CHILPANCINGO (www.libertadguerrero.net).- Por mayoría de votos el pleno del Congreso local aprobó el decreto, sin modificaciones, para la creación de la Policía Rural como órgano operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal, pese la presión que ejercieron integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Como estaba previsto, el dictamen fue avalado por 27 legisladores y solo ocho en contra, principalmente del PRD, quienes respaldaron a los promotores del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, presentes en el recinto legislativo.
En tribuna y a nombre de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública, el diputado panista Jorge Camacho Peñaloza, fundamentó el dictamen de adición al Capítulo 5 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
Justificó que la iniciativa “no es violatoria de garantías individuales ni se encuentra en contraposición con ningún otro ordenamiento legal” y además la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé la participación de la comunidad.
Explicó que ante el surgimiento de los grupos de autodefensa era necesaria su regulación para tener un control, y vigilancia en su funcionamiento que garanticen los principios básicos de capacitación y evaluación.
Explicó que ante el surgimiento de los grupos de autodefensa era necesaria su regulación para tener un control, y vigilancia en su funcionamiento que garanticen los principios básicos de capacitación y evaluación.
“Pero que además su actuar en la materia de seguridad pública sea con estricto apego a los principios constitucionales de legalidad, eficacia, conducta ejemplar y honradez, en el marco de respeto a los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos de terceros”, afirmó.
El objetivo de la Policía Rural, explicó, será mantener la seguridad pública, tranquilidad y orden público de los habitantes de las comunidades de los municipios en que funcione y opere de manera “subordinada” a las autoridades y las instituciones en el ámbito de su competencia.
Las personas que pretendan incorporar a la Policía Rural deberán ser avaladas en asamblea general de su comunidad por el 50 por ciento más uno de la población para que tengan sentido de pertenencia e identidad de la zona o región.
Se establece que a partir de la aprobación del dictamen, el gobernador Ángel Aguirre Rivero tendrá 90 días para expedir el reglamento del Cuerpo de Policía Rural y para el cual podría realizar consultas entre las poblaciones donde operará esa nueva agrupación.
En el caso de la Comisión de Justicia, el diputado perredista Nicanor Adame Serrano no firmó el dictamen, y en la de Seguridad Público, lo mismo hizo su homólogo de bancada, Daniel Esteban González.
La oposición
Previo a la votación, el diputado perredista Valentín Rafaela Solís pidió al pleno cancelar la votación del dictamen y turnarlo nuevamente a las comisiones dictaminadoras hasta que se consultara a la población que se integrará a la Policía Rural.
Explicó que la ley 701 del reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos indígenas de Guerrero establece en el artículo siete que el Poder Ejecutivo, Legislativo y los ayuntamientos “deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y representantes tradicionales cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente”.
Explicó que la ley 701 del reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos indígenas de Guerrero establece en el artículo siete que el Poder Ejecutivo, Legislativo y los ayuntamientos “deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y representantes tradicionales cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente”.
El priista Rubén Figueroa Smutny y el panista Jorge Camacho Peñaloza insistieron que el decreto no es violatorio de los pueblos originarios porque solo establece el marco legal para la creación de la Policía Rural y en la elaboración del reglamento de la misma podrían ser consultados para definir su funcionamiento y facultades.
Sin embargo la propuesta fue rechazada por mayoría de votos. Votaron en contra los perredistas Valentín Rafaela Solís, Roger Arellano Sotelo, Nicanor Adame Serrano, Jesús Marcial Liborio, Daniel Esteban González, Germán Farías Silvestre y Avelina López Rodríguez, además del petista Jorge Salazar Marchán.
Sin embargo la propuesta fue rechazada por mayoría de votos. Votaron en contra los perredistas Valentín Rafaela Solís, Roger Arellano Sotelo, Nicanor Adame Serrano, Jesús Marcial Liborio, Daniel Esteban González, Germán Farías Silvestre y Avelina López Rodríguez, además del petista Jorge Salazar Marchán.
La sesión fue presenciada por integrantes de la UPOEG encabezados por su líder Bruno Plácido Valerio, quienes lanzaron consignas, reproches y acusaciones contra los legisladores que se pronunciaron a favor del proyecto.
Exigieron que tomara en cuenta su opinión y voluntad pues además de que estarían subordinados al gobierno estatal, la iniciativa violaba el reconocimiento y derechos de los pueblos indígenas.
Incluso, previo a la sesión legislativa de este jueves diputados de las comisiones de Seguridad y Justicia se reunieron con los inconformes pero no desistieron de la aprobación del dictamen.
Fuente: IRZA
Noviembre/28/2013
www.libertadguerrero.net
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