Por Staff de Redacción
CHILPANCINGO, Gro. (24/Febrero/2026).- La Comisión
de Justicia, analiza una iniciativa presentada por el diputado Héctor Suárez
Basurto, para adicionar la fracción IX al artículo 227 del Código Penal del
Estado, para castigar de forma más concreta y específica a aquellas personas
que roben a instituciones en cualquiera de sus niveles educativos, y las
sanciones se incrementen hasta en una mitad cuando se afecte infraestructura,
equipamiento tecnológico, material didáctico, mobiliario escolar o bienes
destinados al servicio educativo.
En la exposición de la iniciativa, el diputado
recordó que en los últimos meses en Guerrero se ha registrado un incremento en
el robo de fibra óptica, equipos de cómputo y materiales de uso básico
pertenecientes a instituciones educativas públicas e informó que, durante el
ciclo escolar 2024-2025, se han contabilizado más de 15 casos de robo en
planteles, lo que ha provocado la suspensión de clases, la interrupción de
servicios y afectaciones directas al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Remarcó que el robo a escuelas públicas no puede
considerarse un delito común, pues su impacto trasciende el daño patrimonial y
afecta de manera colectiva a la comunidad escolar, vulnerando el interés
superior de la niñez y el derecho a la educación, plasmado en el artículo 3° de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideró lo que el Estado no solo debe garantizar
el acceso a la educación, sino también las condiciones materiales, tecnológicas
y de infraestructura necesarias para su pleno ejercicio, especialmente en favor
de niñas, niños y adolescentes.
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