►En el ataque también murió su esposa; sobrevivieron sus dos hijas menores de edad y la mujer que realizaba las labores
domésticas de la casa
Fuente: Agencias
CIUDAD DE MÉXICO, 17/Junio/2020.- Tras el
asesinato del juez de Distrito Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica
Barajas, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Arturo Zaldívar, condenó el crimen y lanzó un llamado para exigir
seguridad para juzgadores y sus familias, y afirmó que revisará la situación de
cada uno para fortalecer las medidas necesarias que garanticen su integridad.
A las 09:00 horas de ayer martes, el juez
iniciaba su día con normalidad, revisó sus redes sociales, en las que compartió
la noticia del inicio de los juicios en línea del PJF, y dos horas después un
grupo de hombres armados irrumpió en su casa en la ciudad de Colima para
quitarles la vida a él y a su esposa. Al ataque sobrevivieron sus dos hijas
menores de edad y la mujer que realizaba las labores domésticas de la casa.
En
marzo de 2018, cuando Villegas era juez sexto de Distrito en Procesos Penales
en Jalisco, solicitó el traslado de Rubén Oseguera, “El Menchito”, de una
cárcel de Oaxaca a otra de máxima seguridad en El Salto. Luego, el hijo de “El
Mencho” fue extraditado a Estados Unidos.
El ministro Zaldívar manifestó un enérgico
rechazo a la violencia y afirmó que el hecho les duele a todo el Poder Judicial
de la Federación y a todos los mexicanos.
Lanzó un llamado a las autoridades para
garantizar la seguridad de los jueces federales y sus familias, que se
investigue y se deslinden las responsabilidades correspondientes. “Por lo que a
nosotros nos toca, revisaremos la situación de los jueces a efecto de
fortalecer las medidas de seguridad necesarias”, dijo.
Cerca de las 13:00 horas los ministros de la
Corte discutían en pleno por videoconferencia la Ley para Regular la
Convivencia Civil en el estado de Colima, donde vivía el juez, cuando el
presidente Zaldívar interrumpió la exposición del ministro Juan Luis González
Alcántara Carrancá para informar que recibió la noticia de la ejecución del
juez.
“Acabo de recibir una terrible noticia… fue
ejecutado el señor juez Uriel Villegas Ortiz, juez de Distrito en el Centro de
Justicia Penal Federal de Colima, junto con su esposa, Verónica Barajas”,
anunció.
“Tenemos que decir con contundencia un no a
la violencia, tenemos que reiterar que el camino para resolver las cuestiones
tiene que darse a través del derecho y de los instrumentos que un Estado
democrático establece, y que es obligación del Estado garantizar la seguridad
de todos los ciudadanos del país, pero de manera especial de aquellos quienes
con valentía y vocación arriesgan su vida para proteger los derechos de todos”,
añadió.
Los ministros Luis María Aguilar Morales y
Norma Lucía Piña Hernández afirmaron que todos los integrantes del Poder
Judicial de la Federación hacen suyas las palabras de Zaldívar y se
solidarizaron con las familias afectadas por este hecho.
Minutos después el ministro Zaldívar dio por
concluida la sesión, pues debía atender el asunto con extrema urgencia.
Media hora más tarde la Fiscalía General de
la República (FGR) anunció que inició la carpeta de investigación
correspondiente al homicidio del juez y su esposa.
“A partir de este momento se inician las
investigaciones correspondientes, solicitando del gobierno del estado de
Colima, a través de su Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía Estatal,
de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) toda la información
y apoyos necesarios.
“En cuanto vayan existiendo datos que puedan
hacerse públicos se darán a conocer”, señaló el organismo mediante un
comunicado.
Un equipo de investigadores y peritos de la
FGR se trasladó a Colima para iniciar las labores de investigación del
asesinato.
En diciembre de 2019 medios nacionales informaron
que, al cierre de ese año, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) asignó 42
medidas de seguridad a jueces y magistrados amenazados o en situación de riesgo
por el trabajo que desempeñan.
En su primer informe de labores, el ministro
Zaldívar indicó que durante 2019 un total de 91 juzgadores contaban con
vehículos blindados, 11 de ellos asignados ese año; 89 tenían servicio de
escoltas, 12 de nueva designación; 89 usaban chaleco antibalas, 11 entregados
ese año, y ocho tienen medidas de seguridad provisionales también implementadas
en dicha anualidad, tales como teléfonos con botón de pánico.
Los jueces y magistrados federales que tenían
estas medidas radican en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua,
Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.
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