BAJO FUEGO
• Estado corrupto
[ Por José Antonio Rivera Rosales ]
La auditoría
Superior de la Federación descubrió que recursos federales asignados a la
Cruzada Nacional Contra el Hambre, programa emblemático del gobierno de Enrique
Peña Nieto, fueron triangulados hacia una misteriosa empresa cuyos propietarios
son aún desconocidos.
Aunque por ley la
ASF, que depende de la Cámara de Diputados, está encargada de revisar las
cuentas públicas federales, pareciera que sus resultados no siempre son tomados
en cuenta, a menos que señalen irregularidades graves en el manejo de la
hacienda pública que se reparte entre las entidades del gobierno federal tanto
como entre los gobiernos estatales.
Por lo pronto, una
de las más recientes revisiones a la cuenta pública del programa Cruzada
Nacional contra el Hambre (CNcH), el programa social estelar del presidente
Peña Nieto, descubrió lo que se podría tipificar como un fraude maquinado con recursos federales.
Si se confirma
que se trató de un fraude que implica la comisión de peculado con recursos
federales, la titular de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, simple y
llanamente deberá comparecer ante la justicia. Al efecto, deberá intervenir la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para
determinar si este proceder se encuadra en la figura penal de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, ante lo cual obligadamente deberá actuar la
Procuraduría General de la República (PGR).
Según datos dados
a conocer por la ASF, detallados por diferentes medios de información, de 993
millones de pesos auditados por la institución correspondientes al ejercicio
fiscal de 2013, el 60 por ciento de los recursos fueron a parar a cuentas de
una empresa denominada Esger, Servicios y Construcciones S.A., una firma que
poco o nada tiene que ver con los propósitos del programa “Sin Hambre”.
De acuerdo con
las conclusiones de la ASF, de los citados 993 millones de pesos auditados, 885
millones resultaron en un “probable daño
o perjuicio o ambos a la hacienda pública”.
De acuerdo con la
información, mediante convenios celebrados con las universidades Del Estado de
México (UAEM) y del Estado de Morelos (UAEMOR), Rosario Robles asignó recursos
federales por la cantidad ya citada para promover los objetivos de la Cruzada
Nacional contra el Hambre y “concientizar a los jóvenes respecto del problema
del hambre”.
A su vez ambas
universidades, sin licitación de por medio, subcontrataron a otras empresas comerciales
para llevar a cabo estos objetivos mediante la adquisición de productos -kits
de despensa, vasos de plástico, gorras promocionales, porta-credenciales,
tornilleros y paliacates- que poco o nada tenían que ver con el objetivo
fundamental del programa, que es combatir el hambre entre sectores de población
en extrema pobreza.
De los 993
millones asignados la mayor parte, 697 millones, fueron entregados a la UAEMOR.
Curiosamente,
ambas universidades contrataron -como ya se dijo, sin licitación de por medio-
a las mismas empresas: Dumago Systems y Advanced Computer Knowledge que, a su
vez, subcontrataron a Esger, Servicios y
Construcciones, firma que recibió entre 400 y 500 millones de pesos por simular
servicios nunca prestados o al menos no comprobados por la ASF.
El colmo es que
la Sedesol “omitió supervisar, dar seguimiento y vigilar la prestación de los
servicios convenidos”, concluye la ASF.
En lenguaje
coloquial, a este tipo de maniobras se le conoce como triangulación de recursos
y es un mecanismo usado para esconder el destino final del dinero. Para no ir
muy lejos, es la forma en que los cárteles de la droga operan para lavar los
recursos ilícitos.
Como se ve, lo
presuntamente triangulado por Mateo Aguirre y los Hughes, por lo cual fueron
aprehendidos por la PGR, palidece ante la dimensión del daño patrimonial
causado por Rosario Robles a los recursos que debieron sustentar los objetivos
de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Resulta extraño,
para empezar, que Robles haya contratado con dos universidades situadas en
estados con economía más desahogada que Guerrero.
El objetivo
fundamental de ese programa fue anunciado en Apango, municipio rural de
Guerrero, precisamente porque en esta entidad, así como en Oaxaca y Chiapas, se
aplicaría el grueso de los recursos de dicho programa, dado que es el corredor
de extrema pobreza.
Por otra parte,
si hubo un convenio similar con la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG),
convendría que los recursos también fueran auditados por la ASF para conocer el
destino final del manejo financiero.
Tanto Peña Nieto
como Rosario Robles se han dado a la tarea de magnificar la aplicación de
recursos para la restauración de los daños causados a la infraestructura y población de Guerrero por los embates del
huracán Manuel, recursos que en 2014 se tabularon en más de 32 mil
millones de pesos ejercidos en su totalidad por el gobierno federal, en forma
directa o vía delegaciones federales.
En fecha
reciente, Robles Berlanga anunció que el 70 por ciento de los recursos
asignados al Plan Nuevo Guerrero ya se habían ejercido, pero en todas partes
han surgido quejas y reclamos airados dado que los beneficios, particularmente
en las zonas rurales, no se dejan ver. Las zonas más abandonadas, donde jamás
han visto a personal en trabajos de reconstrucción, son La Montaña y El Filo
Mayor, áreas extensas donde decenas de miles de personas se debaten en la
miseria más indignante, sin la posibilidad de recibir alguna ayuda del citado
Plan Nuevo Guerrero.
Así las cosas,
los resultados de la auditoría nos revelan apenas un esbozo de la profunda
corrupción que caracteriza al gobierno de Peña Nieto, comenzando por el mismo
presidente que parece no estar preocupado por la percepción de pudrición que
proyecta su administración.
Si el mandatario
buscara ser tantito congruente con lo que predica, debiera someter a un
profundo escrutinio los desvíos de recursos en todas las dependencias de su
administración, así como en los gobiernos estatales priistas. Así, los
mexicanos podríamos ver más claro el camino. Pero…
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