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| Filadelfo Sánchez y Juan Mendoza, asesinados. |
CIUDAD DE MÉXICO ► El
periodismo avanza entre tumbas en México. Las últimas son las de Filadelfo
Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado. Al primero le esperaron a la salida
de la redacción, al otro lo secuestraron en su coche. Un tiro y un atropello.
Sus muertes, ocurridas en menos de una semana y en dos Estados cargados de crímenes
contra la libertad de expresión, vuelven a poner a México frente al espejo de
la terrible inseguridad que sufren los periodistas. Sólo en
Veracruz y Oaxaca, donde se registraron los dos últimos casos, han matado
a siete informadores desde 2014, casi la mitad que en todo el país. No hay
parangón en América.
Filadelfo Sánchez
Sarmiento dirigía la estación de radio La Favorita, en el municipio
de Miahuatlán, en Oaxaca. El jueves, al salir de la emisora, fue sorprendido
por dos sicarios. Siete balazos acabaron con su vida. Tanto la autoría como la
causa permanecían ayer en la oscuridad. Pero Sánchez Sarmiento, el locutor
estrella de La Voz de la Sierra Sur, había recibido, como sus
compañeros, amenazas de muerte de poderes locales y el narco. El mismo monstruo
oscuro que el pasado 2 de mayo secuestró, torturó y mató de cuatro tiros en la
nuca al conocido locutor oaxaqueño Armando Saldaña Morales.
La última vez que se vio
con vida a Juan Mendoza Delgado fue el martes pasado en la localidad veracruzana
de Medellín Bravo. El periodista, que dirigía un modesto portal de noticias
locales llamado Escribiendo la verdad, se dirigía a cumplir su turno de
taxista, trabajo que compatibilizaba con sus tareas informativas. El jueves por
la tarde su cadáver fue hallado con signos de violencia. Supuestamente lo habían
matado pasándole un coche encima. Su muerte fue considerada un asesinato por la
organización de defensa de la libertad de expresión Article 19.
El crimen de Mendoza
Delgado trajo a la memoria el reciente caso de Moisés Sánchez Crespo, el editor del
pequeño semanario comunitario La Unión, en el mismo
municipio.
También trabajaba como
taxista y también denunciaba los supuestos abusos en la localidad. El pasado 2
de enero, nueve hombres armados y encapuchados irrumpieron en su casa. Delante
de su mujer y sus hijos, le arrebataron el ordenador, la cámara de fotos y el
teléfono móvil. Después, se lo llevaron. Ese mismo día fue degollado. La
orden supuestamente había partido del jefe de la Policía Local y escolta del
alcalde, principal sospechoso. A diferencia de otros casos, destinados al
olvido, este desató una fuerte ola de solidaridad. La impunidad con que se
perpetró el asesinato, pero sobre todo la macabra suma de casos en Veracruz,
ante la indiferencia de las autoridades del Estado, gobernado por el polémico
Javier Duarte, que intentó restar importancia al crimen alegando que era un
taxista, detonaron una ola de protestas que culminaron con una durísima carta
abierta de 300 intelectuales y 20 organizaciones y la decisión de los
directores del encuentro cultural Hay Festival de cancelar su edición
en Xalapa, capital de Veracruz.
Las dos nuevas muertes
vuelven a confirmar lo que es un diagnóstico bien conocido. México, con 86
asesinatos desde 2000, es uno de los países más peligrosos del mundopara
ser periodista. Y Oaxaca y Veracruz, sus puntos negros. “Esta ola de muertes es
fruto de la impunidad. Hay actores políticos y criminales que aún ven la eliminación
de periodistas como una solución a sus problemas, y se sienten con licencia
para hacerlo. Lo demuestra que en Veracruz y Oaxaca hayan muerto más de la
mitad de los periodistas asesinados desde 2014”, señaló Javier Garza, experto
del proyecto Periodistas en Riesgo, de Freedom House.
Las víctimas escogidas
por el narco o las autoridades suelen ser informadores modestos. Periodistas
rebeldes de medios pequeños ysin capacidad de defensa. En la mayoría de los
casos, según Garza, las muertes vienen precedidas del secuestro y la
consiguiente tortura. Y las investigaciones pocas veces culminan en la
detención de los verdaderos culpables. En estas condiciones, el ejercicio de la
libertad de expresión se convierte en muchas zonas de México, como Tamaulipas o
Veracruz, en una ficción. Y los propios diarios evitan las informaciones
vinculadas al narco. A la muerte, el linchamiento o simplemente la amenaza, le
sigue la autocensura. Es la ley del silencio. Y quien la rompe, paga. Las
muertes de Filadelfo Sánchez Sarmiento y Juan Mendoza Delgado lo recuerdan.
Por Jan Martínez Ahrens | El País
Julio/06/2015
www.libertadguerrero.net
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