en la entidad, así como a los 84 ayuntamientos y al Concejo Municipal
Comunitario de Ayutla de los Libres, para que, de manera coordinada, desarrollen
campañas de información dirigidas a la ciudadanía sobre los mecanismos para
presentar quejas y denuncias ante posibles abusos en precios o cobros ilegales
en establecimientos comerciales.
En la exposición de motivos, el legislador advirtió
que en la entidad se ha extendido una práctica comercial abusiva consistente en
aplicar cargos adicionales de entre el 3 y el 5 por ciento a consumidores que
realizan pagos mediante tarjeta bancaria, trasladando indebidamente al cliente
costos que corresponden a los establecimientos.
Indicó que esta práctica, conocida como “comisión
por terminal”, se presenta de manera recurrente en distintos tipos de
comercios, desde grandes cadenas hasta negocios locales, afectando directamente
la economía de las familias guerrerenses y desincentivando el uso de medios de
pago electrónicos.
Jiménez Mendoza destacó que estas acciones
persisten pese a que este tipo de cobros está expresamente prohibido por la Ley
Federal de Protección al Consumidor, la cual establece que el precio exhibido
debe incluir todos los cargos, comisiones e impuestos, por lo que cualquier
recargo adicional constituye una violación a la normativa vigente y puede ser
sancionado con multas económicas significativas.
Por lo anterior, se plantea hacer un llamado para que autoridades federales y estatales refuercen las acciones de supervisión e inspección, así como campañas de difusión para informar a la ciudadanía sobre sus derechos y los mecanismos para presentar quejas ante posibles abusos.
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