Tierra Caliente y Acapulco
Inseguridad y Gobierno
Por
Rodrigo Huerta Pegueros*
Hace unas semanas atrás el gobernador del estado, Ángel Heladio Aguirre
Rivero, anunció una serie de proyectos tendientes a dar seguridad a los
guerrerenses y para que estos puedan enfrentar con mayor éxito los efectos
nocivos de la economía popular que tiene que ver con pagos excesivos a la
paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la construcción de
viviendas en zonas marginadas, iniciando con la reconstrucción de las que
fueron afectadas por los pasados sismos y que ascienden a varios miles de
unidades.
En dicho acto, el mandatario estatal recibió por parte de la audiencia
ahí presente aplausos como señal de aprobación a los proyectos explicados en
forma parcial. No hubo una sola expresión en contrario.
Sin embargo, tras los días transcurridos, el gobernante dio paso a los
hechos.
Fue a la región de la tierra caliente en compañía de los jefes militares
de la región y dio inicio al programa—ahora ampliado—denominado Guerrero Seguro a fin de paliar
la inseguridad pública que priva en dichos municipios auspiciados por la
delincuencia común y el crimen organizado, en particular por los narcotraficantes
que operan en los límites de los estados de Guerrero y Michoacán.
La sociedad terracalentana no dijo nada, ni las gracias dio, mucho menos
las pudo expresar como debió haber sido, pues es tal su temor a ser víctima de
los delincuentes que tienen como una especie de mordaza permanente.
Pero lo que si hubo en la región fueron expresiones en contrario,
particularmente sobre las declaraciones que se hicieron sin ninguna precaución
sobre la libertad de movimiento que tienen los guerrerenses en todo el
territorio.
A esto, los calentanos manifestaron que ‘’si todos fueran protegidos por guardaespaldas, militares, marinos
y policías municipales y estatales, nadie sería molestado y podría recorrer a
gusto las siete regiones de la entidad’’. Palabras más, palabras menos,
pero el sentir popular es diametralmente opuesto a los de los gobernantes. Lo
positivo fue que nadie rechazó la puesta en escena del operativo Guerrero Seguro. Ahora de que
vaya a dar resultado es otra historia que pronto se contará.
Y continuando con la puesta en marcha de los compromisos revelados, el
gobernador Aguirre dio a conocer que se entregaron vehículos a los miembros de
las fuerzas armadas (ejército y marina) y a la policía federal, para que
redoblaran su tarea de vigilancia y protección a la ciudadanía en colonias
populares de Acapulco. Dijo ufano que los vehículos entregados fueron
adquiridos con recursos del gobierno estatal.
A este hecho, el presidente de la comisión estatal de los derechos
humanos de Guerrero, Juan Alarcón Hernández manifestó su desacuerdo, pues dijo
que los recursos del estado deberían utilizarse para otros fines (no dijo
cuáles) pero sobran rubros en donde hay necesidades extremas que tienen que ver
con las personas y sus derechos constitucionales.
Curiosamente, el presidente de la Codehum
no dijo nada durante el anuncio que hizo el mandatario sobre este mismo
propósito pues estaba ahí presente e incluso aplaudió lo dicho por el
mandatario estatal.
Sin embargo hay que decir que Alarcón Hernández precisó que lo que está
prohijando el gobernador—para el caso de Acapulco—es una especie de
militarización pues en lugar de que los ciudadanos acapulqueños vea patrullaje
de policías municipales o estatales hoy verán y sentirán la presencia de
militares o marinos haciendo rondines y en caso de abusos o arbitrariedades por
parte de estos elementos los afectados no sabrán a dónde acudir para
denunciarlos.
La indefensión ahora será por doble vía.
Y si los proyectos del gobernador para dar seguridad a los guerrerenses
no se deberían de desacreditar, si es preciso señalar que mientras no exista
una coordinación debidamente acreditada y abiertamente conocida por los
ciudadanos, estos actos se ubican fuera de lo normal e incluso de lo legal y Constitucional.
