CIUDAD DE MÉXICO ► El pleno del Senado de la República aprobó y
turnó a los congresos estatales la reforma constitucional que crea el Sistema
Nacional Anticorrupción, el cual busca prevenir, investigar y sancionar los
hechos de corrupción que se den en los tres niveles de gobierno.
En la sesión
ordinaria se aprobó por 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones las
reformas a los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114,
116 y 122 de la Constitución.
Sin cambios
respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados, se establece que dicho
sistema será una instancia autónoma, de coordinación entre autoridades de todos
los órdenes de gobierno, para la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y el control de recursos públicos.
Las
modificaciones otorgan mayores facultades a la Auditoria Superior de la
Federación, al eliminarse el principio de anualidad, es decir, podrá auditar en
tiempo real fondos y fideicomisos, no sólo públicos sino también privados, que
manejen recursos federales, y se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción.
En materia de
declaración patrimonial y de conflictos de intereses, los servidores públicos
estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos
que determinen las leyes aplicables.
También
estarán obligados a presentar no sólo su declaración patrimonial, sino además
sus declaraciones de intereses, que serán una herramienta para prevenir el
tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito de funcionarios, a sus
familiares y amigos.
El Senado
tendrá la facultad de ratificar el nombramiento del secretario de la Función
Pública, que tiene como fin garantizar la imparcialidad de esa institución, que
tiene a su cargo los procesos de control y fiscalización del gobierno federal.
La reforma
propone el procedimiento de extinción de dominio en casos de enriquecimiento
ilícito. Para la prescripción de sanciones administrativas graves, se aprueba
ampliar el plazo a siete años por las faltas administrativas graves que prevé
la legislación secundaria.
Establece que
se impondrán sanciones a los particulares vinculados con actos de corrupción,
que consistirán en inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución
o intervención de la empresa y la obligación de reparar los daños al erario.
Al
fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales, Enrique Burgos García, expuso que por vez primera en la
historia del país, habrá un marco jurídico e institucional de mayor amplitud y
alcances, coordinado, congruente, sistemático y ordenado para prevenir,
detectar y sancionar a los tres poderes de la Unión y a los tres órdenes de
gobierno.
En tanto, el
presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas
Rodríguez, afirmó que si bien el sistema representa apenas un paso adelante, es
importante que cobre vigencia, para detener la corrupción que, desafortunadamente,
ya se convirtió en una forma de gobierno.
La senadora
Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional (PAN), argumentó a nombre
de su bancada que la corrupción le cuesta a México 1.5 billones de pesos al
año, cifra que representa 10 por ciento del Producto Interno Bruto, 45 veces
más el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El senador
Armando Ríos Piter, del PRD, consideró que este Sistema Nacional Anticorrupción
será incompleto si no se logra eliminar el fuero a todos los servidores
públicos y fortalece el tema del conflicto de intereses entre funcionarios y
empresas privadas.
Por ello, el
legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pronunció para que
en un año se modifique y mejore este marco legal.
Al respecto,
la senadora priista Lilia Merodio Reza defendió los alcances de la reforma y
agregó que “aquí se han mostrado algunos ejemplos, y yo recuerdo que no es
escondiendo a un diputado electo en una cajuela, que haciendo uso del fuero se
proteja así con impunidad, como tampoco a los que vitoreaban en templetes a
Abarca, que hoy precisamente se encuentra en la cárcel”.
El senador
Ernesto Cordero Arroyo, del PAN, aseveró que no se debe engañar a los
ciudadanos al aseverar que con esta legislación se avanzará en la erradicación
de la corrupción, e indicó que en esta reforma “no se toca al Presidente de la
República, a los gobernadores, ni a los presidentes municipales, lo cual deja
intacta una gran laguna para la opacidad”.
Para la
discusión en lo particular se reservaron 10 artículos y propuestas de adición
en cinco más. Una vez que se avale en lo particular se turnará a los congresos
estatales para su ratificación, por tratarse de una reforma constitucional.
Por Staff de Redacción
Abril/21/2015
www.libertadguerrero.net
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