ESTRCITAMENTE PERSONAL
❍ La
boda (frustrada) de La Maestra
[Por Raymundo Riva Palacio]
El pasado 23 de diciembre, Luis Antonio
Lagunas presentó una solicitud de matrimonio en el Registro Civil de la ciudad
de México, cuya ceremonia se llevaría a cabo en una casa en Cuajimalpa. La
solicitud no era una de tantas. Lagunas pretendía desposar a Elba Esther
Gordillo, la exlíder del sindicato de maestros presa desde hace tres años por
delincuencia organizada, fraude y lavado de dinero. La boda estaba programada
el dos de enero de este año, fecha en que estaban seguros estaría en su casa,
en prisión domiciliaria, como consecuencia de un amparo que su defensa busca
desde enero de 2015 por razones de edad y salud. El amparo no llegó. Pese a las
muchas fallas, omisiones y errores de la PGR en la acusación, un juez le dio la
razón.
La programada boda es uno de los episodios
más extraños en el litigio y que más intriga, por la secrecía con la que la
manejó. Personas cercanas a ella aseguran que en ningún momento comunicó a su
familia, o a su abogado Marco del Toro, su intención de casarse con Lagunas,
quien fue contratado por su defensa cuando la detuvieron para servir de enlace
permanente de la maestra con Del Toro. El abogado se convirtió en un gestor
eficiente de las necesidades de la maestra y un facilitador de trámites para
toda su familia. Lagunas salió del despacho de Del Toro a finales de 2014, pero
la maestra lo contrató para seguir atendiéndola.
Lagunas no es un abogado penalista, pero
tenía experiencia en asuntos penitenciarios. Conforme pasó el tiempo, Lagunas
se convirtió en la persona que más tiempo pasaba con ella, aunque personas
cercanas a ella dicen que nunca notaron una relación más allá de la
profesional. Sin embargo, de acuerdo con la documentación presentada en el
Juzgado Undécimo del Registro Civil de la ciudad de México, Gordillo y Lagunas
estaban decididos a casarse. La boda se celebraría el 2 de enero en la casa en
Cuajimalpa donde ella, esperaban, estaría confinada en prisión domiciliaria,
enfrentando el proceso en su contra.
La solicitud de matrimonio fue acompañada con
el acta de nacimiento de la maestra y una copia de su pasaporte, donde se
registra su fecha de nacimiento el 6 de febrero de 1945 (tiene 71 años) en
Comitán, Chiapas, mientras que él presentó su credencial del IFE y una copia de
su acta de nacimiento, donde se lee que nació en Chilapa de Álvarez, Guerrero
el 23 de agosto de 1983 (tiene 32 años). Presentaron también un convenio de
separación de bienes, firmado por los dos contrayentes. Las firmas que aparecen
en el documento fueron cotejadas con sus firmas en otros documentos y se ven
iguales. Lagunas presentó como comprobante de domicilio un recibo de Telmex con
la dirección de un departamento en el edificio blanco que se encuentra en
Reforma 222, donde la maestra tiene varias propiedades. No se sabe si la
dirección del recibo telefónico corresponde a un inmueble propiedad de ella.
La boda no se concretó. La solicitud fue
rechazada porque Lagunas nunca presentó la copia certificada del amparo y
faltaron las actas de nacimiento originales. La lucha por lograr que enfrente
su proceso en su domicilio ha sido tortuosa. El 8 de febrero el Tercer Tribunal
Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, le concedió a la maestra un
amparo para reponer parte del procedimiento por el cual se le negó el beneficio
de la prisión domiciliaria. En respuesta, los ministerios públicos federales
interpusieron un recurso en contra de esa sentencia para evitar que la
resolución sea revocada. Una vez más el amparo regresó al Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito, que había fallado previamente en contra de
la maestra.
La defensa de Gordillo alega además de la
edad, su salud. Por ley, después de los 70 años puede tener el beneficio de la
prisión domiciliaria, a lo que se le añaden dos aneurismas que tiene y un
deterioro del único riñón que le queda. Si bien la boda es del ámbito privado,
el estado de salud emocional que sugiere la secrecía de la boda de su familia y
abogado, al mal estado físico en el que se encuentra, la posibilidad que el
ajuste de cuentas político del gobierno, tenga consecuencias funestas, la
coloca en el campo del interés público.
El trato contra la maestra ha contrastado con
el trato a narcotraficantes. Por ejemplo, la PGR dejó salir en libertad en 2013
a Rafael Caro Quintero, sentenciado a 40 años por narcotráfico y el asesinato
del agente de la DEA, Enrique Camarena en 1985, con lo que cambió para siempre
la relación entre México y Estados Unidos, y que provocó un conflicto político
con Washington. En septiembre pasado, un juez federal concedió la prisión
domiciliaria a Ernesto Fonseca, de 85 años, acusado por los mismos delitos que
Camarena.
Es más fuerte el odio a ella que a los
narcotraficantes. La conserjería jurídica de la Presidencia contrató abogados
externos para cabildear en los juzgados contra el amparo de la maestra, y sumó
a esa presión, sin tener atribución para ello, al jefe de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz. La boda
frustrada es más que una anécdota en este caso. Con el paso del tiempo se
incuba con mayor solidez la percepción que su detención y proceso, es una
venganza política.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
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artículo de opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.]
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