BAJO
FUEGO
❍ Amapola
[Por José Antonio Rivera Rosales]
Por supuesto que sí:
la legalización de la heroína sería el principio del fin de la violencia
criminal que mantiene aterrorizada a miles de familias guerrerenses.
La propuesta del gobernador Héctor
Astudillo es innovadora y realista, aunque debe definirse con mayor precisión
para determinar alcances y circunstancias inherentes que permitan condiciones
de viabilidad.
En agosto del año pasado, en este mismo
espacio anotamos que, “si las drogas se legalizan y son reguladas por el Estado
-por lo menos las drogas blandas, como la marihuana-, entonces se acabó el
negocio y, por consecuencia, ya no habrá rutas ni territorios que disputar por
las diferentes bandas que se dedican al trasiego y comercialización de las
drogas”.
Es bastante factible, aunque nadie
podría asegurarlo, que tampoco existirían los delitos asociados a la violencia,
los que desde luego tendrían más atención y recursos por parte del Estado
Mexicano, observábamos más adelante en el mismo texto titulado entonces
“Regulación de las drogas”.
Esto es lo que, en efecto, en el pasado
reciente procedieron a instrumentar países con democracias avanzadas, como los
nórdicos y los llamados Países Bajos que, así, convirtieron un problema
policiaco y de seguridad nacional en un problema de salud pública.
Contra lo que pudiera pensarse, el
costo de tal transición resultó ser significativamente menor que mediante la
aplicación del modelo persecutorio, el cual en México ha costado más de 150 mil
vidas además del costo de operaciones del aparato persecutor, que incluye a las
diferentes dependencias militares, corporaciones policiacas, ministerios
públicos, jueces y un sistema carcelario a punto de reventar.
Más que la simple legalización, es la
regulación del mercado de drogas por parte del Estado Mexicano la única salida
viable para conjurar la violencia criminal que mantiene atenazado a un sector
de la sociedad guerrerense que, por las buenas o por las malas, colabora con la
economía subterránea que genera una riqueza abrumadora al crimen organizado,
mientras la otra parte de la comunidad se mantiene paralizada, expectante,
rezando para no ser víctima de este fenómeno que, además, genera una grave
distorsión de la economía mexicana.
Pero, además, si una iniciativa tan
innovadora será impulsada por el gobernador, es pertinente no esperar tiempos
adicionales dado que informaciones calificadas apuntan a que el fenómeno de la
producción y consumo de heroína está al alza, lo que preludia en términos
proporcionales una nueva escalada de violencia para los próximos años.
InSigth Crime, la fundación que
investiga el crimen organizado en América Latina, en uno de sus últimos
reportes relata que, en respuesta a una encuesta, en 2015 un gran total de 681
mil personas habían consumido heroína el año anterior, contra 373 mil personas
que habían contestado en afirmativo el año 2007. Es decir, un incremento del
ciento por ciento en ocho años.
Según diversos parámetros citados por
InSight Crime, financiada por la fundación Open Society, entre 2013 y 2015 el
consumo de heroína se incrementó un 65 por ciento en el mercado negro
norteamericano, que es el principal centro de consumo de la heroína producida
en el estado de Guerrero.
Otro indicador, ahora de Naciones
Unidas, apunta a que el 38 por ciento de la heroína que circula en los Estados
Unidos proviene nada menos que del estado de Guerrero, que se alza así con el
primer lugar nacional en producción de goma de opio, de donde se deriva la
heroína. Es un dato nada alentador.
InSigth Crime abunda que, según cifras
oficiales de la Secretaría de la Defensa, las tropas mexicanas incautaron 257
kilogramos de heroína en 2014, lo que se traduce según la misma fuente en 42
por ciento más que lo decomisado en 2013.
Pero estas cifras de decomiso de droga
apenas son un indicador de la producción real de goma de opio de la Sierra
Madre del Sur, operaciones en las que participan miles de familias guerrerenses
obligadas por el hambre y la miseria. Cálculos independientes consideran que el
valor estimado de la producción de goma de amapola en la región sobrepasa los
10 mil millones de dólares. De ese tamaño es el negocio.
Por otra parte, la fundación de
investigación, que cita reportes oficiales, establece que entre 2013 y 2014 los
choques armados en Guerrero obligaron a emigrar -más bien, a huir- a dos mil
900 personas.
Sin embargo, estamos ante un reporte
con datos nada exactos: ya en 2013 un conteo periodístico estimaba en más de 7
mil las personas que habían abandonado la sierra, en grupos o por sí solas,
huyendo de la violencia de las bandas delincuenciales. Esos datos incluían
migraciones forzadas en ambos lados de la cordillera, tanto en el litoral
costero -municipios de Petatlán, Tecpan, Atoyac y Coyuca de Benítez-, como en
su vertiente interior -municipios de Coyuca de Catalán, San Miguel Totalapan,
Ajuchitlán y Tlacotepec-.
Es decir, precisamente en los
municipios con mayor producción de amapola. Como vemos, la producción de
amapola en la Sierra Madre del Sur es una cuestión de vida o muerte.
Por eso es bienvenida una propuesta tan
progresista y visionaria del gobernador Astudillo que, sin embargo, debe buscar
la manera de acompañarla con políticas públicas integrales y decididas que
permitan revertir tan caótica situación. Su decisión final será juzgada por la
historia.
[Usted acaba de leer un
artículo de opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.]
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