ESTRICTAMENTE
PERSONAL
❍ El
error de Canales
[Por Raymundo Riva Palacio]
En sus respuestas
para declararse inocente frente a la demanda por fraude que interpuso Paula
Cusi -la última esposa de Emilio Azcárraga Milmo-, por la venta del 16.6% de
sus acciones de Televisa, Ernesto Canales busca confundir. La señora no ha
probado la acusación, dijo el zar anticorrupción de Nuevo León –lo que no es
correcto-, y añadió que hay dos juicios paralelos, civil y mercantil,
pendientes de resolución. En el pantano en el que se hunde, precisamente el
tema de esos juicios paralelos son los que permitieron descubrir los elementos
para que lo demandarán: un cobro de cinco millones de dólares que exigió a la
señora Cusi por los servicios que él y su entonces socio, César Francisco
García Méndez, devengaron en el litigio de la sucesión testamentaria de El
Tigre Azcárraga.
La transmisión de acciones y
propiedades se dio en mayo de 2011, en un acuerdo que la señora Cusi creía era
para que Televisa dejara de perseguirla judicialmente y encarcelarla, además de
un finiquito de 50 mil pesos, negociado por Canales y García Méndez con los
representantes de la televisora. Pero según los expedientes del caso, el pago
por cinco millones de dólares, era algo que no entendía. ¿Por qué si el
finiquito había sido por 50 mil pesos querían ese monto? La señora Cusi
contrató otros abogados para que le ayudaran en este nuevo litigio.
Los detalles de cómo se enteró la
señora Cusi de lo que Canales y García Méndez habían hecho a sus espaldas,
aparece contenido en los autos del juicio civil de este último en contra de la
viuda de Azcárraga Milmo. En el proceso, los nuevos abogados de la señora Cusi
pidieron los detalles del convenio sobre la transmisión de las acciones a
Canales y García Méndez, quienes se negaron a entregarlos bajo el alegato de
que existía un acuerdo de confidencialidad, por lo que interpelaron a Televisa.
Como resultado, la empresa entregó al juzgado copias de las escrituras públicas
66219, 66284 y 66285.
Las dos primeras fueron firmadas el 28
de abril, tras la cesión que hizo la señora Cusi de “todos y cada uno de sus
derechos” de la sucesión de El Tigre a Emilio Azcárraga Jean, mediante el
finiquito de 50 mil pesos. La tercera fue firmada un día después de que se
suscribiera la “Carta de Instrucción” del 17 de mayo, donde Canales y García
Méndez indicaban a Televisa la forma como debía pagar seis millones de dólares
en dos entregas, una el mismo día, y la otra 10 después, a Summer Stream, C.V.,
la empresa de Canales registrada en Holanda, como contraprestación para Cusi.
Igualmente, los abogados de la señora Cusi pidieron al juzgado que los
notificara de cualquier acción que pudieran emprender sus antiguos
representantes.
Así encontraron otro conejo en la
chistera. Los nuevos abogados de la señora Cusi recibieron en el Sexto Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito un sobre cerrado donde Canales,
en una carta a la señora Cusi fechada el 21 de octubre de 2011,hacía una
rendición de cuentas sobre todo el proceso de sucesión testamentaria en donde
reconocía el pago de los seis millones de dólares y subrayaba que, a petición
de ella, se haría ese pago a los abogados por concepto de honorarios, y se
realizarían depósitos que no la vincularan a ellos. Es decir, detallaban lo que
contenía la “Carta de Instrucción”. Esta carta, como se señaló en la entrega
anterior de esta columna, nunca le fue entregada a la señora Cusi, quien
tampoco dio las órdenes de proceder como las mencionó Canales. El
descubrimiento de esa carta se dio meses después de haberse escrito.
Cuando la encontraron los abogados de
la señora Cusi, lo denunciaron. En una notificación al juez Sexto de lo Civil
de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el
abogado Jacinto Guillén expuso: “Vengo a inconformarme categóricamente con la
rendición de cuentas supuestamente realizada por el C. Ernesto Canales Santos…
toda vez que es contraria a derecho por estar sustentada en hechos falsos, toda
vez que mi mandante no le instruyó para que dispusiera dicho señor de la
cantidad de seis millones de dólares en ninguna forma, ni que retuviera dicha
cantidad de dinero por ningún concepto, mucho menos como dicho señor lo
manifiesta en su espuria rendición de cuentas”.
La documentación en actas contradice
todo lo expuesto por Canales en los últimos días a través de los medios de
comunicación, y muestra que varias de sus declaraciones son opuestas entre sí.
Canales fue llamado a comparecer este lunes por el Congreso de Nuevo León, a
donde aceptó ir, en palabras del Secretario General de Gobierno del Estado,
Manuel González, pero para hablar de su actuar público, no de su vida privada.
Está equivocado.
La demanda de un fraude, contra el zar
anticorrupción o contra cualquier persona en el servicio público, no es un tema
privado al afectar directamente al gobierno que representa. En este caso, el cuestionamiento de su
probidad en una demanda por fraude, afecta al gobernador Jaime Rodríguez, El
Bronco, quien hizo de la lucha contra la corrupción su principal bandera
electoral. ¿Cómo cumplir cabalmente con lo prometido cuando el responsable está
acusado por los delitos que dice combatir? Le estorba Canales a El Bronco en su
cruzada contra la corrupción. Es decir,
es un lastre que hay que descargar para salvar el barco.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
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opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.]
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