🔘 Denuncia actos de corrupción e impunidad que
obstruyen su búsqueda de justicia; clama por intervención del gobierno estatal
y federal
ACAPULCO, GRO., (04/Marzo/2024). - En entrevista exclusiva con Libertad Guerrero Noticias, Jesús Nolasco Hernández, residente de la ciudad de Ometepec y víctima de agresión por parte de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), compartió su lucha por encontrar justicia en medio de un sistema legal que, según su testimonio, ha fracasado en protegerlo.
Originario de esta localidad de la
Costa Chica de Guerrero, el hombre de familia y también mecánico (oficio que no
practica desde que fue víctima de agresión), dijo que su batalla legal lleva
más de tres años sin respuesta ni solución.
Nolasco Hernández, quien insistió en
ser identificado por su verdadero nombre, recalcó que su objetivo primordial es
alcanzar justicia mediante los canales legales establecidos, sin recurrir a la
violencia por su propia mano.
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La víctima dijo que presentó una
demanda por privación de la libertad ante el Ministerio Público en la Ciudad
Judicial de Ometepec, representado en 2021 por el licenciado Baldomero Millán;
sin embargo, su caso aún no ha sido judicializado.
El origen de su conflicto, explicó en
su relato, se remonta al 27 de abril de 2020, cuando interpuso su denuncia
contra los policías comunitarios del poblado de Cruz de Corazón, municipio de
Ometepec, por privación de la libertad; no obstante, la respuesta del sistema
legal ha sido insatisfactoria.
Inclusive, declaró que vivió otro
incidente ocurrido el 28 de julio del 2020, donde fue perseguido y atacado a
balazos por la Policía Comunitaria, mientras se dirigía al rancho de su madre,
donde en ese tiempo tenían ganado vacuno y porcino.
"Me siguió la Policía Comunitaria,
empezaron a disparar, la camioneta quedó con más de 20 de orificios de bala; me
persiguieron más de un kilómetro tirándome balazos", detalló.
Ya en la entrada del rancho
'Aguacatillo', describió que los comunitarios lo retuvieron ilegalmente y lo
subieron a una camioneta para llevarlo a la Comandancia de Policía Comunitaria
de Copala, a unos 60 kilómetros de distancia; ahí le encadenaron los pies y lo
dejaron a cargo de un hombre a quien llamaron "El Chato".
"Te lo encargo para para que lo
calientes, porque es muy peligroso" –escuchó que le decían–, a lo que su
respuesta fue –"Para qué lo trajiste, lo hubieras matado".
Ante ese hecho, su familia se manifestó
en la Ciudad Judicial esa misma noche para exigir que lo entregaran vivo o
muerto, reveló la víctima.
A pesar de sus esfuerzos por buscar
justicia, denunció la corrupción y la falta de profesionalismo dentro del
sistema judicial. Además, afirmó que tanto el Ministerio Público como la
Policía Comunitaria están coludidos, lo que ha obstaculizado el avance de su
caso.
También señaló que ha sido víctima de
hostigamiento por parte de los policías comunitarios, quienes intentaron
obligarlo a pagar una deuda por un supuesto trabajo de reparación del vehículo
de un maestro del poblado, quien se negó a pagarle desde la primera vez que
llevó a reparar su coche y seis años después regresó a exigirle más servicios,
cuando aún le debía lo anterior.
A pesar de haber presentado múltiples
denuncias, expuso que su situación no tiene mejorías, y que la licenciada
Karina Martínez Vargas, encargada de su caso, ha minimizado sus reclamos,
negándose a considerar los delitos adicionales que él alega haber sufrido, como
tentativa de homicidio, lesiones, secuestro y extorsión.
"A mí tú no vas a decirme lo que
tengo que hacer, yo voy a poner la carpeta al fiscal y él la va a calificar si
es secuestro o no lo es", le respondió Martínez Vargas cuando acudió a
presentar su denuncia ante el Ministerio Público.
La segunda carpeta de investigación
emitida por Karina Martínez, "era por privación de la libertad, pero ella
está ocultando los demás delitos porque hay tentativa de homicidio en primer
grado, hay lesiones, hay secuestro y extorsión porque pidieron dinero a mi
familia; me robaron la herramienta de mi camioneta, me robaron la gasolina, la
refacción de la camioneta y las llaves de una herramienta que traía para
arreglarla cuando se dañaba, porque de hecho soy mecánico", afirmó.
En medio de su desesperación, Jesús
Nolasco busca el respaldo de las autoridades estatales y federales, e incluso
hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
"Quiero que esto llegue hasta la
mañanera, porque el presidente de la República siempre ha tenido la razón al
decir que la ciudad judicial o juzgados están plagados de bandidos; son unos
lagartos, robándole a la gente humilde y por eso quiero que por lo menos se
haga justicia a uno de los tantos atropellos que ha hecho la Policía
Comunitaria", sentenció.
Asimismo, pidió el apoyo de la
gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que intervengan en su caso, al asegurar
que esta situación no sólo afecta su vida personal, sino que también es un
reflejo de la corrupción y la impunidad que prevalecen en el sistema judicial
de la región.
En ese contexto, mencionó que, en la
ciudad de Ometepec, la mayoría de las personas que llegan de la Montaña son
indígenas, no saben hablar el español correctamente, les roban y abusan de
ellos, violando todas sus garantías y derechos.
"Así es la autoridad en Guerrero,
que quede claro, para que ya uno no ande buscándolos y haga justicia con su
propia mano, pero que nos digan que ellos no pueden con el paquete",
lamentó Nolasco Hernández.
Por otro lado, reveló que las
autoridades comunitarias de Ometepec quieren que él desista de su lucha y lo
están 'envolviendo', pero que no cederá a las presiones aun tras haber perdido
a su mujer, quien le pidió alejarse de ella "para evitarse problemas".
"No puedo desistir, lo que me
hicieron fue mucho; perdí a mi familia y no radico en Ometepec porque la orden
que tienen allá es matarme para librarse del asunto", expresó en su
testimonio.
A pesar de enfrentar serias
repercusiones físicas y emocionales a causa de los abusos, torturas y golpes
que lo mandaron hasta el hospital, mencionó que se mantiene firme en su
búsqueda de justicia y en su exigencia de que se respeten sus derechos como ciudadano.
Manifestó que teme por su vida,
mientras tiene que estar como un fugitivo fuera de Ometepec, por lo cual exige
justicia para que se investigue a fondo la no judicialización de la carpeta de
investigación.
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