CIUDAD DE MÉXICO ► A escala
nacional, la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual Transgénero Travesti e
Intersexual (LGBTTTI) se organiza para responder a la campaña de homofobia
iniciada por la jerarquía católica y sus movimientos de fieles. En sus primeras
acciones se destaca la asistencia legal para presentar quejas y denuncias ante
las autoridades.
Además
preparará a un grupo de personas que defenderá ante los congresos locales la
iniciativa presidencial de matrimonios igualitarios, con bases jurídicas.
Activistas de
la comunidad LGBTTTI coincidieron en que la Secretaría de Gobernación (Segob)
es la responsable de frenar la campaña de homofobia y difamación, en la que no
solo participan los católicos, sino también, dijeron, se han sumado iglesias
evangélicas.
Para los
activistas, la Segob no ha actuado, pese a la intromisión clara de los
religiosos en políticas públicas, por lo que se les puede sancionar.
La activista
Lol Kin Castañeda, quien presentó queja ante Gobernación contra el cardenal
Norberto Rivera y el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, aseguró que no
permitirán a los legisladores ceder a la propuesta de los obispos de cambiar el
termino matrimonio por otra figura jurídica.
Advirtió que
la jerarquía católica abusa de sus medios de comunicación para atacar a esa
comunidad; por eso, señaló, es urgente la actuación de la Segob.
En entrevista
con Milenio, Lol Kin indicó que Gobernación no ha dado respuesta a la queja
presentada, pese a que es la única instancia encargada de detener "esa
oleada de discursos de odio y de incitación a la violencia social.
"Hacemos
esfuerzos no solo en la Ciudad de México, sino con organizaciones estatales
para hacer un enérgico llamado al cumplimiento de la ley y entender que esta
comunidad no quiere privilegios, sino que se garantice el mismo derecho del que
goza cualquier otra persona en México" agregó.
La activista
enfatizó: "Debe quedar claro que no es una cruzada que atente contra el
derecho de nadie, sino que (busca que) se garanticen todos los derechos para
todas las personas en igualdad de circunstancias, de conformidad con lo que
dispone la Constitución. No estamos pretendiendo vulnerar a nadie, por eso el
llamado a frenar la violencia social y las movilizaciones que solo alientan el
miedo, la ignorancia y la violencia. Eso en nada favorece a un país
democrático".
Al
preguntarle sobre el cambio de la palabra matrimonio por otra figura jurídica,
explicó: "No cederemos, porque hablamos de un criterio de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, que es la máxima instancia de impartición de
justicia, y eso de que le llamen a la unión hombre-hombre o mujer-mujer de otra
forma es como si viviéramos en los años 40. Eso que pretende la Iglesia
católica, diferenciar, se superó hace muchas décadas, entonces no tenemos
porque nombrar los derechos de distinta forma".
Además,
puntualizó Lol Kin, se debe tener claro que la Iglesia católica no es la
instancia con la que se construyen los derechos. "Las asociaciones religiosas
tienen un lugar en la sociedad y está garantizada la laicidad, pero los dogmas
de fe no pueden ser una imposición colectiva en el país, y eso es lo que no han
alcanzado a entender".
Las lesbianas
u homosexuales, agregó, no pretenden restringir el derecho a creer en la
religión católica o evangélica, por lo que exhortó a la Segob a detener las
movilizaciones a las que han convocado los frentes a favor de la familia en los
estados.
"No
tienen derecho de ser, porque no atentamos contra nadie, solo decimos 'aquí
estamos, formamos parte de esta sociedad y venimos a gozar de los mismos
derechos'. No estamos pensando en quitarles a sus niños y educarlos nosotros;
por el contrario, necesitamos que a las familias ya conformadas no se les siga
discriminando, que se entienda que no buscamos un privilegio, sino un
derecho".
De las quejas
presentadas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la
activista adelantó que éstas se fortalecerán con las de otras organizaciones.
Lol Kin
afirmó que no buscarán un acercamiento con los obispos, porque "ellos no
tienen intención en dialogar; ellos tienen un dogma de fe que van a imponer
cueste la violencia que cueste. Por eso acudimos a Segob; si los obispos
quieren participar en política, no solamente tienen que alzarse las sotanas,
sino modificar las leyes".
Para
Alejandro Brito, director de Letra S, los obispos han tenido una clara
intromisión en las leyes del país y lo que está "en juego es el carácter
laico de las instituciones".
"La
Secretaría de Gobernación está paralizada ante la beligerancia de las Iglesias.
Su actitud tendrá que ser más contundente", señaló Brito.
Recordó que
desde el año 2000, empezó la discusión con las sociedades de convivencia.
"Llevamos 16 años discutiendo este tema. En ese año una tercera parte de
la población estaba a favor del
reconocimiento, hoy ya es la mayoría. Sí ha habido un cambio".
Pero en donde
aún se mantiene un prejuicio, reconoció Brito, es en la adopción. "Ahí si
hay una fuerte oposición, pero solo con un cambio cultural y promoviendo el
respeto a la diversidad se logrará. Por eso, uno de los acuerdos con la
Presidencia de la República es que se elaboren campañas educativas para
combatir la homofobia".
Religiosos documentan casos de
intolerancia
Ira N.
Forman, enviado especial del combate al antisemitismo dependiente de la oficina
de Religión y Asuntos Globales del Departamento de Estado de Estados Unidos, se
reunió el pasado viernes con líderes, miembros de la sociedad civil y
autoridades religiosas, para tratar el tema de la libertad en ese ámbito y de
posibles actos de intolerancia o antisemitismo.
Convocados
por la representación diplomática en México, asistieron el presbítero Omar
Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial de la Sociedad de San
Pablo (CCM), y Guillermo Gazanini Espinoza, colaborador del centro y asesor
parlamentario en la Cámara de Diputados. Los analistas presentaron al enviado
especial el reporte del CCM sobre sacerdotes perseguidos y asesinados en los
dos últimos sexenios.
A su vez,
Óscar Moha, director de la Asociación Libertad y Dignidad, expuso ante los
funcionarios estadunidenses que tienen registrados 163 casos de intolerancia religiosa;
sin embargo, la Secretaría de Gobernación solo reconoce 22 ante la dirección de
Asuntos Religiosos en este sexenio.
Oaxaca,
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Jalisco, informó, son los estados con
mayor número de actos de intolerancia religiosa. Además, en las 30 oficinas
estatales de Asuntos Religiosos la mayoría de los encargados (95%) son
improvisados, sin experiencia.
Fuente: Milenio
Julio/25/2016
www.libertadguerrero.net
0 comments :
Publicar un comentario
Por favor, ingresa tu correo electrónico para poder contactarte posteriormente... Gracias por visitarnos.