Y esto no se ha hecho.
Nadie sabe cómo van a operar los militares, los marinos y la policía
federal fuera de las áreas que deberían atender en función de su tarea
institucional y constitucional. Lo que hagan fuera de sus funciones como
castrenses estará al margen de la ley y ante esto la propia comisión estatal de
los derechos humanos deberá monitorear diariamente lo que ocurra pues nos
podríamos llevar no tan gratas sorpresas.
Los militares y marinos no son policías y por lo tanto no podrán actuar
nunca como tales. Deberían darles cursos al respecto. Pero si eso va a ser así,
la pregunta es ¿porqué no se acreditan a ciudadanos para tales tareas? ¿Qué
acaso el 115 constitucional no obliga a los ayuntamientos a dar protección y
seguridad pública?
Estas y otras preguntas deberían responder los gobernantes para saber a
que atenernos con la forma como concibe el gobierno estatal dar seguridad y
protección a los guerrerenses, ya sea en la región de la tierra caliente, en la
montaña, costa chica, centro, norte o en Acapulco donde la delincuencia ha
sentado sus reales y difícilmente dejará el territorio.
Pronto tendremos el relevo en el Ayuntamiento de Acapulco y es la hora
de que no se conocen los propósitos que se tienen para incidir en el ataque frontal
contra la delincuencia común y la coordinación que se debe tener con las demás
instancias policiales y militares que combaten el narcotráfico.
Acapulco deberá tener su policía preventiva que ataque todo lo relativo
a la delincuencia común y a evitar que esta haga lo que quiera mientras están
los elementos descuidados o entretenidos con el combate al crimen organizado.
Luis Walton Aburto, presidente electo, sabe y lo sabe bien que se
requiere una policía municipal acreditada y que pueda atender la demanda de
seguridad pública para todos los acapulqueños y no solo a quienes viven o
trabajan sobre las áreas turísticas o en fraccionamientos de lujo. Para lograrlo
tendrá que poner todo su esfuerzo e integrar una policía preventiva con nueva
visión de servicio.
El actual secretario de seguridad pública municipal lo dijo claramente de
que los elementos policiacos en Acapulco están vinculados con el crimen
organizado.
Si esto es así, lo lógico sería que se deshiciera de esos elementos, mas
sin embargo salta la pregunta de: ¿y que se hará con ellos (los policías
desacreditados); se les entregará con pistola, uniformes y placas a los
delincuentes o se les dará seguimiento a lo que hagan una vez despedidos?
Lo mas sano sería hacer el
esfuerzo por reencausarlos y de no ser posible ponerlos bajo vigilancia
estricta para que no engrosen las filas de la delincuencia y no agraven la
situación en que estamos actualmente.
El Ayuntamiento actual está literalmente en el suelo. No hay mando, cada
quien hace lo que quiere, la autoridad no sabe responder a los elementales
cuestionamientos de la prensa y todos se acusan de todo y para desgracia cada
día les asesinan a un elemento, sea este de tropa o de oficina o un miembro de
gabinete y al final de cuentas nada ocurre, nada pasa, no hay detenidos ni
líneas de investigación y mientras esto sucede, la procuraduría general de
justicia del estado sigue envuelta en un titipuchal de litigios políticos que
no le dan respiro para poner las fichas en su lugar y moverlas hacia donde es
necesario y con ello dar respuesta a las demandas múltiples de una sociedad
agredida, adolorida y desdeñada.
Y mientras el gobernador Aguirre no de un manotazo y ponga a cada uno en
su lugar y se ponga él mismo a reflexionar sobre lo que verdaderamente ocurre
en la entidad, nunca tendremos la paz que requerimos y que se debe construir y
mucho menos tendremos la convivencia que por todos lados demandamos para vivir
como seres humanos racionales.
Periodista/Analista Político*
observar@gmail.com
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