❍ Aseguran que 30% de 55 mil dueños de negocios
pagan “derecho de piso” en Acapulco; exigen mejores acciones para mejorar la seguridad
en Guerrero
ACAPULCO ► El 30
por ciento de los 55 mil empresarios locales de Acapulco “pagan cuota” al
crimen organizado para no ser “asesinados”, confirmaron este jueves a diputados
locales miembros de este sector, quienes demandaron la creación de un fondo
económico especial para víctimas de extorsiones.
Alejandro
Martínez Sidney, presidente de la Confederación de las Cámaras de Comercio en
Guerrero, agregó que en este año se han registrado al menos 5 mil casos de
extorsión en Acapulco, lo que ha provocado el cierre de 2 mil 500 negocios
aproximadamente.
Pero estimó
que podrían acabar el año con cerca de mil 3 mil negocios cerrados en el
puerto, derivado del repunte de la violencia e inseguridad, entre ellos bares y
discotecas emblemáticos, así como de giros diversos.
Martínez
Sidney y un grupo de empresarios de casi todo el estado afiliados a la Cámara
Nacional del Comercio (Canaco) se reunieron con diputados locales, a quienes
denunciaron el hostigamiento diario que enfrentan por parte del crimen organizado.
De acuerdo
con los empresarios, la incidencia de homicidios dolosos ha disminuido
considerablemente, pero ha incrementado la extorsión. “La gente está pagando
para evitar ser asesinada, por eso han bajado los homicidios”, precisó.
Advirtieron
el colapso de la actividad comercial de Acapulco y de otros municipios de la
región Costa Grande y Centro, si autoridades permiten que los grupos criminales
sigan haciendo de las suyas, pues hasta las vendedoras de chicles “pagan
cuota”.
A este
encuentro acudieron los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Cuauhtémoc Salgado
Romero, Víctor Manuel Martínez Toledo, Mauricio Legarreta Martínez y Silvano
Blanco Deaquino, quienes se comprometieron a intervenir para que ya no sufran
ese problema.
Martínez
Sídney adelantó que debido al pago de aguinaldos y el incremento de precios de
diversos artículos para el siguiente año,
aumentarán los casos de extorsión, incluso a partir de enero del 2017,
por lo que urgió a las autoridades tomar medidas preventivas.
Vamos a tener que auto defendernos
Arcadio
Chona, empresario del municipio de Juan. Escudero, advirtió que si el gobierno
no garantiza la seguridad de los ciudadanos, “vamos a tener que auto
defendernos”, aunque aceptó que tampoco es sencillo, porque requieren armas.
Planteó que
los recursos millonarios que se destinan anualmente a los cuerpos de seguridad,
sin garantizar buenos resultados, que se canalicen a las policías ciudadanas.
No obstante, también pidió la regulación de estos grupos.
Porque
además, dijo, también incurren en actividades deshonestas, como obligar a los
automovilistas que transitan por la carretera federal México-Acapulco a
entregarles “cuotas” a manera de “cooperaciones voluntarias para su
movimiento”.
“No pedimos
dinero, pedimos que nos dejen trabajar, porque están matando al comercio”,
advirtió el empresario Javier Saldivar Rodríguez.
Cuestionó el
trabajo del titular de la Fiscalía General del Estado, Xavier Olea Peláez,
porque en cada reunión les dice que no existe “delincuencia organizada”, que se
trata de grupos de cinco personas que “andan extorsionando”.
Y que además
la Fiscalía carece de recursos suficientes para implementar acciones
contundentes contra la delincuencia organizada que inhiba el “flagelo” que
viven todos los días.
Los
empresarios pidieron a los diputados que incrementen el presupuesto de la
Fiscalía para el próximo año para que Olea Peláez “no tenga pretextos”.
Leyes y reunión con Osorio Chong,
plantean
Alejandro
Aguilar y Francisco García Burguoa demandaron la intervención del Congreso y de
las autoridades estatales para reunirse con el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, para plantearle la situación de inseguridad que
viven en la entidad y las acciones que deben implementarse para recuperar sus
actividades comerciales.
Anunciaron
también que impulsarán leyes y reformas a la Constitución que beneficien a los
ciudadanos y no a los delincuentes.
Propusieron
la creación de un fondo financiero para víctimas de extorsión y secuestro, así
como respaldo jurídico y psicológico, para enfrentar estas crisis que destruyen
sobre todo la actividad económica y la paz social y sobre todo a las familias.
También
pidieron una ley más severa para que el delito de extorsión se tipifique como
grave porque el nuevo sisyema penal acusatorio permite a quienes incurren en
ese delito a enfrentar el proceso en libertad, lo cual constituye un riesgo a
sus vidas.
Agregaron que
hace falta más coordinación en los operativos de seguridad implementados de
manera extraordinario porautoridades del gobierno federal y del estado, falta
más coordinación y eficacia, porque los filtros sólo han estado de adorno, “en
los operativos podemos ver a los agentes federales dejar pasar libremente a
todo mundo”.
En materia de
derechos humanos, los diputados reconocieron que nada sirve que se endurezcan
las penas contra los delincuentes si instancias como las Comisiones de Derechos
Humanos los defienden e instancias como los tribunales y jueces los dejan
libres.
Sin embargo,
los diputados se comprometieron a analizar sus peticiones, a generar puntos de
acuerdo y a intervenir para que puedan reunirse con las autoridades federales y
estatales. Pero aclararon que el fiscal sí tiene recursos para cumplir con su
responsabilidad. (www.agenciairza.com)
Por Fernando Polanco Ochoa | IRZA
Diciembre/08/2016
www.libertadguerrero.net
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