AYUTLA (www.libertadguerrero.net).- La Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) comenzó ayer la entrega de las personas a quienes acusa de cometer distintos ilícitos relacionados con el crimen organizado.
Hasta las 23:00 horas del viernes, el gobierno estatal confirmó que recibió en custodia a 11 de los retenidos, con la promesa de los pobladores de que serían 13.
Lo anterior pese a que por la tarde difundió un comunicado en el que informó que habían sido 20 los liberados.
“El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, destacó que la entrega a las autoridades de los primeros 20 detenidos por la UPOEG, que los tenían retenidos como parte de las acciones de los grupos de autodefensa, es resultado del diálogo conjunto establecido con el gobierno de la República y las comunidades”, señalaba el documento.
La confusión se generó alrededor de las 20:00 horas, cuando en una asamblea en la cabecera municipal de Ayutla, dirigentes de la UPOEG fijaron como tope la entrega de 15 de los 54 retenidos.
Sin embargo, este acuerdo no fue aceptado por pobladores de algunas localidades, por lo que redujeron a ocho el número de retenidos que estaban dispuestos a poner a disposición de las autoridades estatales.
Al cierre de esta edición, la confirmación oficial fue de 11 personas entregadas, quienes serán puestos a disposición de la Procuraduría estatal para ser investigados por distintos delitos.
Atestiguamos en la plaza central de Ayutla la liberación de cuatro retenidos, tres hombres y una mujer, quienes tenían los rostros cubiertos con sus propias ropas y fueron trasladados a la sede del gobierno municipal por policías comunitarios abordo de tres camionetas.
Ahí ya los esperaban el alcalde de Ayutla, Severo Castro Godínez; el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; el secretario de Asuntos Indígenas, Filemón Navarro Aguilar, y el senador Sofío Ramírez Hernández.
La entrega de otros cuatro demoraría algunas horas, mientras la UPOEG anunció un acto encabezado por su dirigente Bruno Plácido Valerio.
Serán regularizados
En la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que los pobladores de la Costa Chica de Guerrero que tomaron las armas y embozaron sus rostros “serán regularizados” con el fin de que “sigan prestando auxilio a sus comunidades”.
En entrevista a las afueras de las instalaciones de Pemex, donde se realizó un homenaje a las víctimas y rescatistas de la explosión del pasado 31 de enero, el funcionario agregó que los habitantes de esa región seguirán siendo “coadyuvantes” de las corporaciones policiales y de los tres niveles de gobierno para combatir a
la delincuencia organizada.
la delincuencia organizada.
Afirmó que varias de las exigencias de esas comunidades ya fueron canalizadas a diversas dependencias del gobierno federal.
— ¿Está dando resultado la mesa de diálogo que se instaló en el Palacio de Covián? —se le preguntó.
— Con nuestra intervención hemos logrado el acuerdo para regularizar su trabajo (de las policías comunitarias) para que ellos pudieran prestar auxilio, estar vigilando y ser coadyuvantes de todas las actividades de seguridad —enfatizó.
Agregó: “Fueron al menos tres comunidades de la Costa Chica de Guerrero que se habían organizado, y con éstas ya establecimos relación, ya estamos en pláticas; hemos dado cauce a otras áreas del gobierno federal sobre sus diversas demandas”.
Dicho acuerdo es resultado de un encuentro que la noche del miércoles sostuvo el titular de Gobernación en su despacho con los dirigentes de los pobladores encapuchados, así como con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En el encuentro también abordaron la liberación de los 54 retenidos en Ayutla para entregarlos a las autoridades legalmente constituidas.
Aunado a ello, el titular de la Segob logró convencer a los dirigentes de los pobladores que “dejarán de utilizar capuchas y máscaras”, y dar muestras de voluntad para canalizar por los cauces legales sus demandas en materia social, infraestructura y productiva.
Confiaron en que se implementaran las medidas cautelares planteadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para salvaguardar la integridad de los 54 retenidos.
Aguirre Rivero confirmó que funcionarios estatales, de la CNDH, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Tribunal Superior de Justicia visitaron a los detenidos en Ayutla para conocer las condiciones físicas y humanas en que se encuentran.
Por Staff de Redacción
Febrero/08/2013
www.libertadguerrero.net
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