El precandidato a la gubernatura le “tira la
bolita” a su sustituto en la presidencia municipal, Luis Uruñuela; el ex secretario de Salud en Guerrero, Lázaro Mazón también habría incurrido en irresponsabilidad en su función como servidor público
ACAPULCO ► Era
responsabilidad de los gobiernos estatal (de Guerrero) y municipal (de
Acapulco) verificar el adecuado funcionamiento de Cremaciones El Pacífico,
negocio ubicado en los suburbios acapulqueños, donde la madrugada de este
viernes fueron hallados 60 cadáveres embalsamados y cubiertos de cal que tenían
una antigüedad de seis meses.
Así se establece tanto en la Ley
General de Salud de la entidad como en el Reglamento para Cementerios
acapulqueño. Las autoridades de ambos niveles de gobierno tenían la potestad de
sancionar y clausurar el establecimiento si no funcionaba adecuadamente. Y, por
supuesto, ambos gobiernos estaban obligados y facultados para cerrar el lugar
si operaba clandestinamente.
Eran Lázaro Mazón, ex secretario de
Salud estatal (también promotor del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, hoy
detenido por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa), y Luis Walton,
alcalde con licencia de Acapulco y aspirante a la gubernatura para contender en las elecciones
de junio próximo, los responsables de aplicar la ley estatal y hacer valer el reglamento
municipal.
Funcionarios de ambos gobiernos
confirmaron que desde mayo y junio del año pasado realizaron
“inspecciones” en el lugar, ya que había quejas ciudadanas por los olores
putrefactos que emanaban del sitio, se percataron de que estaba “abandonado”,
pero… no hallaron cadáveres porque… no los buscaron. Tampoco procedieron ante
denuncias de la operación clandestina del local.
Lázaro Mazón, en brevísima charla intentó deslindarse y arrojar la responsabilidad hacia Felipe de Jesús Kuri,
subsecretario de Regulación, Control y Fomento Sanitario.
“A él le tocaba. Lleva cuatro años en
el cargo. Yo prefiero mantenerme alejado de estos temas…”, fue lo único que
declaró.
Walton, alcalde de Acapulco hasta el
pasado 26 de enero, se había comprometido a una breve entrevista,
pero finalmente no contestó las llamadas y sus colaboradores indicaron que lo
del crematorio y los cadáveres se trata de un asunto de su sustituto, Luis
Uruñuela, presidente municipal desde hace semana y media, ya que él ahora
“trata asuntos de su candidatura al gobierno estatal” y no esos temas de
gobierno.
El artículo 14 del Reglamento de
Cementerios de Acapulco establece que “las autoridades sanitarias municipales
deberán estar informadas del estado que guardan los cementerios y hornos
crematorios (…) públicos y privados, para lo cual se les inspeccionará
periódicamente”.
El artículo 15 señala que “el H.
Ayuntamiento” y sus servicios sanitarios están autorizados (…) para ordenar su
clausura temporal o definitiva cuando estimen que constituyen un peligro para
la salud pública”.
El artículo 34 establece que la
Dirección de Salud y la Dirección de Panteones y Velatorios “verificarán que el
establecimiento, funcionamiento, conservación y operación de los hornos
crematorios públicos y concesionados sea en óptimas condiciones” de acuerdo con
lo que establecen las leyes y reglamentos municipales, estatales y federales.
El artículo 40 manda que los cuerpos
sean cremados en un máximo de 48 horas después de la muerte de las personas.
La Ley de Salud del estado establece en
su artículo 15, apartado B, inciso III, que corresponde al Ejecutivo del estado
por conducto de la Secretaría de Salud, “en materia de salubridad local,
vigilar y procurar condiciones adecuadas de saneamiento en (…) cementerios,
crematorios y funerarias (…)”.
En el artículo 23, apartado B, inciso
I, la ley establece que es responsabilidad del gobierno estatal y su Secretaría
de Salud constatar el buen funcionamiento de esos negocios y servicios: “Ejercer
el control sanitario de los establecimientos y servicios a que se refiere el
artículo 15 apartado B de esta ley y verificar su cumplimiento”.
El fiscal general de Guerrero, Miguel
Ángel Godínez Muñoz, informó que ya se giró un oficio de presentación en contra
del dueño del horno crematorio, Guillermo Estua Zardain. Pidió apoyo a
autoridades federales y a la Interpol.
En conferencia de prensa celebrada la tarde del viernes, el fiscal
explicó que los 60 cadáveres pertenecen a hombres, mujeres y niños. El
funcionario descartó en principio que se trate de un asunto de narcos: “Hasta
el momento no tenemos indicios de delincuencia organizada”.
Dijo que luego de una serie de estudios
de genética, antropología forense, criminalística y fotografía se podrá
determinar las causas, fecha y hora de las muertes. Sin embargo, se informó que
los cadáveres llevan un semestre así:
“Lo que sí podemos establecer es que
tienen más de seis meses de fallecidos”, explicó el coordinador general de
Servicios Periciales, José Manuel Martínez Hernández.
Según los primeros indicios, todo
indica que se trata de un fraude cometido contra un número indeterminado de
familias que llevaron cuerpos de sus seres queridos a ese crematorio donde no
fueron incinerados. A cambio se les entregaba algún tipo de arcilla.
El comisionado nacional de Seguridad,
Monte Alejandro Rubido, señaló: “Todas las hipótesis que hay hasta el momento
señalan que se trata de un hecho fraudulento de los propietarios del
crematorio, que recibían los cuerpos y, en lugar de incinerarlos, simplemente
los encalaban y les entregaban a las familias algún otro tipo de ceniza”.
Por Javier
Trujillo
Febrero/08/2015
www.libertadguerrero.net
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