ESTRICTAMENTE
PERSONAL
❍ Alianzas tóxicas
[Por Raymundo Riva Palacio]
Por primera vez en la larga memoria, el
Gobierno mexicano ha fijado al de Estados Unidos la agenda informativa en la
investigación sobre los probables enlaces criminales de las celebridades de
Hollywood. Lo marcó desde la mañana del 8 de enero, cuando el Presidente
Enrique Peña Nieto recibió la confirmación de la recaptura de Joaquín El Chapo
Guzmán de Vidal Soberón, Secretario de la Marina, y se decidió en una reunión
del gabinete de seguridad en Los Pinos, que la vertiente sobre la industria del
entretenimiento sería enfatizada en los días por venir en medios mexicanos
seleccionados. Lo que siguió fue una catarata de información de inteligencia
–prácticamente ninguna de ella puesta a disposición del ministerio público
federal-, en la cual la perla más morbosa, insidiosa y de mayor combustible
para el imaginario colectivo, fueron las conversaciones entre la actriz Kate
del Castillo y el jefe del Cártel del Pacífico.
Las conversaciones difundidas en la prensa,
resultado del trabajo de inteligencia del CISEN y la Marina, no tenían
realmente una bala de plata que demostrara una relación criminal entre la
señora Del Castillo y Guzmán. Un funcionario federal explicó que esos diálogos,
una vez judicializados, entrarían a la investigación como piezas de un rompecabezas.
Con la información que tenía la PGR, sugirió, esas conversaciones irían
corroborando y confirmando las sospechas de que los vínculos entre ambos eran
más que negocios coyunturales. Los medios habían servido como vehículos de
excelencia para darle el pretexto a la PGR de abrir nuevas líneas de
investigación a partir de las grabaciones publicadas.
Cuando se quitan los reflectores de la
investigación y se disipa la tolvanera que levantó, varias preguntas quedan sin
respuesta. Por qué, si las grabaciones son parte de la investigación y se
supone que fueron intercepciones telefónicas autorizadas por un juez, fueron
difundidas a través de la prensa. Por qué, si pueden ser utilizadas dentro de
la averiguación previa, se entregaron a la prensa algunos de los segmentos más
picantes y emocionalmente más perturbadores.
Queda la duda si, cuando anunció la PGR que
las incorporaría en la averiguación,
existe la posibilidad de que fueran grabaciones ilegalmente obtenidas, o
si hay un interés oculto, personal o relacionado directamente con la
investigación. En todo caso, la consecuencia de los materiales que tienen que
ver con su fuero interno, en particular las conversaciones con un tono
personal, han creado la impresión de que sí tuvo que ver con un criminal. Es
decir, el juicio popular la encontró culpable.
En este punto, lo que fue un acierto del Gobierno al enfocar el tema
post-captura de El Chapo en la industria del entretenimiento, con lo cual le
dieron aire al tema, llenaron todos los espacios de opinión pública y evitaron
que de un activo se convirtiera rápidamente en un problema por la falta de
credibilidad oficial, se ha convertido en un búmeran. Llevar al tribunal
popular a la señora Del Castillo, es permear que es culpable. Falta a la PGR
demostrar los delitos por los que se le investiga y proceder en su contra, pero
aún cuando se llegue a ello, en otras áreas del Gobierno, le hicieron un enorme
daño al proceso. A la señora De Castillo le han violado sus derechos
fundamentales.
Aún no se construye una acusación formal en
su contra, y se están colocando los pilares para que se alegue, si llegara a
darse el proceso, una violación al debido proceso. El caso de la señora Del
Castillo es similar al de la francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro
y delincuencia organizada, a quien la Suprema Corte de Justicia dejó en
libertad hace tres años por considerar que se le habían violado sus derechos
fundamentales. La decisión se apoyó en el dictamen del ministro Arturo
Zaldívar, que al describir la forma como se violaron los derechos de la
francesa, lo llamó el “efecto corruptor”.
Entre las circunstancias que se consideran
dentro del “efecto corruptor”, se encuentran que “la conducta de la autoridad
haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que
conlleven a la falta de fiabilidad de todo el material probatorio”, y que “la
conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que
se afecte en forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión”.
Esto conduce a que se vulnera la presunción de inocencia como regla de trato,
por lo que el acusado no recibe un juicio justo.
El ministro Zaldívar apuntó en una de sus
afirmaciones centrales: “Dada la trascendencia de una acusación en materia
penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a
fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra. Sin embargo, de
nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el
delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer
públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo”.
La señora Del Castillo no es la señora
Cassez. La primera ni siquiera ha sido acusada de nada, mientras que la segunda
ya había sido sentenciada. Sin embargo, lo que la Suprema Corte tomó como
prueba de que se violaron sus derechos, lo que popularmente se conoció como “el
montaje”, una recreación de su captura, es menos grave, se puede alegar, que
las dos semanas de linchamiento mediático contra la actriz. Si llegara a ser
acusada y procesada o no, resulta irrelevante en la esfera pública, donde ha
sido sentenciada: culpable.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
[Usted acaba de leer un
artículo de opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.]
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