BAJO FUEGO
•Cuentas
claras
[ Por José Antonio Rivera Rosales ]
A seis meses de
la tragedia de Iguala, el derrotero tomado por la inconformidad social depauperó su camino al surgir una disputa
interna en las filas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación
de Guerrero (CETEG), cuyos métodos terminaron por distanciar al movimiento de
protesta del resto de la comunidad guerrerense.
Como decíamos en
una entrega anterior, la violencia como método nunca fue el camino que debió
tomar la protesta social generada a raíz de los infames acontecimientos
ocurridos en septiembre pasado, método que finalmente agotó su repertorio
frente a un estado al que no le importa nada más que sí mismo, y una sociedad
guerrerense que transitó del apoyo moral irrestricto, a una condición de
molestia creciente causada fundamentalmente por la avanzada violenta de las
marchas.
Esa avanzada, que
en principio generó condiciones mediáticas favorables a la protesta social, se
convirtió en un pesado fardo que en un momento dado llegó a confrontar a los propios
ciudadanos de a pie.
La CETEG,
principal respaldo de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa,
terminó con su combativo modelo de inconformidad a partir de la confrontación
ocurrida el 24 de febrero, cuando efectivos de la Policía Federal desataron una
represión indiscriminada contra los contingentes que se manifestaban ese día,
entre los cuales figuraban normalistas, cetegistas y mentores del SUSPEG.
La agresión de
los federales alcanzó inclusive a periodistas y algunos ciudadanos que
transitaban circunstancialmente por ese lugar.
Pero ya antes,
ese mismo día y en el mismo lugar, los maestros de la avanzada habían agredido
verbalmente a los reporteros de diferentes medios de información que cubrían la
marcha, insultándolos e instándolos a abandonar el espacio. Hay videos que
documentan ese episodio. En su lamentable y limitada visión, esos mentores
confunden a los reporteros, que son simples trabajadores de la comunicación,
con los medios, que son los empleadores, generalmente responsables de la línea
editorial.
Como sea, a
partir de esa fecha comenzó la división en el seno de la CETEG al extremo de
que un mes después la dirigencia formal que encabeza Ramos Reyes Guerrero
acordó la expulsión de integrantes de la Comisión Política, entre ellos Antonia
Morales, Walter Enmanuel Añorve y Manuel Salvador Rosas, a quienes en el
interior se imputa haber provocado deliberadamente la represión que terminó con
la vida del profesor Claudio Castillo Peña, después convertido en mártir de la
causa.
Empero, tocará a
las instancias internas de la CETEG deslindar responsabilidades internas en la
conducción de ese movimiento, ahora distanciado de la sociedad guerrerense,
como a la Fiscalía General del Estado (FGE) hacer lo propio en materia penal
-con la esperanza de que, efectivamente, sean llevados ante los tribunales los
policías federales que causaron el bestial homicidio del profesor Castillo
Peña-.
Sin embargo, por
lo que toca a lo enteramente social habrá que detenerse en este punto para deslindar
responsabilidades financieras que atañen tanto a la CETEG como organización
magisterial -no sólo a los actores ahora en pugna-, sino al Movimiento Popular
Guerrerense (MPG), la organización en
cuyo accionar se inscriben, y a Tlachinollan, el grupo de derechos humanos que
defiende la causa.
Información
extraoficial confiable apunta a que, durante las constantes tomas de las
casetas sobre la Autopista del Sol -que protagonizaron normalistas locales y
foráneos, cetegistas y militantes del MPG-, en total se estima en unos 70
millones de pesos la cantidad expropiada, por decirlo de esa manera, a las
empresas privadas propietarias de la concesión. Ya no se diga los robos de
productos de empresas de alimentos chatarra y daños a decenas de vehículos.
Dada la dinámica
de los acontecimientos en los seis meses transcurridos, resulta claro que la
mayor parte de las veces los desplazamientos se llevaron a cabo en vehículos
retenidos, operados con combustible robado.
Así las cosas, no
está de más preguntar: ¿A dónde fue a parar todo ese dinero?
Sería
comprensible que una parte se haya utilizado para alimentar a cientos de
manifestantes que participaron de tiempo completo en la protesta social. Pero
aún así, esa necesidad habría requerido un gasto de unos dos o tres millones de
pesos, cuando mucho. ¿Y el resto?
A los padres y familiares de los normalistas
desaparecidos, de acuerdo con transcendidos confiables, se les suministraban
dos mil pesos semanales para su alimentación y gastos de traslado. Lo cual nos
deja con la misma interrogante sin responder.
Otro dato
perturbador, también procedente de una fuente fidedigna, señala que desde
países del exterior llegaron donaciones por el equivalente de 6, 7 u 8 millones
de pesos que habrían sido recibidos por Tlachinollan, específicamente por
Vidulfo Rosales, dinero destinado en teoría para auxiliar a los padres de los
desaparecidos. Pero nadie ha informado nada sobre esos recursos. Y los
familiares de los jóvenes desaparecidos parecen no haber recibido ningún
auxilio financiero hasta el momento.
Entonces ¿qué es
lo que está pasando tras bambalinas? ¿Cuáles son los intereses que se mueven
detrás de la tragedia? ¿Estamos al borde de un acontecimiento más allá de
nuestra comprensión? ¿Cuán profunda es la división en el movimiento social?
¿Cuáles serán las consecuencias para la sociedad mexicana en lo general y la
guerrerense en lo particular?
Lamentablemente,
parece que no tardará mucho tiempo para conocer las respuestas a estas
preguntas. Ya lo dijo el EZLN: se avecina algo terrible.
Usted acaba de leer
un artículo de opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.
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