EL VOYERISTA
❍ ¿Réquiem para la UPOEG?
Hay
quien asegura que a cada capillita, se le llega su fiestecita.
A
mediados de los años 90s del siglo pasado, con la aparición en escena del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas , México; surge
también el reclamo de los indígenas, quienes reivindican su presencia y exigen
que sus derechos borrados con la conquista Española, sean recuperados. El
reclamo válido, no se cumple a cabalidad, pero al menos queda plasmado en la
ley que tienen derechos a la seguridad y a ser ellos mismos, quienes la
apliquen en sus territorios.
Es
así como en Guerrero, hará unos 21 años, se forma la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) con presencia física en
San Luis Acatlán, Malinaltepec y algunos otros municipios de la Montaña
guerrerense.
Años
después a esa organización, surgen otras como la Unión de Pueblos y
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se reclaman indígenas, pero
al no tener esa representación, se adjudican el mote de policías ciudadanas y
de esta manera, es como aparecen otros grupos armados, que se presentan como
salvadoras sociales, ante la inseguridad en el estado.
Las
policías que se dicen ciudadanas de las que se hace mención, se forman y son
apoyadas con recursos financieros, armas y unidades motrices por el gobierno
perredista de Ángel Heladio Aguirre Rivero. En algunos municipios, se
constituyen, amparados por la delincuencia organizada y los propios gobiernos
de distinto signo.
Pero
ahora, ha explotado su actuación, luego de varios errores. Las comunidades que
antes las defendían las rechazan, pues se han convertido en brazo armado al
servicio de fines no muy claros.
Cada
policía “ciudadana” responde a intereses locales. Y se acusan entre sí, de
estar al servicio del crimen organizado. Y disputan territorio, pero responden
al patrón de la zona.
Este
fin de semana, la UPOEG, masacró a una familia, incluidos varios niños,
derivado de un supuesto enfrentamiento contra vendedores de predios y
extorsionadores de la zona de San Pedro Cacahuatepec, municipio de Acapulco.
Pero
ya ha habido otros excesos que han dejado heridos y muertos en carreteras,
donde estos grupos actúan fuera de la ley. Argumentan que no se detiene la
gente para su revisión. Y les han disparado.
Hay
una ley, la 701, Ley de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y
Comunidades Indígenas del Estado de Gro, que supuestamente los ampara, pero no
es así. Esa ley, sólo ampara a la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria, (CRAC-PC), que se asienta en comunidades
mayormente indígenas.
El
gobierno de Héctor Astudillo Flores ha establecido que habrá de llevar a la
justicia a los responsables de esta masacre. El edil de Acapulco, Evodio
Velázquez Aguirre, también solicita al gobierno estatal, se aplique la ley
contra los responsables de la muerte de una familia en San Pedro Cacahuatepec,
municipio de Acapulco.
El
líder de la UPOEG, Bruno Plácido, se encuentra contra la pared. O entrega a los
responsables de esa masacre o es él, quien tendrá que ser encarcelado, por ser
la cabeza visible de esa hidra de mil cabezas, pervertida.
Los
excesos, la corrupción, la falta de capacitación y experiencia policiaca, han
provocado que los que se dicen policías ciudadanos, se perviertan y se vendan
al mejor postor. Y sus líderes también.
Luego
entonces, es tiempo de que el Congreso de Guerrero, tome cartas en el asunto,
aclare y certifique qué y quiénes pueden ser y en dónde funcionarían las
policías comunitarias. La Fiscalía General del Estado detenga a los
responsables de éste y otras acciones fuera de la ley. Y que se termine la
impunidad que tuvieron en los gobiernos del PRD. Enhorabuena.
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