❍ Avanza recurso interpuesto
por el municipio de San Pedro Cholula, en Puebla; será analizado por el
ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
CIUDAD DE MÉXICO ►
La Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional en contra de la Ley
de Seguridad Interior, interpuesta por el municipio de San Pedro Cholula, en
Puebla, que será turnada al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
La Secretaría de Acuerdos asignó la demanda a
Pardo Rebolledo, quien deberá analizarla para, en su caso, solicitar los
informes correspondientes para iniciar el estudio del asunto y dar a conocer si
la controversia se admite o no a trámite, aunque no se tiene un plazo estimado
para la resolución.
A pesar de que distintos organismos, como la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organizaciones no gubernamentales
y hasta partidos de oposición habían anunciado que presentarían acciones de
inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior por su opacidad
y atentar contra los principios de derechos humanos, antes del 20 de enero,
plazo para presentar estos recursos; sin embargo, hasta ahora el municipio
poblano ha sido el único en presentarlo.
De acuerdo con personal de la SCJN, el
ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sería quien también recibiría la acción de
inconstitucionalidad que presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), por cuestiones de acumulación de trabajo y debido a que se trata del
mismo tema.
El ministro presidente, Luis María Aguilar
Morales, ordenó analizar el expediente de la controversia constitucional
4/2018, presentada el pasado 5 de enero de 2017 por Esperanza Estela Chilaca
Muñoz, quien funge como síndica municipal, y otros funcionarios.
El municipio demanda la inconstitucionalidad
de la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el
Diario Oficial de la Federación, por considerar como inconstitucionales los
artículos 7, 11 y 16, en los que se violenta su autonomía.
Los demandantes expusieron que la ley viola
el tema de seguridad pública de los municipios, plasmada en el artículo 115 de
la Constitución, en el que se les otorgan facultades para decidir sobre
seguridad pública; además, cuestionan la facultad del Presidente de pedir la
intervención de las Fuerzas Armadas en las localidades, sin mediación de la
alcaldía; y, por último, afirman que el Ejército o la Marina no pueden
desempeñar funciones de seguridad pública.
En el expediente se señala como autoridades
responsables de la inconstitucionalidad a las Cámaras de diputados y senadores
del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y el director del Diario Oficial
de la Federación.
El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan
Espinosa Torres, quien llegó al cargo por Movimiento Ciudadano y actualmente es
militante de Morena, esperaba la notificación de la SCJN, ya que fue a través
de los medios como se enteró de que había sido admitida la controversia que
promovió su administración.
“Es un gran avance, es una buena noticia para
todos aquellos que estamos convencidos de que esta ley no resuelve la
inseguridad que se vive en el país y tenemos muy claro que el legislador
intenta desdibujar, hacer a un lado a los gobiernos municipales, que somos el
nivel de gobierno más próximo, más cercano a la población y quienes bien
tenemos derechos y obligaciones en materia de seguridad pública”, aseguró
Espinosa Torres.
Además, aseguró estar convencido que, desde
el punto de vista estrictamente jurídico, les asiste la razón.
El coordinador del PRD en el Senado, Luis
Sánchez Jiménez, informó que en su bancada y en la del PT, ya pasaron a firma
de sus integrantes la solicitud de Acción de Inconstitucionalidad de la Ley de
Seguridad Interior que presentarán la próxima semana ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN). Además, aclaró que los panistas que acompañen
este recurso lo harán por su cuenta.
Por su parte, el senador Alejandro Encinas,
sin bancada, expresó su certeza de que se presentarán diversas impugnaciones
ante la Corte, entre ellas la del Senado, y se acumularán todas para que
resuelva el máximo tribunal.
Fuente: El Universal
Enero/13/2018
www.libertadguerrero.net
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