Los legisladores locales autorizaron a Ángel Aguirre Rivero que contratara
una línea de crédito por 865 millones de pesos para que endeudara al estado, en
septiembre del 2013; los recursos, según argumentaron, serían utilizados para
la reconstrucción tras la devastación del huracán “Manuel”
ACAPULCO ► Los
diputados locales de Guerrero, en especial Eduardo Montaño Salinas, son
cómplices del desvío de recursos cometido por la red de corrupción que encabezó
Carlos Mateo, hermano del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero,
responsable junto con exfuncionarios y parientes del desvío de más de 287
millones de pesos del erario federal y estatal.
Desde
el primer año del gobierno de Aguirre era un secreto a voces que, desde la
Secretaría de Finanzas y Administración a cargo de Jorge Salgado Leyva, había
malos manejos de los recursos públicos, sin embargo, los representantes
populares aprobaron sin objeción alguna las cuentas anuales de la hacienda
pública estatal correspondiente a los ejercicios fiscales 2012 y 2013.
Las Cuentas
Públicas del Poder Ejecutivo son entregadas a la Auditoría General del Estado y
posteriormente enviadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso del Estado, instancia encargada de elaborar el dictamen respectivo
para enviarlo al pleno de la legislatura para su aprobación respectiva.
BROTA LA CORRUPCIÓN
La
semana pasada quedó demostrado que en el gobierno aguirrista nunca existió la transparencia ni el manejo honesto de
los recursos públicos. Quedó demostrado también que los actos de entrega de los
informes financieros en el Congreso del Estado eran circo, maroma y teatro para
engañar al pueblo.
Carlos
Mateo, hermano del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, fue detenido el pasado miércoles
11 de febrero junto con Luis Ángel Aguirre Pérez, también familiar del
gobernador con licencia; así como los hermanos Pablo Ignacio, Mauricio
Francisco, Alejandro Carlos y Jorge Eduardo, todos de apellidos Hughes Acosta.
En una acción posterior, el jueves 12 de febrero fue detenido Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex secretario de Finanzas del Gobierno de Guerrero en la administración de Ángel Aguirre, junto con Henry Paul Hughes Alcocer y Víctor Felipe Hughes Acosta.
La
PGR acusa a dichas personas de ser parte de una red que durante toda la
administración de Ángel Aguirre Rivero desvió 287 millones 012 mil 594 pesos
del erario público. Hasta el momento no existe imputación en contra del
mandatario con licencia por las operaciones ilícitas, según advirtió Jesús
Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
Perredistas,
priístas, panistas e integrantes de Movimento Ciudadano, Nueva Alianza y
Partido del Trabajo, en total 46 diputados —entre ellos Ángel Aguirre Herrera,
hijo del ex gobernador— validaron, sin pena alguna y a espaldas del pueblo, los
informes financieros que presentó el gobierno aguirrista.
PRÉSTAMO PARA AGUIRRE
Pese
a las sospechas de malos manejos que eran del dominio público, los diputados se
confabularon con el primer círculo del gobierno estatal perredista, que entró
en funciones el 1 de abril del 2011, para aprobar una línea de crédito. El dictamen
estuvo a cargo del diputado presidente de la Comisión de Hacienda, el priísta
Eduardo Montaño Salinas.
Montaño
fue alcalde de Ometepec en el trienio 2005-2008, municipio donde tiene sentados
sus reales caciquiles su paisano Ángel Aguirre Rivero y sus parientes, que en
su mayoría fueron incrustados en cargos claves de la administración estatal,
especialmente donde se maneja dinero público.
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| Eduardo Montaño Salinas. |
El
11 de septiembre del 2013, dos días antes de que el huracán Manuel se abatiera sobre Guerrero, el
gobierno estatal solicitó la autorización del Congreso local para contratar una
línea de crédito hasta por 865 millones de pesos, recursos que, prometían entonces,
destinar para financiar actividades productivas.
La
Comisión Permanente del Congreso local recibió la solicitud para endeudar al
estado, firmada por el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el secretario general
de gobierno, Jesús Martínez Garnelo y el responsable de las finanzas en el
estado, Jorge Salgado Leyva.
En
el documento se solicitaba la autorización del Poder Legislativo para que el
estado contratara la deuda ante instituciones bancarias, asunto que se turnó a
la Comisión de Hacienda que, tras concluir el receso del periodo ordinario de
sesiones, llevó el dictamen al pleno instalado constitucionalmente el 13 de
septiembre.
Montaño
presentó la primera lectura del dictamen. Ese mismo día, mientras llovía a
cántaros, el gobernador celebraba en Casa Guerrero con la clase política,
empresarial y eclesiástica el bicentenario del Primer Congreso de Anáhuac.
Y
como el gobernador andaba de fiesta, no hubo quien ordenara a los cuerpos de
emergencia alertar, como había sugerido el Sistema Nacional de Protección Civil,
dependiente de la Secretaría de Gobernación, para que la población en peligro
abandonara las zonas de riesgo y se resguardara ante el peligro que
representaba la tormenta tropical Manuel.
