CHILPANCINGO ► El Congreso
del Estado solicitó este martes al Gobierno Federal medidas de protección para
la familia del extinto presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto
Duarte, asesinado la noche del sábado en una zona limítrofe entre los estados
de Guerrero y Michoacán.
Con base a la
propuesta que presentó la fracción parlamentaria del PRD en la sesión
legislativa de este martes, expuesta en tribuna por el diputado Raymundo García
Gutiérrez, el Poder Legislativo se pronunció "en contra de los actos
violentos que han dado origen a delitos cometidos a ciudadanos y servidores
públicos en el estado".
Entre ellos,
el asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, y su
chofer Omar Macedonio, "en los límites de Michoacán y Guerrero".
El Congreso
de Guerrero demandó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, girar
instrucciones al secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, y a la procuradora general de la República, Arely
Gómez González, "para que implementen las acciones necesarias tendientes a
procurar la seguridad personal de los familiares de Ambrosio Soto Duarte".
Para lo cual
deben garantizarles "medidas cautelares necesarias y (que) se establezcan
los protocolos de investigación necesarios que permitan castigar a los autores
intelectuales y materiales".
Sin embargo,
la propuesta original que presentó la bancada perredista fue modificada tras
interrumpirse la sesión en varias ocasiones, la cual se prolongó hasta la noche
de este martes, después de un álgido debate entre diputados del PRI, PVME, PRD
y Movimiento Ciudadano, por la redacción del acuerdo parlamentario.
Y es que la
propuesta original del PRD expresaba su "repudio" por el asesinato
del alcalde de Pungarabato, quien semanas antes de ese "trágico
acontecimiento" alertó a las autoridades sobre las amenazas de muerte que
le hicieron grupos del crimen organizado que operan en esa zona.
En tribuna,
el diputado Raymundo García Gutiérrez, a nombre de la fracción del PRD, lamentó
el “reprochable acto criminal” y exigió a los tres niveles de gobierno hacer
una evaluación que les permita conocer en qué están “fallando” las políticas de
seguridad pública.
Porque se trata de un “un acto criminal que se
ejecutó en contra de toda la sociedad guerrerense”, y resaltó que en caso de
quedar impune, “marcaría la fuerza que el crimen organizado ha retomado debido
a la falta de acción y de decisión de actuar por parte de las autoridades que
deben otorgar seguridad a los ciudadanos”.
A tribuna
también subió el diputado priísta Héctor Vicario Castrejón, quien defendió y
justificó las acciones y operativos que los gobiernos federal y estatal han puesto
en marcha en Guerrero para garantizar la seguridad pública.
Pero también
cuestionó que el extinto Ambrosio Soto Duarte haya salido y transitado por
carretera en una hora inapropiada, poniendo en riesgo su propia integridad
física, máxime cuando previamente había sido amenazado.
Desde el
mismo espacio respondió el perredista Sebastián de la Rosa Peláez, quien
externó su “pena y vergüenza” al no poder ofrecer a las víctimas de la
violencia una alternativa ante la pérdida de sus seres queridos e imparable
impunidad.
Agregó que la
creciente ola de violencia lacera y carcome el tejido social, la cual alcanzó a
Soto Duarte, el único alcalde que “se atrevió a denunciar la situación que
vivía”. Además, expresó su solidaridad a su familia.
Insistió que
de acuerdo a la percepción social, “el gobierno está a un paso de subordinarse
al poder fáctico de la delincuencia” y que Guerrero se encuentra ante un
panorama poco alentador para los ciudadanos que claman justicia.
Pidió a sus
compañeros diputados reflexionar sobre su desempeño, quienes están obligados,
afirmó, a revisar las políticas públicas implementadas en materia de seguridad
pública, “no como parte de un linchamiento o disputa entre fracciones
parlamentarias o legisladores y funcionarios, sino para cumplir nuestra
obligación con las y los ciudadanos”.
En
entrevista, el diputado perredista Isidro Duarte Cabrera, del distrito 18 con
sede en Tierra Caliente, informó que pese al asesinato del alcalde, la zona no
había sido reforzada con la presencia de la fuerzas federales.
“Hasta el día
de ayer, no vi elementos policiacos federales, pero confiamos en que se esté
planeando una estrategia de seguridad para la zona, especialmente para que la
tranquilidad vuelva a la región", indicó. (www.agenciairza.com)
Fuente: IRZA
Julio/26/2016
www.libertadguerrero.net
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