MADRID ► España
se convertirá a partir de este martes en un país en el que las manifestaciones
estarán prohibidas y serán objeto de multas millonarias. El gobierno del
derechista Mariano Rajoy aprobó gracias a la mayoría absoluta de su Partido
Popular (PP) la polémica Ley Mordaza, que entró en vigor a partir de este día
tras superar todos los trámites parlamentarios y legales necesarios. Con ella,
el gobierno pretende acallar la protesta social y criminalizar a los colectivos
sociales más activos en los últimos años en la lucha contra las políticas de
austeridad.
Al entrar en vigor la
nueva Ley General de Seguridad Ciudadana se endurecen las sanciones y se
restringen a lo ancho y a lo largo los actos y convocatorias para denunciar o
protestar. Para la mayoría de los colectivos sociales y de todos los partidos
de oposición; se trata de una ley “mordaza”, con tintes “franquistas” que pone
en evidencia la “desesperación, torpeza y nerviosismo” del gobierno español
ante el descontento social hacia a sus políticas de austeridad y los recortes a
los servicios públicos básicos.
A partir de este martes,
cualquier ciudadano, nacional o extranjero, que realice actos de protesta o
convoque a una marcha en las inmediaciones del Congreso de los Diputados o de
cualquier sede gubernamental podrá estar sujeto a una multa de hasta 600 mil
euros (10 millones de pesos).
También se sancionará a
quien realice plantones en calles centrales, fotografíe, filme o difunda
imágenes de policías, quien lleve a cabo acciones de boicot o protesta en
centrales nucleares o aeropuertos, como lo ha hecho en numerosas ocasiones la
organización ecologista Greenpeace. Y así hasta una larga lista en la que
se detalla tanto el acto sancionable como la potencial multa, que será de entre
entre los 600 euros hasta 600 mil euros.
La ley se aprobó tras un
intenso periodo de protestas con la oposición unánime de los demás grupos
parlamentarios, que vieron en la nueva legislación una vulneración flagrante de
los derechos básicos de manifestación y expresión, además de una forma de
criminalizar a los colectivos sociales que han luchado en los últimos años
contra los desahucios, las estafas bancarias o los recortes a los servicios
públicos, sobre todo en los rubros de salud y educación. Pero además de
intentar frenar a los activistas mediante las altísimas multas, la nueva
legislación permitirá la llamada “devolución en caliente” de migrantes que
crucen la frontera de Ceuta y Melilla y que podrán ser repatriados a Marruecos
sin previa mediación de la justicia.
En materia del trato a
los ciudadanos extranjeros, la nueva ley prohibirá a partir de ahora las
llamadas “redadas indiscriminadas por razones étnicas”, que se realizaban sobre
todo en los centros urbanos más importantes, y que consistían en detener e identificar
a toda persona que por su aspecto físico pareciera extranjera. Estas redadas,
que se instauraron durante el anterior gobierno del socialista José Luis
Rodríguez Zapatero, afectaban sobre todo a ciudadanos latinoamericanos y
africanos.
Ante la entrada en vigor
de la nueva ley, un grupo de activistas de Greenpeace realizó una protesta que
no podrá ser penalizada, pues se efectuó horas después de que comenzó a
funcionar la nueva legislación, y que consistió en colgar de una grúa enfrente
del Congreso de los Diputados una enorme pancarta en la que se leía “Sin
mordazas”.
En un comunicado,
Greenpeace aseveró: “Esta ley carece de justificación, ya que no hay problemas
graves de seguridad ciudadana en España. Está pensada para silenciar con multas
las voces que critican la gestión del gobierno y las consecuencias de la crisis
social, ambiental y económica producto de la corrupción, los recortes sociales
y de derechos, o la privatización de los servicios públicos”, señaló en un
comunicado la organización. Y añadió que “en la práctica, la nueva ley
establece serias limitaciones a las libertades de expresión e información, de
reunión pacífica y de asociación y ello contraviene las obligaciones
internacionales del Estado Español en materia de derechos humanos”.
Greenpeace advirtió que
“a partir de mañana serán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el
Ministerio de Interior quienes interpreten cómo debemos ejercer nuestros
derechos de expresión y manifestación y dada la presunción de veracidad del
testimonio de los miembros de la fuerzas de seguridad, se podrán atribuir
conductas ilícitas a los ciudadanos sin que haya quedado probado que participaron
en las mismas”.
La Plataforma No Somos
Delito convocó a manifestaciones en varias ciudades españolas -en Madrid
asistieron más de mil personas quienes rechazaron la legislación. Para la
plataforma, el acento legal está puesto en parar las mareas ciudadanas: “Ambas
medidas sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como
parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles. O lo que es lo mismo,
castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta, con lo que es una ley propia
de sistema dictatoriales”, señaló el grupo.
Fuente:
Agencias
Julio/01/2015
www.libertadguerrero.net
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