Fueron
tres días de intensa lluvia a partir de la tarde del 13 de septiembre del 2013.
Varias zonas de Guerrero quedaron devastadas por el meteoro. Tres días después
reapareció Ángel Aguirre Rivero acompañando al presidente Enrique Peña Nieto
quien encabezó personalmente las acciones de auxilio a la población y puso en
marcha la reconstrucción a través del Plan Nuevo Guerrero.
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| La celebración de Aguirre en vísperas de la tragedia. |
Los
diputados integrantes de la 60 legislatura encontraron en la tragedia el
momento oportuno para autorizar, el 28 de septiembre del 2013, al gobernador
contratar una línea de crédito por 865 millones de pesos, que serían destinados
supuestamente para la reconstrucción de los daños provocados en Guerrero por el
fenómeno meteorológico Manuel.
De
acuerdo a las reglas de operación del Fonden, la Federación pone el 70% de los
gastos y el Estado, el restante 30%, por lo cual al gobierno del estado le correspondían
entonces mil 500 millones de pesos.
El
presidente de la Comisión de Hacienda, Eduardo Montaño Salinas, dijo que el
dictamen avala la autorización para dicho endeudamiento, cuyos recursos el
estado los destinaría para inversiones públicas productivas.
El
dictamen que fue aprobado por
unanimidad en lo general y con reservas en lo particular, destaca que
los recursos económicos de este crédito serían destinados para atender las
consecuencias derivadas del desastre natural ocasionado por la tormenta Manuel.
Y en
ese sentido, establece el dictamen, "dichos recursos económicos serán
manejados con estricta transparencia, austeridad y eficiencia dadas las
condiciones económicas que han traído como consecuencia la disminución de las
participaciones federales para el estado de Guerrero, y del desastre
natural".
El
documento señala que la contratación de deuda también podrá destinarse a la
atención de obligaciones del gobierno del estado con Instituciones de Seguridad
Social.
De
la misma manera, la autorización del endeudamiento por parte de la 60
Legislatura, garantizaba la continuidad de programas sociales como
"Mejorando nuestro entorno", "Atención a madres solteras",
"Guerrero uniformado" y "Atención a adultos mayores", que
podrían verse afectados por los recortes presupuestales.
LAS EMPRESAS BENEFICIADAS
Aunque
la investigación de la PGR ha detectado un desvío de 287 millones de pesos, a
través de las empresas con razón social “Constructora Travesa SA de CV”,
“Comercializadora 2003 SA de CV” y “Comercializadora Topacio SA de CV”, aún se
fiscalizan al menos 800 millones más que ejerció el gobierno estatal.
Dichos recursos se ejercieron en obras públicas licitadas por entidades como la
Comisión Federal de Electricidad, Banobras, Tesorería de la Federación,
Comisión Estatal del Agua, Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisión
de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria de Guerrero.
El
Ministerio Público de la Federación detectó que los beneficios que obtuvieron
dos de las tres empresas las llevaron a ganar contratos por mil 72 millones 175
mil 903 pesos.
Comercializadora
2003 S.A. de C.V fue beneficiada por contratos de más de 870 millones 243 mil
pesos, mientras que a la Constructora Trabesa S.A. de C.V. le fueron asignados
convenios por más de 201 millones 883 mil pesos.
Hasta
el momento han sido detenidas nueve personas; sin embargo, aún faltan por
cumplimentar nueve órdenes de aprehensión más en contra de funcionarios
públicos, entre ellos Jorge Salgado Leyva, ex secretario de Administración y
Finanzas durante el gobierno de Ángel Aguirre, así como la secretaria
particular del ahora ex funcionario.
Según
el esquema que estructuró la PGR, el consorcio Comercializadora 2003 S.A. de
C.V fue la que se utilizó más para el blanqueo, al detectar operaciones por más
de 260 millones de pesos; en tanto que en Comercializadora Topacio S.A. de C.V.
el monto fue de 20 millones de pesos, y en Constructora Trabesa S.A. de C.V. se
detectaron 7 millones 6 mil pesos.
OTROS DIPUTADOS ¿COMPLICES?
Cabe
señalar que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dictaminó las cuentas
públicas del gobierno aguirrista de
los ejercicios fiscales 2012 y 2013, mismas que fueron “aprobadas a ciegas” por
los diputados. Esa comisión es presidida por el perredista Oscar Díaz Bello y
de la misma es secretario el priísta Ricardo Taja Ramírez, quien también habría
obtenido contratos de obras para empresas constructoras de sus parientes.
Es
secreto a voces, que surgen en corrillos del Congreso del Estado y se difunden
por todo Guerrero, que los diputados locales reciben bonos económicos
especiales por dictaminar en comisiones y aprobar leyes y cuentas públicas que
envía el Ejecutivo estatal al Poder Legislativo.
Además,
el gobernador en turno otorga otros beneficios especiales para los allegados de
los representantes populares a través de obras, programas sociales, y emplea a
parientes y recomendados de los legisladores en cargos de la administración
pública, como parte de las negociaciones para “mantener la gobernabilidad”.
