CIUDAD DE MÉXICO ► El Senado impedirá que las pruebas conseguidas mediante
tortura sean tomadas en cuenta por el juez, incluso quien haya presentado la
prueba será sujeto de investigación por parte de una fiscalía especial.
Así lo plantean los senadores en el proyecto
de ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
“Serán excluidas, por carecer de valor
probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como las pruebas
obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos”, destaca.
El documento precisa que el juez debe ordenar
que se excluyan estas pruebas por haberse obtenido a través de la violación a
los derechos fundamentales y estará obligado a dar parte a la fiscalía especial
que corresponda. Estas fiscalías las deberán de tener todas las procuradurías
del país.
Diversos especialistas, nacionales e
internacionales, solicitaron al Senado prohibir este tipo de pruebas, medida
que se tomó en un capítulo especial en el proyecto de ley.
Entre los que se han pronunciado
recientemente en contra de las pruebas obtenidas mediante tortura están los
integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes enviaron una
carta al Senado para dar sus propuestas en materia de desaparición forzada de
personas.
“Es imperativo rechazar las pruebas obtenidas
bajo tortura para personas imputadas de cualquier delito, incluyendo la
desaparición forzada. Las declaraciones y otras pruebas obtenidas por medio de
tortura, malos tratos u otras formas de coacción no deben admitirse en ningún
procedimiento. La única excepción son los malos tratos o torturas que son
presentadas en una causa como prueba de los abusos cometidos contra el presunto
culpable”, destaca el GIEI.
La carta fue dirigida a los presidentes de
las comisiones de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos del Senado, el
pasado 11 de abril.
Cabe recordar que entre sus propuestas en
materia de desaparición forzada de personas, el GIEI planteó un cuerpo de
jueces federales especializados en derechos humanos que autoricen allanamientos
y escuchas telefónicas para casos de desaparición forzada.
Fuente: Agencias
Mayo/02/2016
www.libertadguerrero.net
0 comments :
Publicar un comentario
Por favor, ingresa tu correo electrónico para poder contactarte posteriormente... Gracias por visitarnos.