❍ Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya
asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin
diseño ni normatividad, según estudio de la organización México Evalúa
CIUDAD DE MÉXICO ►
La discrecionalidad con la que el gobierno federal maneja los recursos del ramo
23 ha permitido que esa bolsa de dinero público se use para premiar, castigar o
cooptar a las administraciones estatales, concluyó la organización México
Evalúa tras analizar el presupuesto federal de los últimos dos sexenios.
El ejemplo más reciente del uso político de
esa bolsa presupuestal fue Chihuahua, entidad que en el sexenio del priista
César Duarte recibió un promedio anual 1,650 millones de pesos, con la llegada
del panista Javier Corral a la gubernatura la cifra cayó a 70 millones de
pesos.
Situaciones similares se vivieron en el
Estado de México, Nuevo León o Veracruz, los datos duros muestran que con la
llegada del PRI al gobierno federal empezaron a fluir más recursos a esas
entidades gobernadas por priistas a través de programas de subsidios federales
que están dentro del ramo 23: Fondo para el Fortalecimiento Financiero
(Fortafin), Programas Regionales y Contingencias Económicas.
“Se trata de una bolsa millonaria de recursos
cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación,
sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos,
por qué, cuánto y cuándo. La entrega de recursos se efectúa por medio de
convenios que la misma secretaría define, los cuáles en su mayoría no se
publican”, dice el reporte Arquitectura del Ramo 23 que presentó este martes la
organización México Evalúa.
Además en la revisión del gasto en esos
programas la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó entre 2013 y
2016 “una cantidad considerable de irregularidades”, pues no comprobó el uso de
5 mil 943 millones pesos, y el probable daño al erario se estimó en 7 mil 931
millones de pesos.
“Uno de los casos más graves se observó en
Veracruz; en 2015 la ASF señaló un presunto daño al erario de más de 3 mil
millones pesos vinculado al programa Contingencias Económicas, principalmente
por el retiro injustificado de recursos de la cuenta específica del programa”.
Uso electoral
En el informe Arquitectura del Ramo 23, la
organización que dirige Edna Jaime detectó dos usos políticos distintos de esa
bolsa presupuestaria: Felipe Calderón decidió apoyar sobre todo a los gobiernos
panistas, por encima de los estados gobernados por la oposición.
Enrique Peña Nieto en cambio “ha mostrado una
diversidad de comportamientos, e incluso, el monto de transferencias fue mayor
para los gobernadores de oposición. Lo anterior también puede obedecer a un
comportamiento racional: los recursos discrecionales pueden tener utilidad para
ganar simpatizantes, algo que debe considerarse cuando se busca aprobar
reformas transformadoras. En esos casos puede ser valioso ganar aliados al
apoyar gobiernos políticamente relacionados con los opositores”.
Aunque la situación ha sido uniforme en el
año previo a la elección, ahí tanto Calderón como Peña le inyectaron muchos más
recursos a los estados gobernados por sus propios partidos: “En el año 2011,
cuando el PAN estaba en la presidencia, los subsidios más altos se
transfirieron a los estados azules. Aquellas entidades federativas que no
recibieron recursos eran de distinto partido; Una situación similar ocurrió en
2017, cuando los mayores montos de subsidios se transfirieron a los estados
priistas, mientras el PRI estaba en la presidencia”.
Sobrejercicio exponencial
La bolsa de recursos del ramo 33 no sólo se
maneja discrecionalmente y sin ningún contrapeso, según señala México Evalúa,
además ha crecido de manera exponencial.
La organización señala que tan sólo en tres
programas del ramo 23 el gasto ejercido pasó de
56 mil 922 millones de pesos en el sexenio pasado a 318 mil 465 millones
de pesos. Visto por año, el gasto promedio de la administración anterior fue 14
mil 230 millones de pesos, mientras que en la actual este alcanzó 63 mil 693
millones de pesos.
Y el sobrejercicio en ese ramo ha sido una
constante. Tan sólo en 2017 “la Cámara de Diputados aprobó que el Gobierno
federal gastara 6 mil 487 millones de pesos en estos programas, pero en la
práctica el gasto fue de 58 mil 545 millones de pesos. El Gobierno federal
gastó nueve veces más que lo aprobado por el Congreso en programas sin reglas
de operación”.
La organización concluye que la mala
distribución y discrecionalidad del gasto, y la inyección de recursos en
programas que no tienen mecanismos de vigilancia ha incidido en el aumento de
la deuda pública, aparejada de “un nivel históricamente bajo de inversión
pública. La deuda aumentó 10 puntos porcentuales del PIB en la administración
actual (2013-2017). Ésta pasó de representar 36.4% del PIB en 2012 a 46.8%24
del PIB en 2017”.
Y no solo se ha incrementado el monto de la
deuda, sino también el costo de tenerla: “el costo financiero aumentó 45% real
en la presente administración, llegando a 533 mil millones de pesos”.
Por todo ello, México Evalúa pide “promover
un uso transparente, eficaz y eficiente del gasto público en todos los
programas, incluidos todos los fondos del Ramo 23”, pero además “programas e
intervenciones de política pública vinculados con objetivos institucionales,
que cuenten con diseño documentado en reglas de operación, y estén sujetos a
monitoreo y evaluación”.
Y que se revisen las facultades de la Secretaría
de Hacienda, las oficialías mayores de las dependencias federales y del
Congreso “procurando una distribución de facultades orientada a un mejor
balance de pesos y contrapesos”.
Fuente: Animal Político
Febrero/27/2018
www.libertadguerrero.net
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