El grupo comunitario viola el orden constitucional ante la indolencia del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien protege al líder de civiles armados que se pasea impunemente por la entidad; esta madrugada liberaron a 16 elementos de la Guardia Nacional que retuvieron en Tecoanapa, tras 36 horas en cautiverio
Por Staff de Redacción
ACAPULCO, Gro., 7 de diciembre de 2019.-
Civiles armados de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de
Guerrero (UPOEG), al mando de Bruno Plácido Valerio, capturaron y mantuvieron
retenidos durante 36 horas a 16 elementos de la Guardia Nacional que fueron interceptados en Tecoanapa, municipio de la región Costa Chica, para exigir la
liberación de 10 comunitarios detenidos por portación ilegal de armas durante
el operativo realizado el 11 de noviembre en Xaltianguis, municipio de
Acapulco.
Ante la actitud indolente del gobernador
guerrerense Héctor Astudillo Flores, protector del dirigente comunitario que
pretende imponer su ley en Guerrero violando el orden constitucional, los efectivos
policiacos fueron liberados en las primeras horas de la madrugada de este
sábado, en evidente proceso de chantaje impuesto por la UPOEG para recuperar a
sus elementos capturados por portación ilegal de armas para uso exclusivo de
las fuerzas armadas.
Los elementos de la Guardia Nacional retenidos el jueves a las 14:00 horas, fueron liberados al filo de las 2 de la mañana de este sábado por intervención del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, quien participó con los inconformes en una mesa de negociación cuyos acuerdos no han sido revelados.
Entrevistado este viernes en el lugar donde mantenían retenidos a los 16 militares, uno de los coordinadores de la guardia
comunitaria señaló que hasta el momento (la tarde del viernes) “no hay
comunicación” con autoridades estatales, y lamentó el ambiente de incertidumbre
que se vive en esta localidad que conecta la Costa Chica con la Montaña
guerrerense.
Según versión del entrevistado, el gobierno Héctor
Astudillo Flores se comprometió a atenderlos en una mesa de diálogo planteada
para esta la tarde del 6 de diciembre en la capital de la entidad, pero decidió
suspenderla. Fuentes extraoficiales indicaron que el gobernador fue advertido por el Gobierno federal de que estaba violando la ley y que negociar con los armados sublevados de Bruno
Plácido podría generarle un problema legal.
Mientras tanto, los familiares de los
comunitarios presos en la cárcel de Chilpancingo se sumaban al grupo de armados
comunitarios que retuvieron a los efectivos de la Guardia Nacional, y advirtieron
que no los liberarían hasta que su gente fuera excarcelada.
Incluso denunciaron que los policías
estatales que detuvieron a los comunitarios, después de desarmarlos aquel 11 de
noviembre en Xaltianguis, intentaron entregarlos al grupo delictivo “Los
Dumbos”, para que fueran asesinados, pero las autodefensas obligaron a las
autoridades a ponerlos a disposición del Ministerio Público.
Por su lado, la comandancia de la Guardia Nacional
emitió un comunicado donde confirmó la retención de 16 militares en Tecoanapa y
descartó la realización de un operativo para rescatarlos.
“Privilegiamos en todo momento el diálogo y
la negociación para que este conflicto sea resuelto por los canales
institucionales”, puntualizó la institución castrense.
Según los familiares de los comunitarios, en
aquella ocasión los guardias de Tecoanapa se trasladaron a esa zona rural para
“rescatar” a Carmelo Marcelino Chino y Jaime Raquel Cecilio, ambos originarios
de la comunidad de Huamuchapa, sin embargo, éstos fueron secuestrados y hasta
la fecha continúan desaparecidos.
“Son policías auténticos que fueron
designados por su comunidad y que cumplían con su deber de defender a nuestras
familias”, destacaron sus parientes.
“Las autoridades tienen conocimiento de la
desaparición de Carmelo Marcelino y Jaime Raquel, pero no han hecho nada”,
agregaron.
En agosto de 2013, la misma guardia
comunitaria de Tecoanapa retuvo a más de un centenar de soldados, acusados de
formar parte de la delincuencia organizada.
Ese hecho motivó una confrontación verbal
entre el líder indígena de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, y funcionarios del
gobierno de Enrique Peña Nieto.
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