Pese
a todo ello, los integrantes de la 60 Legislatura ya están listos para saltar a
otros cargos de elección popular. Dos de ellos, Héctor Astudillo Flores (PRI) y
Jorge Camacho (PAN) quieren ser gobernadores del estado. Algunos como Ricardo
Taja (PRI), Germán Farías Silvestre (PRD), Bernardo Ortega Jiménez (PRD),
Alejandro Arcos Catalán (PRD), Marcos Efrén Parra Gómez (PAN), y Mario Ramos
del Carmen (MC), aspiran ser diputados federales.
Otros
desean convertirse en alcaldes como los priístas Eduardo Montaño Salinas
(Ometepec), Omar Jalil Flores Majul (Taxco de Alarcón) y Rubén Figueroa Smutny
(Acapulco); los perredistas Antonio Gaspar Beltrán (Chilpancingo) y Ana Lilia
Jiménez Rumbo (Zihuatanejo).
¿Y LA AGE?
Mención
especial merece la Auditoría General del estado (AGE) que, mientras estuvo a
cargo de Arturo Latabán López, se
permitió la opacidad tanto en el Congreso como en el Gobierno estatal, actuando
como cómplice de diputados y del gobernador Aguirre Rivero.
Y la
Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoria General del Estado, a cargo
del perredista Germán Farías Silvestre, duerme el sueño de los justos.
La falta
de congruencia queda demostrada. En Guerrero no hay transparencia en gastos
públicos, se manipula información sobre alcaldes que no rinden cuentas, y lo
que es peor, se dan facilidades a deudores y presuntos acusados de peculado,
para que salgan impunes de ese delito.
Los
recientes hechos demuestran que entre la clase política del estado hay
complicidad.
CINISMO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN
Como
es su costumbre, el diputado Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión
de Gobierno del Congreso y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD,
dijo con total cinismo que no detectaron irregularidades financieras
en el manejo presupuestal del gobierno estatal.
En
recientes entrevistas difundidas en medios de comunicación, el legislador asegura
con total descaro que no hay indicios de actos de corrupción, malversación de fondos ni
desvíos millonarios de recursos en las cuentas públicas del 2012 y 2013 del
gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
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| Circo, maroma y teatro en entrega de cuentas públicas. |
Ortega
Jiménez reiteró que la Auditoría General del Estado (AGE) no detectó
irregularidades, por ello el pleno del legislativo aprobó la cuenta pública
estatal del 2013, el 25 de noviembre del 2014.
En
ese entonces, sólo hubo un voto en contra de la cuenta pública del gobierno del
estado correspondiente al ejercicio fiscal 2013, mismo que emitió el
coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón.
DOCUMENTA LA ASF EL DESPILFARRO
La
Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene detectadas irregularidades en
el manejo de alrededor de mil millones de pesos en fondos federales entregados
al gobierno de Ángel Aguirre entre 2012 y 2013, parte de los cuales fueron mal
administrados, despilfarrados y hasta desviados del erario.
Cuentas
sin etiquetar, fondos regalados, proyectos perdidos: la ASF documentó en la
Cuenta Pública de 2012 que los reportes del primer año de gestión del ex
gobernador de Guerrero se asemejan a una especie de laberinto en el que salen
danzando millones de pesos.
Los libros
de la Secretaría de Finanzas aguirrista
están repletos de sueldos fantasma, pagos a aviadores, bonos inexplicables,
programas inexistentes, facturas que no cuadran, subejercicios sospechosos y
obras que se fondearon pero no se construyeron. Es un desorden que escaló hasta
convertir al gobierno de Guerrero en un evasor fiscal: no pagaba al SAT el ISR
en algunos casos.
En
el transcurso del presente mes de febrero, la ASF presentará ante la Cámara de
Diputados federal los resultados de la Cuenta Pública 2013-2014, en la que se
incluirá a detalle cuántos de esos servidores públicos fueron sancionados, así
como los resultados de la fiscalización del segundo año aguirrista.
En
lo que toca al ejercicio 2012-2013 —las revisiones de la ASF se hacen con un
año de retraso—, la escala de las irregularidades halladas va de lo nimio a lo
grave. En un extremo, hay casos como la compra de vacunas para perros con
fondos destinados a la atención médica de personas de escasos recursos. En
otro, cuando menos 10 incidentes en los que se registraron daños millonarios al
erario por parte de secretarías como las de Salud y Finanzas.
En
suma, miles de millones de pesos han sido despilfarrados en un estado pobre, que
tiene a cinco de los municipios con los más altos niveles de rezago social y
pobreza, entre ellos Atoyac, Cochoapa, Cutzamala, Chilpancingo y Pilcaya.
Pese
a lo anterior, los diputados locales de Guerrero aprobaron a ciegas las cuentas
públicas del gobierno aguirrista, situación que los hace cómplices del desvío
de recursos.
Por Romina Ramírez Rojas
Febrero/15/2015
www.libertadguerrero.net
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