ESTRICTAMENTE PERSONAL
• Guerrero:
“La Línea de la Esperanza”
[ Por Raymundo Riva Palacio ]
Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los tres estados más pobres de México.
Tierras sometidas por caciques, han vivido décadas de represión y marginación.
Entre los tres hay dos millones y medio de indígenas que de los desfavorecidos,
son los más excluidos. Chiapas, Oaxaca y Guerrero, componen la cuenca del
descontento que en los dos últimos años ha vivido en convulsión. O mejor dicho
insurrección, detonada por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, que
prendió los motores de la rebelión social para concretar La Línea de la
Esperanza, el proyecto que busca darle una vida libre e independiente a esa
región.
La Línea de la Esperanza fue diseñado por el EPR y del ERPI, que forman las viejas ramas
militares de las guerrillas en Oaxaca –más ideológica- y Guerrero –más
militarista-, de acuerdo con documento en manos de autoridades federales desde
la primavera del año pasado. Lo que buscan es instaurar una nación indígena en
la cuenca más pobre de la nación, en donde todo el sistema de organización
social recaiga en ellas. Es un programa mucho más ambicioso que los municipios
autónomos que creó el EZLN, que son espacios territoriales donde el Estado
Mexicano está ausente.
El documento fue entregado al CISEN y
revisado durante las reuniones del grupo intergubernamental que se reúne todas
las semanas en la ciudad de México para analizar la seguridad en el estado. Sin
embargo, de acuerdo con funcionarios, no se hizo nada. Palabras como
“insurrección” o “guerrillas” no parecen haberles significado nada a los
responsables de la seguridad del Estado. Tanto que el CISEN desmanteló su
división de movimientos armados, lo que explica porqué durante al menos los
primeros 30 días después de la desaparición de los normalistas, pese a la densa
actividad guerrillera, el presidente Enrique Peña Nieto nunca recibió un
informe que lo alertara de la variable guerrillera en Guerrero.
Desde mediados de noviembre se mencionó en
esta columna que el EPR y el ERPI, con sus organizaciones fachada en
el frente de masas guerrillero, articuladas por la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación, las policías comunitarias y una parte del clero
radical, impulsaban la consolidación de una nación indígena, para beneficiar al
15% de la población en Guerrero, el 34% en Oaxaca y el 26% en Chiapas, mediante
el sometimiento del resto de la población en esa franja del sur del país, y la
claudicación del Estado Mexicano a administrar la cuenca del descontento.
Los municipios donde se concentra la fuerza
de la insurrección son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla,
Coyuca de Catalán, Malinaltepec, Metlátonoc, Olinalá y Tecoanapa, donde operan
las guerrillas del EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del
Ejército del Pueblo, el Comando Justiciero 28 de Junio, y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias del Pueblo, que confirma las informaciones previas de que los
grupos armados se habían unificado bajo el mando de los eperristas.
En este espacio se describió el árbol de la
insurgencia en Guerrero, donde un papel central lo tiene la Coordinadora de
maestros, que dirige Ramos Reyes Guerrero, a quien vinculan las autoridades con
el Ejército de Liberación Nacional, una escisión del EPR que secuestró al
abogado panista Diego Fernández de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa, en la
legión de La Montaña y tiene como lugartenientes, vinculados también con las
guerrillas, según el CISEN, a los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac
–hermano de Lucio Cabañas, el dirigente guerrillero histórico-, Taurino Rojas,
simpatizante del EPR, en Metlatónoc, y Florencio Andreu Castañeda, en Olinalá.
Otros líderes del magisterio disidente, como Minervino Morán, ex vocero
magisterial, es simpatizante del ERPI.
Morán pertenece al Frente Popular
Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la guerrilla, que
encabeza Omar Garibay Guerra, que participa en el Movimiento Popular
Guerrerense (MPG), del que es líder Ubaldo Segura Pantoja, dirigente de la
Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, un frente del
EPR, donde participa Bertoldo Martínez Cruz, dirigente del Frente de
Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la Tortura y la
Impunidad, al que vincula el CISEN con el ERPI.
En el MPG, cuya función central es articular los
vínculos a nivel nacional, está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico, abogado de los
familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales, quien ha
participado en actos de organizaciones fachada del ERPI. También se encuentra
la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, donde cuando menos tres de
sus dirigentes son jefes del ERPI, Ernesto Gallardo, comandante Neto,
Gonzalo Torres, comandante Gonzalo, y Crisóforo García, comandante Guerrero,
y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza Manuel Olivares,
defensor y adoctrinador en la normal de Ayotzinapa, señalado por las
autoridades como simpatizante del ERPI.
El EPR niega todas las vinculaciones con
organizaciones sociales, y afirma que quienes las realizan trabajan como
“mercenarios” de los órganos de seguridad del Estado. La realidad es que el
proyecto de liberación de La Línea de la Esperanza ha
ido avanzando sin que el gobierno federal muestre capacidad para frenar lo que
sería, de concretarse, la partición del sur mexicano.
Twitter: @rivapa
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