ENTRESEMANA
❍ Voluntad política
¿Recuerda usted aquella pretensión de evitar que Enrique Peña Nieto rindiera protesta en el cargo de Presidente de la República el 1 de diciembre de 2012?
Ese día el Palacio Legislativo de San Lázaro
fue literalmente blindado para evitar que integrantes de supuestas
organizaciones anarquistas y contestatarias, irrumpieran en el salón de plenos
y boicotearan la ceremonia oficial en la que rindió protesta el mexiquense Peña
Nieto.
Por la
mañana de ese 1 de diciembre, los rijosos anarquistas lanzaron bombas molotov
contra los muros de acero tendidos en valla, se enfrentaron con elementos de
seguridad pública, unos federales y otros de la fuerza de tarea de la Secretaría
de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal.
Por las
redes circularon fotos realmente aterradoras de civiles supuestamente
lesionados por la fuerza pública. En las gráficas aparecía un sujeto
prácticamente descerebrado, otro en un tris de quedar tuerto o ciego. Y, en
fin, la mecánica de acusar a la naciente administración de Peña Nieto como
represora.
La idea
maquiavélica era desbarrancar a Peña Nieto descalificándolo dentro y fuera de
México y acusándolo de asesino, así, con esa facilidad irresponsable de quien
tira la piedra y esconde la mano. Nadie cuestionó ni alzó una denuncia contra
el gobierno encabezado por Marcelo Ebrard Casaubón; cuatro días después
asumiría Miguel Ángel Mancera el relevo en la jefatura de Gobierno de la
capital del país.
¿Dónde
están esos “gravísimos” lesionados del 1 de diciembre de 2012? ¿Dónde los
dizque anarquistas reprimidos ese día y en las posteriores jornadas de
violencia en la Ciudad de México?
Porque,
recordemos, en cada movilización lo mismo del SME que de la CNTE o de Jubilados
y Pensionados y luego de cuanta demanda requiriera las calles para
manifestarse, estaban esos grupos plenamente identificados como agitadores.
Cuando se
actuó contra ellos, el perredismo que ha sido mayoría en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, legisló a todo vapor enmiendas al
Código Penal con el fin de evitar que aquellos delincuentes detenidos in
fraganti, es decir, en pleno robo y actos de vandalismo y agresiones a policías
fueran liberados porque los delitos que cometieron se aligeraron y resultaron
no graves.
¿No fue
grave que pretendieran quemar a un policía bancario? ¿No fue grave la golpiza
que propinaron a otros uniformados, entre ellos mujeres policías.
No hubo
voluntad política para detener a esos grupos de evidente fisonomía delictiva.
Así, a lo largo de esta administración ha habido un exceso de impunidad hacia
esos delincuentes que, lo mismo en Guerrero que Oaxaca, Chiapas y Michoacán,
por citar a las entidades que en mayor grado han enfrentado vandalismo y la
ruptura del Estado de Derecha a manos, literalmente, de verdaderos delincuentes
que se ostentan como maestros o luchadores sociales.
Sin duda
alguna, la autoridad tiene identificada a la mano que mueve la cuna, a esos
operadores políticos que utilizan a criminales bajo sueldo, para meter miedo a
la sociedad mexicana y que olvide los asuntos torales del país porque lo
primero es ponerse a salvo. La integridad propia.
Y, bueno,
vea usted lo que las redes sociales en manos irresponsables puedan hacer, desde
crear víctimas y alertas de franca insurrección delictiva y hasta acusar a un
partido político y al mismo gobierno de crear una situación de crisis para que
la población opte por lo mínimo y olvide lo máximo.
¿Es capaz
el gobierno de darse un tiro en el pie mediante la fabricación de rumores de
desestabilización y crisis de seguridad? Es probable que haya oficiosos, pero
no creo que quien ha optado por el dejar hacer y dejar pasar, hoy asuma esa
estrategia de generar escenarios que requieran de la represión a secas.
Lo cierto
es que más vale que haya voluntad política de los tres niveles de gobierno y,
por ejemplo, en la Ciudad de México se proceda con los detenidos en esos días
de la semana pasada en los que el rumor generó sicosis entre la población,
incluso con aquella barbaridad del golpe de Estado.
La
Procuraduría General de Justicia de la capital del país informó este domingo
que un juez dictó prisión preventiva a 42 de las 178 personas detenidas la
semana pasada por actos de vandalismo. Hay otros cargos que bien se pueden
hacer a estos personajes que aprovecharon las válidas protestas ciudadanas para
generar temor con el asalto a comercios.
Que se
aplique la ley; que se proteste lo que deba ser en uso de nuestra libertad de
manifestación y de expresión. Pero que no se mantenga esa postura cómplice de
detener a verdaderos delincuentes y dejarlos libres en un tris por razones
torcidas de intereses políticos. Con voluntad política el país puede transitar
en estancos de paz, civilidad y respeto a los derechos humanos.
Lo demás
implica demagogia y la admisión de ese trascendido popular de que todo es una
opereta para evitar costos políticos que se reflejarán en las urnas. Conste.
sanchezlimon@gmail.com
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@msanchezlimon
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autor.]
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