Empresas que triangularon dinero buscaban las mismas
licitaciones
CIUDAD DE MÉXICO ► El gobierno
de Ángel Aguirre se aprovechó de los recursos extraordinarios asignados a
Guerrero tras el paso de los huracanesIngrid y Manuel para
beneficiar con contratos a su familia y amigos: semanas después de que parte
del estado quedara arrasado, 160 millones de pesos para obras de reconstrucción
fueron a parar a las empresas Comercializadora 2003 y Trabesa SA de CV.
Los huracanes que impactaron a México
el 15 y 16 de septiembre de 2013 no solo destruyeron parte de Guerrero y
costaron decenas de vidas. Hay evidencia documental de que fueron una
oportunidad de negocio para una parte de la familia de Aguirre, entre ellos su
hermano Mateo.
El desastre natural más grande del
sexenio significó a Trabesa y Comercializadora 2003 buenas noticias: les
redituó al menos 10 contratos. Es decir, de una u otra forma parte del dinero
asignado para ayudar a miles de afectados por los huracanes fue a parar a sus
arcas.
Lo anterior se desprende de una
veintena de registros obtenidos por Milenio en el sistema Compranet, así como
en informes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y distintas
agencias del gobierno guerrerense.
Ambas compañías son investigadas por la
Procuraduría General de la República (PGR) por lavado dinero y
desvío de más de 250 millones de pesos en fondos públicos derivados de obra
pública. Hasta el momento, el gobierno federal no ha detallado si es el desvío
de recursos etiquetados para la reconstrucción el que propició la indagatoria
federal, pero las fechas de varios de los contratos asignados coinciden.
LA PREMURA
Comercializadora 2003 llegó temprano a
la búsqueda de contratos. El 19 de septiembre de 2013, a tres días del impacto
de los huracanes, envió representantes ante la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para ofrecer sus buenos oficios.
“Tenemos en este momento 12 empresas y
quizá mañana se incorporen algunas”, dijo entonces el secretario de
Comunicaciones y Transportes. “Empresas muy grandes nacionales y empresas
locales de prestigio aquí en Acapulco. Están ICA, Coconal, Hermes... Comercializadora
2003…”
La premura rindió frutos. Hacia finales
del año comenzaron a fluir las obras a Comercializadora 2003 y su empresa
hermana, Trabesa. En unos cuantos días obtuvieron diversos contratos aun
cuando, supuestamente, el gobierno de Aguirre aplicaría lupa especial a la
asignación de recursos federales para evitar actos de corrupción en torno a los
30 mil millones de pesos prometidos por el presidente Enrique Peña Nieto para
la reconstrucción de la infraestructura estatal.
Tres meses después del desastre, el 21
de diciembre de 2013, Aguirre aseguró que todas las obras se llevarían a cabo
con plena transparencia, bajo la vigilancia de firmas auditoras de prestigio
como PriceWaterhouseCoopers, EY, Deloitte y KPMG.
Durante la segunda sesión del “Consejo
de Restauración de Guerrero” en un Acapulco que apenas comenzaba a levantarse,
el entonces gobernador no solo dio a conocer la conformación de un comité de
vigilancia integrado por distintas personalidades, sino que prometió que el
proceso de reconstrucción sería un ejemplo de transparencia y honestidad a
escala nacional.
“Es tiempo de convertir las
adversidades en oportunidades”, dijo el entonces gobernador. Pero días antes
Trabesa y Comercializadora 2003 ya habían hecho justo eso, convertir la
adversidad en oportunidades.
En un periodo de 16 días, del 4 al 19
de diciembre —dos días antes de que Aguirre hablara de integridad y
transparencia—, ambas empresas recibieron 15 millones de pesos en tres
contratos por parte de la delegación Guerrero de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión de Infraestructura Carretera y
Aeroportuaria de Guerrero (Cicaeg).
Esta última, cabe destacar, es una de
las oficinas que fue intervenida en la semana por la PGR, ante la sospecha de
que desde ahí se desviaron decenas de millones de pesos.
El flujo de obra pública a ambas
empresas continuó durante los últimos días de diciembre, un mes particularmente
prolífico en materia de contratos. Horas antes de que cerrara el año, Trabesa
obtuvo una obra más de Cicaeg para tareas de bacheo por un millón 399 mil
pesos.
Para 2014, ya con el presupuesto de
reconstrucción en pleno funcionamiento, continuó la buena racha. En febrero
Cicaeg asignó a Comercializadora 2003 otro contrato para la reconstrucción de
la carretera Tlanicuilulco-Teozintla. Ascendió a 18 millones 926 mil pesos. A
este siguieron más obras en mayo y agosto.
Pero algunas no se han concretado o
tienen varios meses de retraso. Son obras pagadas con dinero del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden) que no pueden encontrarse en Compranet, pero cuya
existencia consta en una serie de Informes de Comprobación de Trabajos en
Ejecución de la SCT obtenidos por Milenio.
En cuanto a la reconstrucción de la
carretera Tlalnepantla-El Platanal, en el municipio de Eduardo Neri, fue
abandonada por Trabesa en agosto del año pasado “por razones de inseguridad”.
Era un contrato de 3 millones 500 mil pesos con recursos provenientes del
Fonden. Es una de las primeras huellas del desvío de fondos federales que se
encuentra en el centro de la investigación de la PGR.
Hacia el 27 de noviembre del año
pasado, Trabesa también registraba un atraso de 40 por ciento en la
reconstrucción de 55 kilómetros de la carretera Coyuca de Catalán-Ajuchitlán
del Progreso-Villa Nicolás-San Antonio de los Libres-La Caña-El Tule, por la
que le pagaron 12 millones 952 mil pesos.
No fueron las únicas adjudicaciones del
Fonden que beneficiaron a la dupla de empresas. El 7 de agosto,
Comercializadora 2003 le informaba a la SCT de la conclusión de labores en la
reconstrucción de 22 kilómetros del ramal a Chontalcuatlán y Coapango, en el
municipio de Tetipac. Obra valuada en 7 millones 170 mil pesos.
GOBIERNO DE OPORTUNIDADES
El ascenso de Aguirre a la gubernatura
marca un antes y un después en la historia del éxito empresarial de Trabesa y
Comercializadora 2003. Antes de su llegada al poder, solo habían ganado una
licitación; después, las dos compañías se hicieron de 18 contratos federales y
estatales por un monto de 343 millones de pesos.
Las empresas de la familia Aguirre no
solo se beneficiaron del desastre natural, también les ayudó un “error”
cometido por el delegado en Guerrero de la SCT, Ignacio de León de la Barra,
quien ignoró una orden de la Secretaría de la Función Pública para suspender
toda contratación con Comercializadora 2003 en agosto de 2014, tras descubrirse
irregularidades en las cuentas de una obra.
Pese a que la empresa se encontraba
inhabilitada para contratar con cualquier gobierno estatal por un periodo de 12
meses, la SCT le asignó una obra por 120 millones de pesos para la
reconstrucción de una parte de la autopista a Zihuatanejo.
Por Víctor
Hugo Michel | Milenio
Febrero/17/2015
www.libertadguerrero.net
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