REPORTERA: DANIELA PASTRANA | FOTÓGRAFA: XIMENA NATERA
REPORTE ESPECIAL ► Las 18 cajas de focos ahorradores que el gobierno
federal distribuye a través de las tiendas de Diconsa en las comunidades
rurales del país están apiladas en la comisaría de Tlanipatlán de las Limas,
una comunidad del municipio de Teloloapan. Lucen nuevecitas y sin abrir. No se
han entregado porque la tienda rural está cerrada desde que el encargado se fue
del pueblo. Y porque en Tlanipatlán hoy quedan más focos ahorradores que gente.
Nadie ha venido a
recogerlos, según dice el comisario, Gonzalo Guzmán. Su figura de no más de
metro y medio parece aún más pequeña cuando se sienta detrás del escritorio, al
final del galerón que presume como “la comisaría más grande de todo el
municipio”, que de poco sirve porque no ha habido un solo detenido en todo el
año.
La cárcel no se utiliza,
pero no extraña. Tampoco la iglesia ha tenido misas. Al menos no desde mayo,
cuando la gente se fue, harta de que las bandas criminales que se disputan el
control de esta zona, en la parte baja de la sierra de Guerrero, los obligaran
a darles comida. El colmo fue lo de las vacas, cuenta un campesino que se largó
del pueblo poco antes del éxodo: “Había que darles de comer, no una vez, sino
15 días. Tenía que ser con un becerrito o unos borregos o unos chivos. Nada de
pollos… pollos ya no querían”.
En dos semanas se fueron
todos. En el pueblo, de casi 400 habitantes, quedaron cuatro personas. Lo mismo
pasó en otras comunidades del mismo municipio de Teloloapan. Como en Rincón del
Vigilante, donde no quedó uno sólo de sus 120 pobladores, o Laguna Seca, donde
se cuenta que los armados fusilaron a dos campesinos en presencia de todo el
pueblo.
Los habitantes de estas
comunidades forman parte de la cuenta de desterrados de Teloloapan, la puerta
de entrada a la Tierra Caliente en Guerrero y el que más desplazamientos
masivos ha vivido en este 2015. El Ayuntamiento tiene un registro de más de mil
personas forzadas a emigrar, sólo entre febrero y mayo.
La pesadez del silencio
Tlanipaltlán de las Limas
no se parece a otras comunidades pobres de Guerrero. Sus casas de adobe pintan
de cuadritos rojos un cerro verde y majestuoso. Desde el camino, parece un
pueblo de cuento. Pero las casas cerradas con candado y la pesadez del silencio
en las calles dejan claro que se trata de un cuento de miedo.
Un miedo que se extiende
a otras comunidades como Liberaltepec y San Felipe Ocote, en el vecino
municipio de Apaxtla, a 20 minutos de aquí, donde el 19 de septiembre, apenas
dos semanas antes de esta visita, se asegura que 60 hombres armados sitiaron
los pueblos. Durante tres días, cortaron las comunicaciones y nadie pudo entrar
ni salir de esos poblados.
Tlanipatlán quedó meses
vacío. La gente ha ido regresando a cuentagotas, aunque no saben si van a
quedarse. Sobre todo los viejos, que en la víspera de la fiesta patronal de San
Francisco de Asís se afanan en hilvanar flores de cempasúchil para el festejo.
“Estos son todos mis
ciudadanos”, dice el comisario, señalando a medio centenar de personas reunidas
en su casa para la fiesta.
Un rápido pase de lista
permite contar 10 adultos en edad productiva, 24 ancianos y 14 niños. Estos
ciudadanos lidian cada día con la falta de antídoto para el alacrán, que la
secretaría de salud no ha traído hace meses, porque temen llegar hasta allá. En
las elecciones de junio, los pocos habitantes de esa comunidad tuvieron que ir
a votar a Oxtotitlán, un pueblo vecino, porque ni siquiera se juntaron las 100
personas necesarias para mantener su casilla.
A la escuela
telesecundaria van dos de los 40 estudiantes que tenía, más o menos igual están
la primaria y el jardín de niños.
