El
informe destaca que entre 2005 y 2013 solo hubo cinco sentencias condenatorias
por torturas. Las torturas acaban en la muerte, y esta viene seguida de la
desaparición. Para las mujeres, al catálogo de horrores se suma la
violencia sexual
CIUDAD DE MÉXICO ► Veinte
palabras bastan para el escalofrío. “La tortura y los malos tratos en la
detención son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”.
Así arranca el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, las
conclusiones del informe sobre la visita que hizo a México del 21 de abril al 2
de mayo pasado.
El escrito, que será presentado en
marzo y al que ha tenido acceso este periódico, revisa los fallos del
sistema de seguridad mexicano y traza un aguafuerte en el que pocos
escapan a su crítica: “Hay evidencias de la participación activa de las fuerzas
policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas
armadas, pero también de la tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de
algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.
En sus recomendaciones, el relator pide
que se ponga fin a una herencia de la presidencia de Felipe Calderón(2006-2012):
el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública. También exige la
eliminación del arraigo, la polémica figura que permite, en el curso de una
investigación por crimen organizado y con orden judicial, mantener encerrada 40
días (prorrogables) a una persona mientras se decide si se presentan cargos
penales. Esta práctica, muy empleada en la guerra contra el narco, viola, según
Méndez, la presunción de inocencia y expone al detenido a torturas. Su eficacia
también la cuestiona: “De más de 8.000 personas arraigadas desde 2008, sólo el
3,2% habría recibido condena”.
El punto de partida del informe, que
aún es susceptible de modificaciones, es la guerra contra el narco iniciada
en 2006. Esta ofensiva, que llegó a movilizar en su apogeo a 50.000 soldados,
disparó las quejas por torturas y malos tratos: si en los seis años anteriores
a 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos había registrado un promedio de
320 denuncias; en 2012 superaron las 2.100. Con la llegada de Peña Nieto,
estas reclamaciones se redujeron un 30%, pero muchos de los factores que las
propiciaron, según el relator, sobreviven.
El enviado de la ONU establece que la
tortura en México se utiliza predominantemente durante la detención y con
objeto de obtener confesiones sobre el crimen organizado. Las víctimas suelen
proceder de sectores pobres o marginales. El modo de operar, según las
denuncias recogidas en el escrito, muestra un inquietante patrón. Los captores,
vestidos de civil y encapuchados, no suelen llevar orden judicial ni informan
de los motivos de la captura. Luego, llega la pesadilla: “Las personas son conducidas
con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares,
donde continúan las torturas: golpes con puños, pies y palos; toque con
dispositivos eléctricos (chicharra), generalmente en los genitales;
asfixia con bolsa de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca,
desnudez forzada, suspensión, amenazas, insultos”.
Todo ello puede durar días. A veces,
indica el relator, las torturas acaban en la muerte, y esta viene seguida de la
desaparición. En el caso de las mujeres, al catálogo de horrores descrito se suma
la violencia sexual: “Desnudez forzada, humillaciones verbales, manoseos en los
senos y genitales, introducción de objetos en los genitales y violación
reiterada y por varias personas”.
La persecución de estos abusos no
ofrece para el relator de la ONU resultados tranquilizadores. El informe
destaca que entre 2005 y 2013 solo hubo cinco sentencias condenatorias por torturas.
El motivo es que, a su juicio, ni los registros de detención ni los exámenes
médicos recogen bien los abusos. A partir de ahí, todo rueda cuesta arriba.
“No existe control adecuado sobre la
legalidad de la detención ni del plazo para la presentación al ministerio
público; no se accede a una defensa adecuada en forma inmediata; las
declaraciones se prestan sin intervención judicial ni presencia del abogado; no
se inician investigaciones de oficio ni se excluyen de oficio pruebas obtenidas
bajo tortura; y se hace una interpretación restrictiva e incorrecta del
Protocolo de Estambul”, sostiene el informe.
Pese a este deterioro de las garantías,
el relator admite que, en los últimos años, se ha avanzado en la lucha contra
esta lacra. Las leyes han empezado a sacar de la jurisdicción militar las
violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, se ha
ampliado el perímetro de protección de los detenidos y se han establecido
protocolos que “fortalecen las salvaguardias”. Todo ello no ha logrado, sin
embargo, “revertir la imperante impunidad”.
En este contexto, el relator muestra su
extrema preocupación por la “inaceptable tragedia de Iguala”, donde “las
autoridades municipales en colusión con el crimen organizado hicieron
desaparecer forzadamente a 43 estudiantes normalistas, ejecutaron a otros seis,
algunos con torturas, e hirieron a más de 20 personas”. Para el enviado de la
ONU esta matanza ha de servir de aldabonazo y propiciar una reforma estructural
en seguridad.
El presidente mexicano, Enrique Peña
Nieto, anunció en diciembre pasado un amplio paquete de medidas
legislativas y ejecutivas para acabar con la impunidad. Entre ellas
figuraba la desaparición de la Policía Municipal, profundamente infiltrada por
el narco, la intervención en ayuntamientos corruptos, y una legislación
especial contra la tortura y los malos tratos. Este periódico trató sin éxito
de recabar la versión de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón.
“Coincidimos con el informe. La tortura
sigue siendo generalizada y se da en el periodo entre la detención y la puesta
a disposición judicial. Y aunque ha habido un descenso, los casos siguen siendo
seis veces más que en 2003”, señaló el director de Amnistía Internacional
en México, Perseo Quiroz.
Por Jan Martínez Ahrens | El País
Febrero/27/2015
www.libertadguerrero.net
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