ENTRESEMANA
•Gobernadores omisos
[Por Moisés Sánchez Limón]
Sin duda no fue
improvisado lo dicho por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
respecto de las responsabilidades que tienen los ex gobernadores de Guerrero,
Ángel Heladio Aguirre Rivero y Rogelio Ortega, en la violencia que vive aquella
entidad.
Apenas en alcance del
reproche presidencial, el pasado 30 de octubre, a gobernadores y presidentes
municipales con aquello de que no existen pretextos para cumplir con sus
obligaciones porque, “lo que no se vale, lo que no es admisible para el orden
particularmente municipal es evadir la tarea pretextando no tener suficientes
recursos, no tener suficientes capacidades y a veces, hasta nadar de muertito y
dejar que esta tarea para hacerla otros”.
Ello sería indicativo
de que, en ese renovado ánimo de poner orden en Michoacán y Guerrero, donde las
cenizas de aquel fuego que no se apagó por completo, han reavivado, la decisión
presidencial es acabar con impunidades y falsos amiguismos porque, como lo
acotó Peña Nieto en su momento, apenas unos meses después de haber asumido la
Presidencia de la República, “el Presidente no tiene amigos”.
En ese sentido se
atisba la voluntad de retirar el manto protector al ex amigo presidencial,
Ángel Heladio Aguirre Rivero, cuya declaración ministerial respecto del caso
Iguala-Ayotzinapa es desconocida, aunque presumida y hasta falseada ante
diputados federales integrantes de la Comisión Especial Legislativa en torno de
la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Y es que, frente a la
pretensión de la delincuencia organizada de incendiar al estado de Guerrero
mediante el uso y manipulación de los normalistas que un día sí y el otro
también roban, vandalizan y atemorizan a la población, se ha decidido aplicar
la ley y llamar a cuentas a quienes, por omisión e irresponsabilidad dejaron
crecer un conflicto cuyos motivos son históricos en la región de Tierra
Caliente y La Montaña guerrerense y una parte importante de ese eje en el
estado de Michoacán.
En consecuencia,
acorde con esa alusión de Osorio Chong bien se ajustan los casos de los ex
gobernadores de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy como
responsables, por lo menos por omisión, de esta espiral de violencia que ha
llevado a la entidad a estadios de vida que influyen sobremanera en la
migración y expulsión de mano de obra.
Porque si de aplicar
la ley se trata, el sistema mexicano se las pinta solo y cuando quiere echa el
guante a funcionarios corruptos. Sin medianías ni actos de autoritarismo,
simplemente con voluntad política para aplicar las sanciones. Pero, parejo.
Veamos. En el Título
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimoniales del Estado,
los artículos del 108 al 114 establecen las sanciones a que se harán acreedores
“por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas
funciones”.
El artículo 108
refiere que “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo,
sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden
común.
“Los gobernadores de
los Estados, los diputados a las Legislaturas locales, los magistrados de los
Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los
Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta
Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos
y recursos federales.
“Las Constituciones
de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer
párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el
carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión
en los Estados y en los Municipios”.
Las herramientas
jurídicas y penales existen, un empujoncito de voluntad política oxigenaría el
escenario del ejercicio presidencial porque guerrerenses, michoacanos,
oaxaqueños, chilangos y vecinos de otras entidades como Chiapas que han sufrido
a las movilizaciones magisteriales y de otros sedicentes luchadores sociales,
están hartos de esta situación.
Pero, vaya, el
objetivo está en esos personajes que transitan impunes. Reitero lo referido en
este espacio hace unas semanas cuando pregunté a Lázaro Cárdenas Batel que
opinaba de que se le acusa de haber provocado, junto con Leonel Godoy, la
crisis de inseguridad y crecimiento del crimen organizado. Sonrió y evitó
responder. Impunidad.
Y el presidente de la
Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, abona en esos linderos de
impunidad cuando descalifica a Osorio Chong y dice que éste busca explicar la
violencia en Guerrero de manera facilona, cuando es vox populi con evidencias
documentadas la inacción de Aguirre Rivero y de su interino Rogelio Ortega.
“La violencia se
desató porque no se formaron instituciones, no formaron nuevos policías, no los
capacitaron y no había controles de confianza, por lo que era muy difícil tomar
la acción que le correspondía al gobierno de Guerrero, y se lo dijimos al
gobernador Aguirre y al gobernador interino”, dijo el secretario de
Gobernación.
No, esa no es
explicación facilona, es evidencia de que el gobierno de Peña Nieto ha llegado
al límite de soportar descalificaciones y que los responsables de la
inseguridad y violencia focalizada anden por la vida impunes.
¿Le llegó la hora al
amigo Aguirre Rivero? ¿Quién o quiénes caerán en Michoacán? Silvano Aureoles
ofreció aplicar la ley; Héctor Astudillo Flores está en el momento de hacer lo
mismo. Ambos tienen los pretextos en las movilizaciones con las que los dueños
de la industria de la protesta los recibieron en el arranque de sus
administraciones. ¿Gobernadores omisos? Digo.
VIERNES. De
madrugada, en la discusión del dictamen del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2016, en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, Gustavo
Madero despertó a medio mundo con la estridencia discursiva. Anda muy
beligerante. Conste.
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Vanguardia Digital
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