❍ El magistrado electoral, Emiliano Lozano Cruz, pretende
sacar beneficio a su comportamiento amoral, atentando contra la libertad de
expresión, acción que sentaría un precedente negativo
CHILPANCINGO ► Un clásico caso de abuso de poder y tráfico de influencias
que atenta contra la libertad de expresión en Guerrero, es protagonizado por un cínico y sinvergüenza magistrado que reclama el pago de 16 millones de pesos a un periodista
por supuesto daño moral, por haber sido captado cuando es detenido por policías
municipales ebrio y orinando en vía pública en un video difundido en medios
digitales en septiembre del año pasado.
Se trata de Estado Emiliano Lozano Cruz,
togado del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, quien procedió por la vía
civil contra el periodista José Nava Mosso, director de la Agencia de Noticias
Guerrero (ANG). El 17 y 28 de noviembre pasado fue notificado el comunicador y
emplazado a juicio ante el Juzgado Segundo de la Civil en primera instancia del
Distrito Judicial de los Bravo.
Son tres demandas las que interpuso el
magistrado, una contra Nava Mosso, su agencia noticiosa y el ayuntamiento
capitalino, por la detención y difusión del momento en que alega con policías
municipales alardeando tener fuero, cuando lo detienen y suben a una patrulla
en inmediaciones de un Oxxo de la ciudad de Chilpancingo.
José Nava difundió las imágenes del
video que se viralizó el 2 de septiembre, al ser retomadas por varios medios
nacionales, debido al interés noticioso que generó el caso, por la relevancia
del cargo del sujeto que comete una falta administrativa y porque trata de resistirse
a la detención alegando que es autoridad estatal; sin embargo el adorador del “Dios
Baco” únicamente procedió contra la agencia de noticias ANG, su director y el ayuntamiento.
El comportamiento amoral del funcionario del tribunal electoral, al haber sido sorprendido orinando en la vía pública, se encuadra en falta al Bando de Policía y Buen Gobierno que, en el artículo 135, fracción IV, establece como alteración del orden público: “realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, en terrenos baldíos o lugares de uso común.
El comunicador expuso en una conferencia
de prensa, el miércoles pasado, que en el expediente le imputan haber incurrido
en conductas ilícitas y le exigen un pago de 16 millones de pesos para resarcir
el daño moral, además que se publique un extracto de la sentencia condenatoria
en el mismo medio informativo y electrónico donde se difundió el video, también
haga el pago de gastos y costos que genere el juicio.
Nava Mosso explicó que el video se
difundió en cumplimiento de una actividad periodística profesional, un video
con carácter informativo que también fue publicado por otros medios de alcance
nacional.
Sobre estos hechos también dijo que
tanto la agencia como él se deslindan del ayuntamiento porque jamás
confabularon para generar daño moral al magistrado, “porque la ANG y el
suscrito nunca participamos en la filmación, edición o distribución del video”.
Agregó que la demanda civil presentada
en su contra y de la agencia por daño moral, atenta contra la libertad de
expresión, consagrada en los artículos sexto y séptimo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También advirtió que el proceso se
contrapone a lo establecido en documentos nacionales e internacionales que
protegen los derechos humanos y garantizan la libre opinión y expresión en el
libre ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a la información que es
un pilar del Estado de derecho.
De acuerdo a la información difundida
sobre este polémico caso, la detención de Lozano Cruz se registró el pasado 4 de mayo, pero la
difusión de las imágenes se realizó inicialmente el 2 de septiembre. Se
desconoce si la falta quedó asentada en actas de barandilla municipal, donde
fue remitido el funcionario encargado de impartir justicia electoral.
El
video del escándalo
El portal informativo Sin Embargo es
uno de varios medios que publicó, el 4 de septiembre del año en curso, la nota
informativa y el video que generó el escándalo cuando fue difundido en redes
sociales, donde se observa el momento en que el magistrado Emiliano Lozano Cruz
se rehúsa al arresto y asegura estar siendo tratado como un delincuente.
-“Nadie lo está tratando como
delincuente, señor”, se escucha que dice uno de los policías municipales al
iniciar la grabación que cuenta con subtítulos.
-“Por lo que veo sí, me están violando
todas mis garantías constitucionales eh, en el sentido más sano, primero
sentido de molestia artículo 16 constitucional”, responde Lozano Cruz.
El mismo agente se dirige al infractor,
y le pregunta si hay alguna garantía que le permita orinarse en vía pública, a
lo que él responde que “eso de deriva de otras garantías” pero que el policía
lo desconoce porque es un “ignorante del derecho”.
El policía le pide Lozano que modere
sus respuestas, a lo que éste contesta que es magistrado y que él aplica el
derecho. El agente finalmente le indica que un policía le indica que orinarse
en la calle es una falta administrativa penada por la ley e intenta esposarlo
para trasladarlo a la delegación. Ante ello, el magistrado les advierte que es
“inmune” y les exige que le indiquen dónde está tipificado como delito la
ebriedad.
Un acompañante del magistrado
interrumpe en la discusión y en un aparente intento de intimidar a los agentes
dice que ya está buscando el teléfono del presidente municipal Marco Leyva
Mena. Sin embargo, los uniformados no cedieron ante las amenazas y finalmente
esposaron al infractor para luego trasladarlo a las instalaciones de la barandilla
a bordo de la patrulla R014.
Por Staff de Redacción
Diciembre/01/2016
www.libertadguerrero.net
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