La violencia de los
grupos criminales que pelean el territorio acabó hasta con la banda del pueblo
(que en sus mejores épocas llegó a tener dos buenas agrupaciones) y con las
fiestas, aunque dice el comisario que el 15 de septiembre sí hicieron el ritual
del Grito de Independencia.
“Todo esto era sembradío
de maíz, ahora no hay maíz, unos tenían ganado y ahora ¿cuál ganado?... Se fue,
se acabó todo —dice un hombre de 84 años, con la mirada en el campo— ¿Por qué
les voy a tener miedo? ¿Qué cosas me han de quitar? Si no tengo… solamente el
cuero viejo”.
121 desplazamientos
El desplazamiento masivo
se define como la movilización simultánea de 10 o más núcleos familiares por
una misma causa, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMPDPDH), que entre 2008 y 2014 documentó 121 episodios de
este fenómeno como consecuencia de enfrentamientos entre cárteles y fuerzas de
seguridad pública, intolerancia religiosa y conflictos políticos.
Se van de sus pueblos y
apenas llevan lo que pueden cargar.
La quinta parte de esos
desplazamientos ocurrió en Guerrero, un estado que en el último año duplicó su
récord y se convirtió en el líder del desplazamiento forzado por la violencia en
México. Según los datos de la CMDPDH, Guerrero concentró 40% de los 23
desplazamientos masivos que hubo en el país entre enero de 2014 y febrero de
2015 y que implicaron el destierro de más de 9 mil personas. Los mayores
desplazamientos del estado ocurrieron en los municipios de Apaxtla, Teloloapan,
San Miguel Totolapan, Chilpancingo, Atoyac, Chilapa y Acapulco.
“Las personas que han
sido forzadas a desplazarse internamente no cuentan con mecanismos ni
instituciones para su protección o asistencia”, dice el informe que presentó la
organización.
Teloloapan, la cabecera
municipal, tiene 12 policías desarmados para proteger a 62 mil habitantes
distribuidos en las 176 comunidades del municipio.
Hace un año eran 80, pero
después del ataque a los normalistas rurales en Iguala, todos los policías
municipales del estado recibieron la orden de someterse a una evaluación de
confianza. Sólo 15 de los policías de Teloloapan se presentaron a la prueba y los
demás pidieron su baja voluntaria, aunque nadie investigó por qué. De los 15,
sólo 12 pasaron el examen, pero la Policía Federal, que asumió la coordinación
del Operativo Tierra Caliente, los mandó a encargarse de labores
administrativas.
“Más allá de lo que
podamos hacer nosotros, necesitamos realmente la entrega y la disposición por
parte de la federación. Que se apliquen operativos reales, no solamente
simulacro como los que se han dado”, dice en entrevista el alcalde Robell
Urióstegui, de extracción perredista
Es su primer día de
trabajo como presidente municipal.
El anterior alcalde
ejerció sus tres años de gobierno con chalecos antibalas y escoltado por
federales, pues poco antes de tomar posesión circuló un video en el que
supuestamente se comprometía con La Familia —dijo que había sido forzado— a
nombrar un jefe policiaco que no los atacara.
Robell Urióstegui dice
ahora que con el presupuesto de 2 millones de pesos mensuales que tiene para
seguridad va a echar a andar el sistema de cámaras del C4, y que ya está en
pláticas con la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de un
cuartel en el municipio, y con lo que asegura que tendrá “un poquito de
tranquilidad”.
Para el cuartel se
donaron ya 60 hectáreas, ahora sólo tiene que resolver otro problema: la mitad
del terreno está invadido por gente que necesita vivienda.
Mientras tanto, el
gobierno municipal ha comenzado a construir dos refugios para posibles
desplazados y el alcalde ya evalúa la opción de tener un fondo destinado a su
atención en alguna contingencia. Porque, reflexiona, “¿qué culpa tienen (los
desplazados) de que las autoridades no tengamos la capacidad en este momento
para poder abatir el problema de la delincuencia?”.
Fuente: Animal Político
Enero/04/2016
www.libertadguerrero.net
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